El chantaje a la democracia

El hecho de vivir fuera del país no sé si dificulta o favorece mi visión de la situación española. Seguramente, las dos cosas. Por un lado, la ausencia impide el conocimiento directo de la realidad, nos oculta la multitud de anécdotas y detalles que componen una situación y hace imposible recoger ese latido impalpable que es la vivencia de lo cotidiano y de lo concreto; pero, por otro lado, la distancia simplifica los perfiles, nos impide perdernos en detalles accesorios y nos ofrece un panorama más nítido de lo esencial en cada momento. En cualquier caso, es un punto de vista que no debe despreciar el observador de la realidad y el analista de la situación para una adecuada composición de lugar.Desde esta peculiar perspectiva de alejamiento hay algo que a mí me parece muy claro en la situación española de los últimos meses, y es que toda ella gira en torno al frustrado golpe militar del 23 de febrero. Si otra virtud no hubiera tenido éste, lo que indudablemente ha conseguido es que toda la actividad política gire desde entonces en torno al mismo. El Parlamento ha reducido su marcha, ha paralizado algunos de los proyectos de ley que tenía entre manos y en cambio ha iniciado una nueva actividad legisladora recortando las libertades, que, aun teniendo como última justificación la defensa de la democracia, ha sido provocada por la actitud de los golpistas.

Pero si la reacción de las instituciones democráticas ha estado condicionada por aquéllos, no menos ha ocurrido con los grupos antidemocráticos que practican en nuestro país el terrorismo, ya sea éste de derechas o de izquierdas. Todos sabíamos que la actividad terrorista estaba motivada por el último fin de provocar una dictadura militar y justificar así las actitudes de agresiva violencia que practican los grupos armados. Todos lo sabíamos, sí; pero era un saber teórico. Desde el 23 de febrero sabemos que esa posibilidad no es sólo teórica, sino que puede realizarse en la práctica en cualquier momento.

Esta lección la han aprendido bien los terroristas, y es seguramente la peor consecuencia del pasado golpe militar. A pesar de los gravísimos delitos en que los golpistas incurrieron -secuestro del Gobierno y el Parlamento, que es tanto como decir de la voluntad nacional; desprecio de la Constitución; uso en falso del nombre del Rey; agresión contra las instituciones democráticas y la convivencia civil-, el peor delito no es probablemente ninguno de esos, sino el haber descubierto a los terroristas -en la práctica, y no en la teoría- cuál es el flanco más débil del Ejército. Ahora han visto que el golpe militar es posible, y no van a dejar de procurarlo en todo momento y por todos los medios. Es decir, ahora los golpistas han provocado el terrorismo con su actitud, como antes los terroristas habían provocado el golpismo. Son dos fuerzas que se muerden la cola y se retroalimentan. Por eso, en puridad, creo que la primera legislación que debía aplicarse a los golpistas es la ley Antiterrorista.

Sólo la sensatez de la población civil, la madurez política del pueblo, unido a la garantía que supone la voluntad democrática de la Corona, están salvando la situación. Pero el momento no está para esperar mucho. Los últimos atentados contra militares en Madrid y en Barcelona indican claramente el deseo de extender el terrorismo al resto del país, una vez qu e la intervención militar en el País Vasco piensan que puede dar pie para ello. El pacto que parece haberse acordado entre dos fuerzas terroristas como ETA y los GRAPO, supuestamente antagónicos, indican cómo los objetivos del terrorismo de ultraderecha y de ultraizquierda están unidos en el común deseo de provocar una vez más la intervención armada del Ejército. La tentación permanente que ello supone para éste no podrá evitarse si no se toman medidas rápidas y eficaces que disuadan de una vez por todas a los que alimentan esos siniestros propósitos.

