El juez puede investigar a los cónyuges que pidan separarse por mutuo acuerdo

El ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, defendió ayer el proyecto de ley de divorcio ante los senadores centristas que, tal y como han acordado, sólo apoyarán de manera oficial dos enmiendas al mismo: la cláusula de dureza -negativa al divorcio en caso de perjuicio a los hijos- y la posibilidad de investigación del juez, cuando los cónyuges que pidan la separación de mutuo acuerdo no presenten pruebas documentales.

Una cuestión importante es que el Grupo Parlamentario de UCD de la Cámara alta no ha presentado enmienda alguna a la disposición adicional décima, que fue suprimida en el Congreso gracias a los votos socialistas, comunistas y socialdemócratas de UCD. Esta disposición décima establecía que si una pareja había iniciado su causa de separación ante un tribunal eclesiástico no podía acogerse a la ley civil una vez promulgada. La ausencia de enmiendas, oficiales significa que no va a haber problemas en uno de los puntos que se presentaban más conflictivos.El ministro de Justicia manifestó a los senadores de su partido, en una sesión celebrada ayer a puerta cerrada, que el actual texto sobre el divorcio no contradice en ninguno de sus apartados los tratados firmados con la Santa Sede, y recalcó que la regulación legal de las separaciones matrimoniales es necesaria, «ya que», dijo, «España se ha colocado durante los últimos años a la cabeza de países europeos en los que convive mayor número de parejas de hecho, sin estar casadas, y ello obedece a la ausencia de una legislación que normalice esta situación».

Fernández Ordóñez citó un reciente estudio del sociólogo Salustiano del Campo para reforza su tesis de que el divorcio es una necesidad para muchos españoles: «Afectará», señaló, «a un número de parejas que va desde las 300.000, como mínimo, a un millón, como máximo».

Finalmente, Fernández-Ordóñez anunció a los se nadores que el ministro de Justicia se encontraba «abierto para cualquier aclaración técnica que deseen revisar», y dejó muy claro que las cuestiones ideológicas en torno a la ley tenían que debatirse en el grupo parlamentario y no directamente con él.

Por esta razón, no hubo ayer un debate entre el ministro y los senadores, muchos de los cuales no están de acuerdo con el actual proyecto de ley de Divorcio.

En la Cámara alta se han presentado trescientas enmiendas a su articulado que, uniendo las de similar contenido, han quedado reducidas a 84. De ellas, treinta pertenecen a UCD, pero el Grupo Parlamentario Centrista tan sólo se ha comprometido a apoyar oficialmente las dos citadas, para las cuales se exigirá disciplina de voto.

Se trata de la reintroducción del artículo 87, también llamado cláusula de dureza, que fue suprimido en el Congreso y cuyo contenido aludía a que el juez podía denegar el divorcio cuando éste causara perjuicios de extrema gravedad al otro cónyuge o a los hijos, aunque, en todo caso, transcurridos siete años del cese definitivo de la convivencia conyugal, este mismo juez tenía necesaríamente que conceder el divorcio. La segunda de las enmiendas que va a apoyar UCD afecta a la disposición adicional sexta, también conocida como la del procedimiento, y su sentido es el de permitir al juez investigar las pruebas que aleguen los cónyuges que deseen separarse de mutuo acuerdo, excepto si estos presentan pruebas documentales firmadas ante notario o similares.

Las restantes enmiendas de UCD serán defendidas a título personal, por lo que su triunfo dependerá de la composición de fuerzas de la Cámara alta. Actualmente, si UCD no logra frenar a los enmendantes centristas, la ley de divorcio puede salir del Senado sustancialmente modificada, ya que la proporción de parlamentarios progresistas en esta Cámara es mínima. Sin embargo, parece que UCD está ahora menos interesada que nunca en repetir el espectáculo público de sus discrepancias internas, por lo que trata de encontrar una solución al respecto. De momento, está prevista la creación de una comisión mixta de diputados y senadores para controlar posibles alteraciones excesivamente conservadoras que trastrocarían la ley, e intentar respetar al máximo los acuerdos del comité ejecutivo sobre la ley de Divorcio.