Las diputaciones vascas se resisten a ceder poder en favor del Gobierno autónomo

Con un día de anterioridad a la entrada en vigor de los conciertos económicos, el Gobierno vasco remitió al Parlamento el proyecto de ley de territorios históricos. Con este desarrollo legislativo se trata de llenar de contenido real el concepto de comunidad autónoma, de dar cuerpo a una idea de nación que, de momento, tan sólo existe sobre papeles. Así, Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, que secularmente habían gozado de soberanía local, podrán coordinarse entre sí por medio de una estructura política superior: el Gobierno y el Parlamento.

Sin embargo, el proyecto legislativo que, por prever la regulación Jurídica, política y administrativa de la comunidad autónoma, requerirá el mayor consenso parlamentario, ha provocado profundas discrepancias en el debate sostenido entre el Gobierno vasco y las diputaciones. Las posiciones han sido tan enconadas que, si no se producen cambios sustanciales en los debates por comisiones, algunos diputados alaveses podrían solicitar libertad de voto en el grupo parlamentario. En un año de vía parlamentaria sería la primera vez que el PNV rompa su disciplina. A pesar de que los tres diputados generales vascos pertenecen al PNV, no se ha dado una coincidencia de criterios entre éstos y el Gobierno vasco a la hora de concretar la forma de estructuración de la comunidad autónoma. En principio no existía objeción alguna a la coordinación provincial del ente autonómico, pero la decisión de cuál debe ser el poder político prioritario ha levantado suspicacias y originado polémicas que recuerdan acaso los debates sostenidos entre las dos administraciones, cuando se negociaba el Estatuto de Autonomía o los mismos conciertos económicos. El fantasma del privilegio fiscal que entonces lucía la Administración central y el temor al vaciamiento de contenido del Estatuto que exponía el Gobierno vasco son dos argumentos que han vuelto a estar presentes en el Gabinete del lendakari y en las diputaciones, respectivamente, aunque io se hayan barajado los mismos términos.Una especie de diálogo sordo se desencadenó entre el Gobierno y las tres diputaciones a la hora de concretar prioridades. Las diputaciones hacían especial hincapié en que no se debía identificar comunidad autónoma, exclusivamente, con Gobierno vasco, ya que tan importantes son los territorios históricos, en su opinión, como el Gobierno a la hora de construir Euskadi. En este sentido, las diputaciones, principalmente la alavesa, han insistido en que no se rebaje la naturaleza jurídica de las instituciones de los territorios históricos.

Por su parte, el Gobierno vasco no ocultaba su temor a que estas posturas estuvieran encubriendo una defensa de conceptos provincialistas y poco solidarios con el conjunto de la comunidad autónoma. Por esta razón, el Gabinete del ha preferido dar prioridad política, jurídica y financiera al propio Gobierno autónomo y al Parlamento, en donde el Partido Nacionalista Vasco cuenta con una mayoría de veinticinco escaños. Así, el proyecto de ley prevé que sea el Parlamento la única institución con capacidad legislativa.

El reparto de competencias y los criterios presupuestarios han sido los principales caballos de batalla de las apretadas reuniones que se han celebrado en los tres últimos meses en el palacio de Ajuria Enea. La mayor parte de las competenclas, salvo las tributarías, son compartidas, según el proyecto.

Pero las principales discrepancias surgieron a la hora de definir las cargas presupuestarias comunes y en el tema de la ordenación territorial se produjo un considerable bloqueo entre el Gobierno vasco y la Diputación alavesa. Esta reclamaba la exclusividad en materia legislativa, jurídica y financiera en la ordenación del territorio que afectase a las localidades provinciales, Sin embargo, el Ejecutivo estimó que la ordenación territorial sobrepasa los límites locales y, en consecuencia, debe ser considerada de interés general.

Teniendo en cuenta que las competencias son compartidas, el Gobierno vasco ha establecido en el proyecto que el excedente económico de cargas comunes que se debe emplear para inversiones se reparta en un 70% para el Gobierno y en un 30% para las diputaciones. Por su parte, éstas, además de considerar excesiva la diferencia de la distribución, proponían que el reparto, en lugar de atenerse al criterio del porcentaje, se remitiera a las competencias que asume cada institución.

La creación de un Consejo Vasco de Finanzas también ha supuesto un escollo importante en las discusiones. Mientras el Ejecutivo proponía un organismo técnico donde se marquen las directrices de repartición del presupuesto, las diputacioInes defendían la existencla de un órgano con más capacidad de decisión.

Alava se resiste

Entre las tres diputaciones que actualmente corresponden al ente autonómico vasco, acaso la alavesa es la que está en profundo desacuerdo con la filosofía del proyecto legislativo. Alava, territorio histórico por excelencia, ya que, al igual que Navarra, cuenta desde hace siglos con instituciones soberanas que disponen de un régimen fiscal propio, que le permite disfrutar de una cierta capacidad legislativa y financiera, no se contenta con ver su soberanía reducida a la recaudación tributaría.El Estado ha venido reconociendo, mediante la figura de gastos compensables, la autonomía de recursos de la Diputación alavesa en hacienda territorial, carreteras, montes, agricultura, ganadería, policía foral, tributos, etcétera. En virtud de su historia, la Diputación alavesa reclamaba en el proyecto de ley que se mantuviese su capacidad no sólo de legislar, sino de tener recursos de hacienda propia, para poder determinar con verdadera autonomía su política presupuestaria.

Así las cosas, el proyecto legislativo llegará a la Cámara con el desacuerdo, por una parte, del diputado general de Alava, y, por otra, con la insatisfacción de algunos consejeros que consideran que, a pesar del redactado final, el anhelado equilibrio entre las dos instituciones se decanta en algunos casos hacia el principio de la foralidad.