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Enseñanza y Constitución

La educación es una necesidad de cada sociedad. Al hombre no le basta con producir y reproducir bienes; nada de eso es posible sin un repertorio de conocimientos, unas técnicas de aplicación y unas pautas de comportamiento. En la historia de cada sociedad llega un momento en que es preciso que sus miembros posean un mínimo de conocimientos para asegurar esa producción y reproducción. La alfabetización y la escuela no pueden verse como un simple gesto filantrópico, sino como una necesidad histórica.La clase dominante de cualquier formación social se esfuerza por mantener las relaciones de producción existentes y para ello tiende a reproducir igualmente el ordenamiento jurídico, el sistema de representaciones mentales, la escala de valores, etcétera, que justifican o legitiman las relaciones de poder existentes.

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Es esta una cuestión de alcance que merecería más honda reflexión; sin embargo, quiero tan sólo referirme al hecho de que durante largo tiempo la España oficial o legal, dominada por el agrarismo de sus clases dirigentes, tuvo una visión muy corta de esas necesidades y desatendió evidentemente la escuela y la enseñanza. En España se dio el caso de que la burguesía en el poder no quiso o no pudo crear un aparato docente y, como hizo la Tercera República Francesa a partir de Jules Ferry, el aparato ideológico y docente siguió siendo, por lo esencial, el eclesiástico, como en la época señorial. Es decir, que ya había un desfase básico entre la enseñanza dada y las necesidades del siglo XX.

La Segunda República supuso un relevo de clases sociales en la cúspide del Estado. Pero no una verdadera renovación en los aparatos de éste; la pequeña burguesía y un gran sector de la clase obrera ocuparon los centros decisorios. ¿Tenían el poder? Probablemente se limitaban a estar en el poder, asunto que hemos tratado otras veces y que hoy no podemos desarrollar. Sin embargo, su mayor esfuerzo de transformación se orienta a dotar al Estado de un verdadero sistema escolar; la creación de unas 13.0.00 escuelas y de otros tantos puestos de maestros, mucho mejor retribuidos. Fue paradigmático el esfuerzo republicano por la enseñanza, que no se limitó a eso. Sin embargo, las presiones ideológicas de las clases apenas desplazadas del poder político, pero siempre instaladas en el poder económico (unido a la brevedad del período republicano), impidieron una renovación total que quebrase la reproducción del sistema de valores tradicional.

En la Segunda República hubo más que eso; hubo también el impulso cultural popular, ese apetito de saber expresado a través de misiones y universidades populares, casas del pueblo, ateneos libertarios, bibliotecas circulantes, etcétera.

Cayo la República y nunca más se levantó la escuela prima ría ni los otros niveles de enseñanza. Crecieron varias generaciones ignorando las categorías básicas del pasado reciente de España, sin la más leve idea de la realidad de Europa y del mundo. ni de las formas de gobierno y de convivencia; millones de niños y adolescentes españoles, carentés del mínimo de formación escolar, pero sometidos a presiones Ideológicas y seudodocentes de instituciones eclesiales, de frente de juventudes, etcétera, a quienes se les hizo creer que los partidos políticos eran «algo patológico» (Carrero dixit), que «la ciencia, estaba inspirada por el Espíritu Santo» (Ibañez Martín dixit) y que España era un país modélico, centinela de Occidente, y paradójicamente odiado por el extranjero. Así, con las más bajas cotas culturales y una imagen primaria del mundo, se formaron los jóvenes que un día llegarían a ser reclutas y ajurar la bandera.

Transición a la democracia

Y llegamos a 1977, a lo que se ha llamado la transición a la democracia. Año y medio después, en diciembre de 1978, una Constitución era votada por la gran mayoría de los españoles; según ella, la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado. Sin embargo, por mucho,que busquemos, no podemos encontrar ni rastro de una transición educativa; ni en conceptos, ni en técnicas ni en extensión. El artículo 27, resultado de un laborioso consenso recuerda el derecho de todos a la educación y que ésta «tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». En Ia práctica, se ha cedido al embate eclesial al tratarse del Estatuto de Centros Escolares y hasta ahora no ha sido posible que se vote uni modestísima ley de Autonomía Universitaria. Sin hablar de otro asuntos que están en la conciencia de todos (el del Consejo de Rectores en el verano de 1980, la máquina de autorreproducción del mandarinato derechista a través de ciertos tribunales de oposición, la negativa a una enseñanza en todos los niveles de ciencia política impartida por licenciados de la especialidad), que son la consecuencia de que, en su aspecto de aparato de Estado, la escuela y la universidad no han.cambiado durante la llamada transición; ésta, como bien dice un librito magistral sobre la Constitución, que acaba de publicar Aula Abierta Salvat, «se realiza con el aparato del Estado franquista intacto y la presencia siempre vigilante de los llamados eufemísticamente poderes fácticos». Y si eso ocurre, como lo estamos viendo todos los días, en los aparatos coactivos, también se produce en los docentes e ideológicos (pensernos en una forma de transmisión educativa como es la televisión).

