La banca pide protección al Gobierno ante la integración española en el Mercado Común

La Asociación Española de Banca (AEB) pretende que se instrumenten medidas protectoras, frente a la banca extranjera, para las entidades nacionales del sector, de cara a la eventual incorporación de nuestro país a la Comunidad Económica Europea. Para ello indica la conveniencia de que se fijen plazos similares a los establecidos en otros países comunitarios en la misma situación, y muestra sus recelos ante una posible supresión de las limitaciones operativas con que cuentan actualmente estas entidades en España.

Las opiniones del sector bancario fueron puestas de manifiesto por la cúpula de la AEB -Rafael Termes, Ricardo Tejero, Alfredo Lafita, Manuel Torres Rojas y José Teigeiro- a Raimundo Bassols, secretario de Estado para las Relaciones con la CEE, quien, según fuentes del sector, demandó un informe sobre el posicionamiento de la banca ante el ingreso español en la CEE para incluirlo en la agenda de conversaciones que las delegaciones negociadoras hispano-comunitarias mantendrán el próximo día 25 en Bruselas.Los puntos de la negociación que afectan a la banca española se refieren al principio de no discrecionalidad o de libertad de establecimiento y al de no discriminación o eliminación de prácticas discriminatorias.

Principio de libertad de establecimiento

Con relación al principio de no discrecionalidad, los representantes de la banca española se mostraron escasamente reticentes, pues consideran que una respuesta afirmativa en este punto facilitaría la salida de la banca nacional al extranjero y en el sentido contrario, es decir, con relación a la llegada de bancos comunitarios al mercado español, estiman que se podría Invocarla cláusula de «interés general de la economía», tal y como hicieron en su momento el Reino Unido, Francia, Italia y Grecia para obtener un plazo inicial de siete años ampliable a doce a partir de la fecha de ingreso en la CEE, durante el cual subsisten las facultades discrecionales para la admisión al ejercicio de la actividad bancaria.

También señalaron los miembros de la AEB que estas facultades pueden impedir algo tan poco deseado por el sector como es la creación de nuevos bancos españoles, a la vez que frenará de forma sustancial las solicitudes de establecimiento de bancos extranjeros al amparo de la legislación de junio de 1978. En este momento son quince los bancos comunitarios autorizados a operar en territorio español.

Eliminación de prácticas discriminatorias

Este principio supone la equiparación de las oportunidades operativas, es decir, que representa la supresión de las limitaciones que tienen los bancos foráneos para realizar algunas operaciones establecidas en el decreto de junio de 1978. Estas limitaciones se concretan en tres puntos: la prohibición de obtener financiación ajena en el mercado interior en proporción superior al 40% de sus inversiones en valores y créditos a empresas españolas, excluyéndose de esta limitación la financiación obtenida en el mercado interbancario nacional; prohibición de abrir más de tres oficinas, y la obligación de mantener su cartera de valores integrada exclusivamente por títulos de renta fija y fondos públicos.

Los representantes de la patronal bancaria reconocieron que los representantes comunitarios harán un especial hincapié en que se supere la situación actual y queden equiparadas operativamente todas las entidades que actúan en suelo español. Para intentar contrarrestar los argumentos de Bruselas, los banqueros españoles señalan que estas limitaciones están en la actualidad prácticamente superadas por las modificaciones que se han producido en el sistema financiero español. Así apuntan que el ensanchamiento del mercado monetario, la posibilidad de refinanciar las operaciones de activo mediante la cesión de efectos con el endoso al banco cedente, la facultad de crear pesetas convertibles mediante cesión de divisas para la financiación interna y la elevación del techo para avales son un conjunto de elementos que contribuyen de forma significativa a que en la realidad se hayan acortado las distancias que representaban las restricciones legales.

No deja de ser curioso que un sector como el bancario, que durante los últimos meses ha calificado con profusión a la Administración de intervencionista, por no haber desarrollado el proyecto de liberalización hasta sus úItimas consecuencias, y mantener los coeficientes de inversión obligatoria, reclame para sí medidas cautelares, cuando no proteccionistas, de cara a la integración en la CEE.

Medios bancarios consultados por EL PAIS señalaron que se trata únicamente de posiciones de partida, lógicas para iniciar las negociaciones. No obstante este sector, que ha impulsado la implantación de empresas multinacionales en nuestro país, siempre ha mostrado una actitud que rozaba en el temor ante la posible competencia con las organizaciones extranjeras. Razonamientos tales como que la gran banca internacional no acostumbra a instalar grandes redes comerciales en los países a los que acude por primera vez, que su negocio se dirige a las grandes multinacionales, o que su ejemplo puede ser beneficioso para el sector nacional, jamás han dejado de ser recibidas con sonrisas de suficiencia por parte de los tradicionales del sector, quienes se muestran muy cómodos con sus modos operativos tradicionales y no acostumbran a admitir innovaciones más que cuando su necesidad resulta irrebatible.