El delito más grave de los golpistas es -como decíamos antes- haber provocado semejantes esperanzas en los enemigos de la libertad, pues con su conducta no sólo han introducido una intimidación permanente a la sociedad civil, sino un chantaje intolerable a todos los ciudadanos españoles, que ven así hipotecada su voluntad política, su convivencia diaria y la dignidad elemental a toda persona. Es un delito gravísimo, pues no sólo constituye una actitud de provocación constante a los terroristas, sino que adultera en su misma esencia el sistema democrático de convivencia, y si no fuera por otros delitos, por este sólo debieran ser juzgados y condenados. La actitud altanera de Tejero, las visitas que recibe y hasta la publicación de un artículo suyo en un matutino madrileño prueban que esa situación es mantenida y alimentada de modo sistemático por los golpistas. Unos, con su actitud retadora y ofensiva; otros, con su cómplice silencio en el que tratan de implicar al Rey y al resto del Ejército.

Los calificativos que esta actitud merece no admiten paliativos de ningún género, pues es también un pretexto permanente para que los sectores del Ejército que pudieran simpatizar con los golpistas y las fuerzas sociales de tendencia antidemocrática y afines al golpismo sientan la tentación permanente de actuar contra el sistema de convivencia que el país ha aceptado libre y voluntariamente en unas elecciones generales. Es por eso necesario salir cuanto antes al paso de esa distorsión y tergiversación de la sociedad que produce el chantaje permanente -o que tiene visos de hacerse tal- en la convivencia civil. Y para eso la única salida es empezar a dar pasos firmes y decididos que disuadan definitivamente a los golpistas.

El primer paso habría de ser una acción policial eficaz y segura en la persecución y detención de los terroristas, iniciando la única via segura para la erradicación, que estamos seguros en la inmodo total e inmediato, que parece imposible, sí de modo irreversible. Eso exige también, como complemento de esa acción eficaz, que el peso de la justicia caiga con todo su rigor, y sin contemplaciones de ningún género, sobre los detenidos como culpables de delitos terroristas, sabiendo que en eso los jueces están cumpliendo una voluntad popular clara y rotunda.

El segundo paso corresponde al Ejército responsable de la nación, que estamos seguros es la inmensa mayoría, aprovechando éste todas las circunstancias posibles que muestren rotundamente que el Ejército no es ni en su totalidad ni en su mayoria siquiera golpista, lo cual sólo podrá lograrse mediante la colaboración pública y abierta de las autoridades militares con las de otras instituciones del Estado, ya sea el Gobierno, la Administración pública u otras instituciones democráticas. La reciente inauguración del cementerio de la Florida, simultáneamente por el alcalde de Madrid y el capitán general de la I Región Militar, quizá sea un ejemplo que convendría imitar y seguir en todas las ocasiones posibles. El Ejército español necesita -en su propio bien, en el del Rey y en el de Espana misma- deshacer cualquier posible malentendido al respecto, liberándose de la ignominiosa mancha que sobre él han lanzado los golpistas y dejando bien clara a la opinión pública la inexistencia de cualquier connivencia con ellos.

Pero la disuasión definitiva y rotunda de los golpistas sólo puede venir de una rápida y contundente intervención de la justicia. Desde el 23 de febrero han pasado ya más de tres meses y los trámites del proceso se presentan lentos y anormales a la opinión pública. El tiempo corre a favor de los golpistas, pues las enfermedades graves o se atajan a tiempo o se convierten en mortales de necesidad. Es imperativo que la justicia actúe con la máxima rapidez y con el máximo rigor, pues del juicio depende el futuro de la democracia y de la Corona. En ese juicio se va a juzgar a un régimen, y en él se va a hacer patente si hay una justicia democrática que responde a los intereses del pueblo o si, por el contrario, esa justicia está al servicio de los intereses espúreos del franquismo y de las clases sociales que lo alimentaron. El futuro del país se juega en ese juicio, y por eso no conviene retrasarlo más, pues retrasarlo es dar una patente de corso a los que han demostrado -y demuestran todavía todos los días- su actitud de rebeldía, de irresponsabilidad y su criminal contumacia contra los intereses del pueblo y de la nación. Así, al menos, se ve el panorama español desde estas lejanas tierras estadounidenses, quizá excesivamente simplificado por el efecto de la distancia. Espero que otros puntos de vista más matizados, desde el interior, ayuden a recortarlo y ponderarlo en sujusta medida.