700.000 personas podrán presentar reclamaciones contra la Sociedad de Aguas de Barcelona

Los abonados al servicio de distribución de agua que presta la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) que se sientan afectados por los aumentos presuntamente ilegales que la citada compañía efectuó el pasado año en el suministro de aguas, han sido llamados a ejercitar sus reclamaciones ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona.

Este juzgado tramita una querella criminal contra la SGAB interpuesta por un abonado (véase EL PAIS 24-12-1980) que se percató de que la compania había realizado aumentos en los recibos de agua por conceptos en los que el Gobierno Civil no había autorizado incremento alguno.Los abonados de la SGAB pasan de los 700.000 en Barcelona y municipios de su cinturón industrial. Resulta evidente la complejidad del procedimiento judicial que ahora se inicia con la providencia del Juzgado de Instrucción número 4. Según la querella presentada, la SGAB incrementó durante los últimos meses las tasas de conservación y depuración, a pesar de que el Gobierno Civil de Barcelona mantuvo invariables los precios por estos conceptos cuando autorizó las nuevas tarifas. Un cálculo aproximado de la cantidad cobrada indebidamente -sólo a los abonados de Barcelona, ciudad- representaría más de 230 millones de pesetas. Para el abonado que interpuso la querella, el cobro indebido de las citadas cantidades supone un delito de estafa a los abonados y otro de desobediencia grave al Gobierno Civil. Las penas que corresponderían a los responsables de la SGAB serían de presidio y arresto mayor con multas que van de las 20.000 pesetas a las 100.000 pesetas.

El presidente de la Sociedad de Aguas lo es también de la corporación financiera AGBAR, que agrupa a casi cuarenta empresas. Durante años, la presidencia de la SGAB estuvo ocupada por Mariano Calviño de Sabucedo y Gras, falangista y amigo personal del general Franco. Esta circunstancia contribuyó decididamente a que la defensa del interés público con relación a los servicios de dicha empresa fuese mínimo.

En el área de esta sociedad se encuentra el llamado Consorcio de Abastecimiento de Aguas del río Llobregat, que en la práctica viene a ser una empresa privada, cuyo mayor accionista es la SGAB, y la participación de varios ayuntamientos de la cuenca del Llobregat.

Querella contra el consorcio

El citado consorcio es también una fuente de problemas para la SGAB. Así, en el juzgado número 1 de Sant Feliu de Llobregat, se tramita una querella criminal contra el citado consorcio por los presuntos delitos de usurpación, hurto y daños. La querella ha sido instada por propietarios agrícolas que resultaron perjudicados por la construcción de una planta de tratamiento de aguas en el término municipal de Abrera de Llobregat.Los querellantes acusan al consorcio de tomar el agua del río sin permiso, desviar el cauce, y vender posteriormente las aguas a Sabadell y Martorell, así como de haber producido daños en las zonas agrícolas lindantes con la planta de tratamiento.