Nada de esto sucede por azar. Ese vasto entramado de aparatos con su personal y sus ideas procedentes del franquismo tiende a reproducir en todos sus aspectos un sistema de creencias y de valores que corresponden a un bloque socioeconómico dominante, que, precisamente, para no perder su hegemonía, se ha visto obligado a aceptar esa transición a la democracia, pero intentando en todos los casos que sea lo menos transición posible; es la única explicación seria de la permanencia en todos los aparatos del Estado de un personal formado en valores y pautas del franquismo. Hay un esfuerzo gigantesco para impedir que se forme una alternativa ideológica de las clases subordinadas que pueda echar las raíces de un futuro bloque histórico.

Hay que observar con qué conceptos y mecanismos mentales anacrónicos se sigue operando desde la derecha. En primer lugar, el concepto feudal de España: es la tierra sobre la que se ejerce el dominio eminente, no es la comunidad de hombres y pueblos, es «la unión de las tierras y de los hombres», tan cara al franquismo, porque, como en la época feudal, el hombre se vincula a la tierra, y quien tiene el poder manda en la tierra y, a través de ella, en los hombres. Ese concepto anacrónico no se utiliza como argumento persuasorio, sino como arma arrojadiza; igual que su concepto de unidad, que no es tal, sino uniformidad y centralismo, que sólo puede sostenerse con evidente desprecio o ignorancia de la historia de nuestro país, que sigue siendo sustituida por una serie de leyendas y mitos, repetidos unas veces como salmodías y otras como gritos histéricos.

Pero ahí está la Constitución. ¿Dónde y cómo se enseña, si es que se enseña acaso? Hay que decir sin ambages que la Constitución, y aún más su espíritu, sus bases ideológicas, etcétera, parece que no ha sido explicada en los centros de formación castrense ni en los organismos de seguridad, la inmensa mayoría de cuyo personal fue formado o deformado por un sistema antidemocrático.

Allá con su responsabilidad quienes quieran hacernos creer que no saben dónde reside la trama negra que quiere acabar con la democracia. Los demás tenemos el deber de señalar el mal. Cuando estamos asistiendo al intento de vaciar de contenido nuestra Constitución para encubrir ideológicamente una involución autoritaria, no tenemos derecho a quedar en silencio.

Explicar nuestra historia

Debemos movilizarnos para explicar esta Constitución, nuestra historia, y deshacer así los fanatismos irracionalistas de una y otra banda. Cada niño español y cada recluta de nuestro Ejército (no digamos los que son más) tiene que saber en quién reside la soberanía del Estado español, que nuestra Monarquía es estrictamente parlamentaria, que los partidos políticos y los sindicatos son piezas fundamentales para el funcionamiento de la democracia, que el artículo 15 de nuestra Constitución prohíbe terminantemente la tortura, así como las penas y tratos inhumanos o degradantes, que las Cortes son la máxima instancia política del país, que las autonomías no son una concesión graciosa ni tampoco un acto separatista, sino un principio de la ley fundamental del Estado.

Centenares de jóvenes catedráticos, aoregados de instituto y profesores de EGB se están batiendo por una renovación total de la enseñanza. Algunos esfuerzos importantes se están haciendo por ciertos ayuntamientos democráticos. Hagamos mucho más: los partidos políticas, los sindicatos, los municipios democráticos, las más distintas organizaciones que constituyen el tejido social, organicemos conjuntamente y dialogando con el pueblo la explicación de la Constitución, de sus bases y de su aplicación. Antes de que sea demasiado tarde.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 30 de mayo de 1981.

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