No será preciso tener carne para ser empresario, según un decreto elaborado por el Ministerio de Industria

En el momento en que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado un real decreto ya aprobado, por el que se regula el documento de información empresarial, quedará suprimida la calificación del carné de empresario. Esta medida liberalizadora sustituye a otra de carácter contrario pactada hace dos años y medio por Agustín Rodríguez Sahagún y los pequeños empresarios, quienes temen que, eliminado este trámite, ahora se abra una brecha al intrusismo empresarial y paguen las consecuencias los propios consumidores.

Hoy tendrá lugar en la sede del Ministerio de Industria y Energía una reunión entre el subsecretario del departamento, Enrique de Aldama, y una delegación empresarial (representantes de CEPYME), para discutir el contenido del documento de información empresarial, que tanto ha soliviantado a los pequeños y medianos empresarios. El documento ha sido aprobado ya corno real decreto, quedando pendiente para su aplicación su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Así, pues, la reunión sólo tendrá el carácter de intercambio de opiniones y cada parte expondrá a la otra sus argumentos y sus quejas. «No hay posibilidad alguna de levantar el decreto, ni tampoco disposición para hacerlo, ya que creemos en su necesidad», ha explicado a este periódico un alto cargo del Ministerio de Industria.

La historia parte de octubre de 1978, fecha en la que Agustín Rodríguez Sahagún, entonces ministro de Industria, pacta un documento de calificación empresarial con CEPYME, por, el que la Administración expide un papel sin el cual no se puede ejercer de buen empresario. La justificación de este papel era la defensa contra el intrusismo. «Al igual que al médico se le exige un título para actuar como tal, al empresario se le exigía la calificación», ha declarado a este periódico un empresario de la construcción. A otro nivel, este pacto dio argumentos políticos en aquel momento a CEPYME, cuya representatividad era permanentemente cuestionada por la CEOE. Como se recordará, Rodríguez Sahagún fue presidente de CEPYME antes que ministro de Industria.

Esta necesidad de título para ejercer como empresario calificado es cuestionada sistemáticamente desde sectores más liberales, que entienden que la batalla contra el intrusismo tiene que librarse en otro campo.

El proceso culmina ahora, en el momento en que se publique el real decreto por el que se regula el documento de información empresarial, que ha elaborado el equipo de Ignacio Bayón. «Frente a las acusaciones de proteccionismo, Bayón ha jugado en este caso un papel liberalizador, mucho más que el de Rodríguez Sahagún, por ejemplo», dice un funcionario de Industria que defiende a su titular.

En el preámbulo de este real decreto se acusa a lá calificación empresarial de intervencionista y posiblemente anticonstitucional: «Las disposiciones de la Constitución exigen la paulatina adaptación de la legislación a los principios en ella establecidos. Uno de estos principios es la libertad de empresa, así como la libertad de profesión u oficio. Sobre la base de estos principios es obligado eliminar toda discriminación que pueda pro ven ir de la Administración para el ejercicio de determinadas actividades profesionales, si bien parece conveniente prever un mecanismo que permita conocer la calidad del servicio bien producido. Para ello, la presente disposición establece el documento de información empresarial, cuya expedición se encomienda a las organizaciones empresariales, sin perjuicio de que éste se sujete al marco general establecido por la Administración. El documento, que tendrá valor informativo, en ningún caso será necesario para el ejercicio de la profesión y oficio que se trate».

Y en cuanto al viento liberalizador: «Con la implantación de este documento resulta incoherente seguir manteniendo la exigencia de un documento que, como el de calificación empresarial, supone una limitación al ejercicio de la actividad industrial y una acusada manifestación del intervencionismo administrativo».

El contenido del real decreto se resume en lo siguiente: las patronales podrán establecer el documento de información empresarial, que en ningún caso será requisito para el ejercicio de la actividad de que se trate y tendrá un carácter exclusivamente informativo y orientador. Será actualizado cada tres años, y para que un empresario lo consiga tiene que estar dado de alta en la licencia fiscal, en el régimen de Seguridad Social y en el Registro Industrial.

Criticas a diestra y siniestra

Ante la inminente publicación del real decreto, se han oído voces disconformes con su contenido desde muy diversos espacios. Desde la oposición política, unos se preguntan cómo es posible que el decreto actual sea tan antagónico con el anterior y le acuse de intervencionista y anticonstitucional perteneciendo los dos a administraciones de UCD. «Las circunstancias son muy diferentes», explica José Manuel Serrano, secretario general técnico de Industria y Energía. «Entre octubre de 1978 y hoy día hay por medio una Constitución, que entonces no existía, y una filosofía liberalizadora más clara. Se trata de una evolución, no de una contradicción».

Por su parte, Javier González Estefani, presidente de CEPYME, no está en absoluto de acuerdo con el documento de información empresarial, pero niega que sea desde puntos de vista tercamente intervencionistas. «Una cosa es la liberalización, en la que estamos de acuerdo, y otra la ley de la selva. El documento es consecuencia de la continuada solicitud de los empresarios afectados por el intrusismo», declara Estéfani a EL PAIS, «pero ha sido reconducido en una mala dirección. El problema surge de que el anterior documento de calificación empresarial fue aprobado, pero apenas se concedía, excepto en casos como la construcción, fontanería o empresas de ingeniería. Por otra parte, entendíamos que su concesión por parte del Estado podía ser anticonstitucional, por lo que pedimos expedirlo nosotros ateniéndonos a unas reglas, para no tener patente de corso y decir este es empresario y este otro no, por capricho. Estas reglas, mínimas, eran estar en la Seguridad Social y tener licencia fiscal. Creo que no es mucho pedir y no se nos puede acusar de intervencionismo por esto. Entonces surge el nuevo decreto, en el que se atiende a que sean las patronales las que expidan el papel, pero éste no sirve para nada, de modo que da igual tenerlo que no tenerlo. ¿Cómo si no se puede interpretar su artículo segundo, en el que se dice que "se hará constar literalmente que la posesión del mismo no es necesaria para el ejercicio de la actividad"? Así no hay modo de acabar con el intrusismo ni con la economía golfa», terminó diciendo González Estéfani.