Los ex colonos españoles reclaman 8.000 millones por sus propiedades en Guinea Ecuatorial

Los ex colonos españoles propietarios de tierras en Guinea Ecuatorial han reanudado en Madrid las gestiones para conseguir del Gobierno español la indemnización de unos 8.000 millones de pesetas, en los que valoran las propiedades que les fueron confiscadas por el régimen del difunto Francisco Macías, y que, hasta el momento, no les ha reintegrado el nuevo Gobierno ecuatoguineano, que encabeza el coronel Teodoro Obiang. Las gestiones comenzaron en Malabo (entonces, Santa Isabel) y Madrid, hace trece años.Según fuentes de los ex colonos consultadas por EL PAIS, las nuevas autoridades de Malabo se niegan abiertamente a la restitución de sus propiedades, si bien autorizan su explotación por sus antiguos dueños. Sin embargo, ello les acarrea numerosas dificultades, por cuanto que los rendimientos de aquellas tierras, tras los once años de dictadura de Francisco Macías, han descendido en gran medida a consecuencia de la selvatización.

La obtención de rendimientos similares a los conseguidos entonces acarrearía cuantiosas inversiones que los ex colonos, o bien no pueden obtener, o no estarían en su mayor parte dispuestos a aplicar, en virtud de lo que consideran una situación desprovista de garantías para la reinversión.

Además, las fuentes consultadas destacan la corrupción administrativa existente en el país y las largas demoras en la obtención de respuestas ofíciales a sus demandas, tramitadas, bien particularmente por los interesados, bien a través de la denominada Comunidad de Españoles con Intereses en Africa, constituida a raíz de la independencia de Guinea Ecuatorial.

Las propiedades cuya indemnización reclaman al Gobierno español los ex colonos fueron compradas por éstos a España en distintas subastas a lo largo de la etapa colonial. Según aseguran las fuentes, el ministro de la Presidencia en aquella época, almirante Luis Carrero Blanco, pidió a los colonos que durante la etapa de la concesión de la autonomía no esgrimieran sus reivindicaciones, que serían satisfechas por España una vez que el país se independizara.

El número de colonos integrados en esta comunidad es de 511, y las propiedades que reclaman abarcan, entre terreno rústico, forestal y urbano, unas 54.000 hectáreas de fincas y bosques, así como casi un millón y medio de metros cuadrados de solares urbanos y más de 300.000 metros cuadrados de suelo urbano edificado. También exigen la indemnización derivada de las 2.291 cabezas de ganado vacuno y 270 cabezas de ganado lanar y otras partidas.

El caudal global de indemnizaciones se calibra en unos 8.000 millones de pesetas, cuyo principal componente vendría de los antiguos cultivos de cacao, café, palmera de aceite, bananas y abacá, en cuanto a los cultivos, así como las derivadas de las propiedades industriales, granjas y otras partidas reclamadas.