Los entes autonómicos discriminan a las empresas por su domicilio territorial, según la CEOE
En una circular interna dirigida a todas sus asociaciones sectoriales y territoriales, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cúpula patronal española, aconseja a las empresas para que se opongan por la vía de la impugnación y del recurso a los intentos de los entes autonómicos de romper la unidad económica de España. Este consejo a las empresas para que actúen frente a posibles discriminaciones por motivo de su origen geográfico sucede a las continuas denuncias verbales que con carácter general se habían producido en los últimos meses entre determinados sectores empresariales. Por ejemplo, algunos empresarios de Madrid habían protestado ante este periódico por ser discriminados en concursos su hasta realizados en Cataluña o en el País Vasco, ganados por empresas de dichas zonas geográficas.
Estas protestas no se habían plasmado en nada concreto posteriormente por falta de pruebas. Este consejo de la CEOE, propuesto por su Comité de Defensa de la Competencia, de acuerdo con la asesoría jurídica, y hecho suyo por el Comité Ejecutivo de la patronal, ha coincidido prácticamente en el tiempo con el estudio que varios sabios, presididos por el catedrático Eduardo García de Enterría, han elaborado para el Gobierno y en el que se recomienda una nueva vía de racionalización en materia autonómica. Los aspectos políticos de las autonomías han oscurecido durante algún tiempo los matices económicos y las contradicciones a que da lugar el paso de un estado centralizado al llamado Estado de las autonomías. En los últimos meses, desde diversos sectores profesionales, se venía reclamando la atención ante los peligros de que algunas actuaciones de los entes autonómicos pusiesen en duda la unidad del espacio económico español.En las asambleas de diversas asociaciones patronales, en los dos últimos años, se han ido produciendo protestas aisladas de algunos empresarios, contando casos particulares en los que se. habrían resuelto consursos-subasta en diversas zonas geográficas, convocados en desigualdad de condiciones, siendo penalizadas las empresas foráneas a la zona en cuestión en beneficio de las empresas nativas. Estas protestas han ido arreciando en el tiempo hasta tal punto que la cúpula patronal decidió pasar de la denuncia aislada sin pruebas al estudio riguroso de los casos discriminatorios. Así se potenció en el seno de la CEOE- el Comité de Defensa de la Competencia, dentro de la Comisión de Economía, que preside José Luis Cerón.
En una reunión celebrada el pasado 26 de marzo, el Comité de Defensa de la Competencia admite la designación de Enrique Cerezo, empresario del sector del metal, como presidente del comité, sustituyendo a Santiago Castro. A dicha reunión, además de los dos citados, asisten Manuel Mendoza, Inés Moncada, José Gabriel y Galán, Antonio Escudero, Enrique de la Lama y Miguel Devesa. Excusan su asistencia José Antonio Casani, Miguel Andía y Adolfo Iranzo. Manuel Mendoza, director gerente de SEOPAN, presentó un informe en el que se expuso la competencia desleal «que representan las diversas disposiciones de los Gobiernos de las comunidades autónomas en el ámbito de la construcción, discriminando entre empresas según su domiciliación territorial. En este aspecto, y a título de ejemplos, comenta la propuesta de ley de reactivación del sector de la construcción en el País Vasco, otorgando facilidades y apoyo financiero, únicamente a empresas con domicilio social en Euskadi, así como el concurso-subasta de un centro de salud abierto en el Ayuntamiento de Andújar, en cuyo pliego de condiciones figura como motivo preferencial para la selección del contratista su domicilio social en la misma localidad ».
En la misma acta de la sesión se comenta también la sugerencia de que «en la nueva ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Locales, que está en fase de proyecto avanzado, debería incluirse una garantía de neutralidad territorial, que entroncara con la ley básica de Contratación del Estado. El señor Devesa expone el tema de la ley de Comercio que proyecta la Generalidad de Cataluña, y de la ley de Comercio que proyecta la Administración central del Estado, y sus posibles diferencias y repercusión en el comercio interior». Por último, se acordó mandar una nota a la Comisión de Economía, que preside Cerón, expresando la «gran preocupación del comité por el tema del mantenimiento de la unidad económica del Estado, que exige, como objetivo prioritario, un rápido. desarrollo de las competencias exclusivas del mismo».
Conculcación de los derechos constitucionales
Fruto de esta campaña de protestas, caso a caso, la CEOE acaba de estudiar en su Comité Ejecutivo la posibilidad de ruptura del espacio económico español, «como consecuencia de actuaciones legislativas o administrativas de los entes autonómicos», según dice la circular interna. Y para evitar esas consecuencias, la patronal aconseja a todas las empresas que todas las personas físicas o jurídicas que consideren conculcados sus derechos constitucionales, y en especial el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución («Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»), en cuanto a algún acto o decisión sin valor de ley, o actos jurídicos, o por la vía simple del hecho que provoque una discriminación que afecte a sus actividades empresariales, industriales, comerciales o de servicios, la impugnación para conseguir la suspensión, de la actuación, y con ello, el perjuicio grave que puede ocasionarse si esta suspensión no se aplica aunque se ganase en vía contenciosa administrativa.
Recurso contencioso-administrativo
El camino para esta impugnación, según la patronal, es el recurso contencioso- administrativo, previo a la interposición del recurso de amparo, y todo ello «en tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo 53.2 de la Constitución para configurar el procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades fundamentales».Preguntados ayer por EL PAIS, algunos funcionarios de los entes autónomos catalán y vasco negaron la generalización de discriminaciones contra empresas procedentes de otras zonas geográficas. «No dudo de que se haya producido algún caso descontrolado en que se haya favorecido a alguna empresa vasca», dijo uno de esos funcionarios, «pero, en todo caso, sería la excepción a la regla»
