"El Gobierno tiene que recuperar credibilidad"

Para Miguel Roca, portavoz de la Minoría Catalana, «lo que está detrás de este secuestro es una operación de descrédito del sistema democrático, de demostración de que la democracia no es transparente, no informa y no sabe defenderse». Según el diputado catalán, para combatir esta estrategia internacional del terrorismo sólo hay una vía eficaz: la in Formación veraz, constante, prudente y sin ningún tipo de concesión a la presión ambiental».El presidente del Gobierno le respondió reconociendo la ausencia de información, si bien adelantó que ésta se produciría «en los próximos días o en las próximas semanas. La inseguridad informativa», añadió, «obedece a que las decenas de interrogatorios efectuados a centenares de rehenes han resultado extraordinariain ente divergentes».

Antonio Carro, de Coalición Democrática, se preguntó: «¿Qué hacemos en este Parlamento?». «Esta Cámara está creada para legislar y quizá también para representar al pueblo». El tono de duda de Antonio Carro respecto a la representación popular de los diputados indignó hasta a sus propios compañeros de filas. Mientras Senillosa abandonaba el hemiciclo con evidentes muestras de disgusto, José María de Areilza reflejaba, mediante su gesto serio y preocupado, una escasa aprobación a las palabras de Carro.«Aquí no estamos legislando, y un órgano soberano que se limita a quejarse y a protestar, lo que hace es patentizar nuestra propia impotencia», prosiguió Carro. Después se refirió a la Guardia Civil como un cuerpo de «acreditado valor, inmarchitado honor, historial centenario de valiosísimos servicios a la patria y a sus ciudadanos y que tiene por código a la Constitución».

Poco después, Antonio de Seni

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llosa comentaría a EL PAÍS los motivos de su desacuerdo con Antonio Carro: «La Guardia Civil», dijo, «es una institución muy honorable mientras no se demuestre lo contrario, y yo sería el primero en apuntarme a un homenaje a este cuerpo; pero este tipo de elogios ditirámbicos, cuando hace tres meses fue un grupo de guardias civiles quienes humillaron tremendamente a los diputados, y cuando aún pesa sobre todos el trágico recuerdo del suceso de Almería, me parecen sencillamente inoportunos».

El portavoz comunista Jordi Solé Tura mostró la sensación, existente al final del asalto, de que por fin se podría hablar bien del Gobierno, hasta que las primeras explicaciones oficiales eclipsaron los efectos beneficiosos del desenlace feliz, porque daban la sensación de que se escamoteaba el fondo del problema y sembraban la incredulidad entre la gente.Así, Solé Tura se preguntó si al igual que el 23 de febrero hubo negociaciones y quedaron guardias civiles en libertad, no habría pasado, lo mismo, y dijo que debe aclararse esto totalmente para sembrar la tranquilidad, ya que es muy arraigada la sensación de que estamos en un país donde todo es posible y la democracia está en peligro.

El portavoz comunista añadió que no se pueden desvincular los hechos de Barcelona del comienzo de la Semana de las Fuerzas Armadas, y precisó que en este sentido está claro lo que pedían los asaltantes. Tampoco debe eludirse que el número uno del comando es conocido en Barcelona como provocador y confidente. Se preguntó qué ha ocurrido con el número dos, si es el muerto, y en cuanto al número de armas dijo que, por amigos suyos que estuvieron dentro, le consta que cada asaltante tenía al menos dos.

Siguió preguntando por qué antes de la acción de los GEO los asaltantes renunciaron a una protección tan importante para ellos como eran los rehenes, si ello entraba en algún pacto, y si era cierto lo manifestado por un abogado a la Prensa, en el sentido de que un asaltante dijo que no dejaban entrar en el banco al general Palacios, de la Guardia Civil, porque era posible que los reconociera.

El presidente respondió que no hubo ningún tipo de acuerdo en el Final del asalto, ni se intentó. Añadió que si hubo un pacto, el 23 de febrero, cuando él aún no era presidente, el Gobierno no se siente vinculado al mismo, ni tampoco la. autoridad judicial, porque había unas circunstancias de coacción que lo invalidan.

Ernest Lluch, de Socialistas de Cataluña, dijo que existe inquietud entre la opinión pública, y falta de explicación de una visión más amplia sobre la trama negra que está bajo estos acontecimientos. Así, se hizo eco de las manifestaciones no desmentidas del general Prieto sobre los llamados comandos o centurias amarillas y la falta de control de los ultraderechistas Royuela y García Rodríguez.Añadió que compañeros suyos de partido o sindicato que estuvieron entre los rehenes han corroborado un número de asaltantes del orden del que dan las informaciones oficiales, y mostró su extrañeza de que el director de la policía no pudiera distinguir el comportamiento de los asaltantes, aunque algunos de ellos conservaran influencias militares, porque parece cierto que coincidieron en el curso 109 de la Brigada Paracaidista.

«Aquí hay un acoso al Estado democrático perfectamente organizado», resaltó Felipe González en su intervención durante el debate parlamentario que ha suscitado el asalto a la oficina principal del Banco Central en Barcelona. El líder socialista abogó por un compromiso amplio y firme para defender las amenazadas libertades.El secretario general del PSOE señaló que el fallido golpe de Estado debe ser considerado como un hecho político grave, y los sucesos del 23 de mayo, como «un hecho políticamente más ignominioso».

Felipe González opinó que los asaltantes querían crear un estado de confusión en instituciones mili tares asentadas en una determina da región. «Hay una trama negra», prosiguió. «Aquí hay una conspiración de enemigos de las libertades que pretenden acabar con la democracia. Esta trama debe ser descubierta, y el protagonista en el esfuerzo clarificador tiene que ser el Gobierno y tiene que decir que está dispuesto a llegar al fondo y abortar sus pretensiones. En esta trama negra hay civiles implicados que no han sido castigados».

El dirigente socialista se interrogó por las razones que motivaron los ocupantes de la oficina bancaria barcelonesa a dar un plazo de 72 horas para que sus exigencias fuesen atendidas. Se preguntó Felipe González si en el plazo antes mencionado estaba preparada otra operación desestabilizadora. «Hay un plan premeditado, para hundir al Estado democrático», y continuo: «Hay que decirlo con claridad ».

El presidente del Gobierno replicó a las palabras anteriores puntualizando que todo lo que había señalado Felipe González ya había sido dicho con anterioridad. Calvo Sotelo indicó que «el presidente del Gobierno ya ha manifestado que este no es un hecho aislado. También se dijo, poco después de finalizar los sucesos de Barcelona, que los hechos apuntaban a la implicación de la extrema derecha».

Leopoldo Calvo Sotelo indicó que el Gobierno sabe que la democracia está amenazada por la extrema izquierda y la extrema derecha, y «está tan dispuesto como el líder de la oposición a defender la democracia. La primera respuesta ha sido detener a los asaltantes del Banco Central, y no vacilarán en ir al esclarecimiento de este suceso y, por supuesto, del golpe de Estado del 23 de febrero».

Felipe González respondió, a su vez, al presidente del Gobierno y lamentó la jocosidad con que este último enjuició su intervención inicial. «Sinceramente pienso que entre lo que yo he dicho y lo que usted ha relatado hay algunas diferencias de contenido, pero me alegro que estemos de acuerdo en transmitir a los ciudadanos que hay un plan contra el Estado democrático y que estamos dispuestos a combatir ese plan».

El debate se cerró con una intervención final de Leopoldo Calvo Sotelo, quien precisó que el Gobierno conoce el acoso a la democracia y está dispuesto a luchar contra él.