Reindustrialización y autonomías

LA POLITICA económica gubernamental sigue un curso parecido a las aguas del Guadiana: aflora y se sumerge sin que resulte fácil predecir la dirección de la corriente. De un lado, el Poder Ejecutivo afirma sus propósitos de liberalizar el sistema financiero y las inversiones de capital extranjero en nuestro país y de las inversiones españolas en el exterior, de suavizar el control de cambios y de frenar el rápido incremento de los gastos corrientes (aunque sería más propio hablar de gastos ineficaces, dado que buena parte de los gastos de inversión esconden, bajo ese prestigioso rótulo, mayúsculos despilfarros) de la Administración Pública y de las empresas estatales. De otro, la contundencia y rotundidad de las acciones gubernamentales contrarias a las medidas liberalizadoras y a los buenos propósitos de flexibilizar el sistema económico parecen ir ganando la partida.Así, el Ministerio de Industria se está convirtiendo en un generoso anfitrión que distribuye rumbosamente los dineros públicos y crea, con una generosidad que sufragan todos los contribuyentes, mayor déficit presupuestario. Paradójicamente, no son habitualmente las empresas o los sectores en dificultades las que plantean al Estado los sacrificios o las medidas racionalizadoras que les permitirían pagar sus deudas, ponerse a flote y recuperar la rentabilidad, sino que es el Gobierno el que se apresura a proponer las ayudas a los presuntos menesterosos. Y para mayor absurdo los beneficiarios privados examinan con todo cuidado y con notable desconfianza la dentadura de esos caballos regalados por la munificencia de la Administración Pública. Ni que decir tiene que esa rifa benéfca no hace sino desatar un mercado competitivo de expectativas y una puja de los sectores todavía no agraciados con la pedrea por obtener caballos tan buenos como los de los vecinos.

De añadidura, como las ayudas se distribuyen por sectores y los sectores suelen concentrarse en determinados territorios, la reindustrialización puede afectar decisivamente a los planteamientos autonómicos. La siderurgia integral recién reindustrializada está localizada fundamentalmente en el País Vasco, mientras las dificultades de la industria textil tienen como escenario principal a Cataluña. A nadie puede extrañar que los autonomistas canarios preparen sus reivindicaciones, entre otras la entrada. sin pago de aranceles de camisas made in Hong Kong or Taiwan a las que puedan incorporar botones cosidos en el archipiélago de forma tal que las trasmuten en producción nacional apta para ser vencida en todo el territorio estatal. Los malagueños, que también tienen puerto de mar y abundante paro, se sentirán igualmente con derecho a que Intelhorce se convierta en remendadora de confecciones orientales que entrarían sin pagar aranceles y que harían una dura competencia a los textiles catalanes.

Estas absurdas conclusiones se hallan contenidas, sin embargo, en la lógica misma de los planteamientos de la reindustrialización. ¿Por qué austeridad para unos y dureza para otros? Las pujas demagógicas y los agravios comparativos a los que dieron lugar en su día las inconsecuencias y las frivolidades de la política de UCD y del PSOE a propósito del Estado de las autonomías podrían repetirse ahora con el Estado de las reindustrializaciones. De esta forma, además de más de una docena de parlamentos y lendakaris tendríamos también una docena larga de mercados con regulaciones, ayudas y subvenciones especiales, procedentes estas últimas de los contribuyentes anónimos de todo el territorio nacional.

En esta perspectiva, no acaba de entenderse la entusiasta unanimidad de las Cortes Generales y de los partidos políticos para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, que es precisamente un mercado unificado sometido a normas de aplicación general. Igualmente grave es el tratamiento que el Gobierno está dando a la política económica precisamente en momentos en que la economía exige flexibilidad y resulta necesario acabar con los compartimentos estancos, los despilfarros del dinero público y el desmesurado intervencionismo administrativo. La crisis energética será larga y los países que no se ajusten a sus desafíos regresarán al subdesarrollo cuando se acaben los caudales presupuestarios. España, así, podría inaugurar ese continente del Cuarto Mundo al que derivarán inevitablemente las sociedades industrializadas incapaces de mantener su productividad y la racionalidad de su sistema productivo.

En este maremágnum no faltarán quienes se pregunten por el papel que está desempeñando o dejando de cumplir el Ministerio de Economía y Comercio. Nacido de la mano de políticos y funcionarios de talante liberal y antiintervencionista, su actual pasividad, a la espera de no se sabe qué gran problema que justifique su existencia, no deja de suscitar asombro. Pero la política económica, al igual que la política general, exige estar constantemente en la brecha, sobre todo cuando otros departamentos del área económica contradicen con notable persistencia y torpeza los planes liberalizadores auspiciados inicialmente por el Gobierno. Aunque sólo sea por aquello de que nobleza obliga, el Ministerio de Economía y Comercio debe hacer oir su voz y ejercer su autoridad en este ambiente de arbitrismo, neoautarquía, intervencionismo y suanzismo renovada, complicado por la distribución territorial del poder en las comunidades autónomas, que está creando la política de reindustrialización en los últimos meses.