Al menos una explicación
NO SE puede decir que la sociedad no haya sido prudente -o quizá cautelosa- a la hora de esperar una explicación oficial de la muerte de los tres jóvenes santanderinos en Almería, el pasado domingo, en un incidente con la Guardia Civil. La Prensa apenas ha publicado comentario alguno, y aún en los aspectos informativos, y con las excepciones de rigor, la medrosidad ha sido la pauta generalmente seguida. Ello tiene una explicación lógica. De un lado, la Guardia Civil viene sufriendo en sus miembros una considerable parte del alevoso ataque terrorista que este país padece y que se ha visto recrudecido en los últimos meses. De otro, los españoles no nos hemos sacudido todavía el impacto emocional del 23-F. Si a ambas dos cuestiones le añadimos la confusísima información que a diario llega a las redacciones de los periódicos sobre el hecho que comentamos, para nadie será una sorpresa, como decimos, la aparente falta de reacción social frente a la noticia abracadabrante de que tres simples ciudadanos hayan podido ser muertos por las fuerzas de seguridad confundidos con peligrosos terroristas, y el Gobierno no sólo no quiera reconocer la cuestión, sino que encima monte una gran especulación en torno a inencontrables antecedentes delictivos de las víctimas o, lo que es más humillante, respecto al comportamiento personal íntimo de las mismas.Pero es tal la actitud de la autoridad y tan grande el desánimo ciudadano por la falta de reacción adecuada ante semejantes hechos que no es posible, pensamos, dejar pasar ni un solo día más sin ejercitar el deber público de la reflexión respecto a un hecho de inusitada gravedad que, en cualquier circunstancia y situación política, merece algo más que el silencio y la tensión contenida por respuesta.
No vamos a insistir en el valor inapreciable de la vida humana que ayer mismo este periódico reivindicaba en una editorial contra la pena de muerte. La violencia en sí misma es inadmisible en una sociedad civilizada, y es un hecho execrable cuando alevosa y criminalmente se ejerce por el terrorismo contra las vidas de los servidores del Estado, cuya misión es la salvaguardia de la seguridad de la sociedad. Es precisamente el Estado, en la concepción constitucional de nuestra convivencia, el único que tiene el monopolio de la violencia, no tanto como un derecho a ejercer cuanto como un remedio último y necesario frente a los enemigos de la ley. Se entiende, por lo mismo, que el propio Estado y sus funcionarios están al servicio de la sociedad que les entrega las armas y la licencia de su uso no contra la sociedad misma, sino contra quienes tratan de oponerse a ella. Por eso los abusos que desde el Estado y las fuerzas de seguridad se cometan en el ejercicio de la autoridad están severamente penados en los códigos; hechos tan terribles como el de Almería, deben ser por eso esclarecidos cuanto antes, y si sus culpables -cuya identidad se desconoce todavía- no son. convenientemente juzgados, la sociedad perderá la confianza necesaria en sus gestores.
Los sucesos de Almería son tanto más graves cuanto que se enmarcan en una situación de necesario acercamiento de la población civil a las fuerzas de seguridad, en un momento de grave amenaza al régimen por el ataque combinado del terrorismo y el golpismo y, cuando después de los alevosos atentados de la semana pasada, la manifestación del silencio de España había sido una demostración sublime de los deseos de convivencia de este pueblo. Pero la reacción del Gobierno ha sido deleznable y si no se corrige a tiempo será un claro síntoma de complicidad con los hechos. No sólo no se ha dignado dar una información solvente -cuando tanto se apresura a hacerlo en otras ocasiones, según lo recordara recientemente el Consejo del Poder Judicial-, sino que su actitud resulta perturbadoramente turbia frente a la protesta atemorizada y justa de una población que se siente agredida de manera arbitraria por unos servidores de la ley y que no ve que desde los círculos oficiales se tomen las medidas oportunas.
Nadie puede devolver ya la vida a los tres jóvenes de Santander, pero más difícil aún será devolver a los ciudadanos la confianza en el Estado y en el Gobierno, si se pretende' como parece, echar una manta de silencio sobre lo sucedido, y no se adoptan las sanciones oportunas de todo tipo. Con el agravante de que, por el error de unos y la malevolencia de otros, se puede ver salpicado injustamente el honor de todo un cuerpo armado como es la Guardia Civil. Y eso sí que contribuye, eso, y no el reconocimiento de la verdad, a desmoralizar la fuerza en momentos como el que vivimos.
