La participación popular en la cuestión OTAN
Desde el comienzo de la transición política la cuestión de la incorporación de España a la OTAN ha estado presente de forma intermitente, apareciendo y desapareciendo de la actualidad a tenor de los intereses coyunturales del propio Gobierno.Antes, en tiempos de Franco, la oposición de los países democráticos europeos había impedido la entrada de España en la OTAN. Sin embargo, según me dijo hace poco un ex ministro del último Gobierno de Franco, Estados Unidos presionó para que España se incorporase a la OTAN antes de los cambios que temían se produjeran tras la muerte del dictador (se había desencadenado ya la revolución en Portugal). El Consejo de Ministros, presidido por Arias Navarro, descartó la opción por resultar, tras un estudio económico, demasiado onerosa para la hacienda española.
Los distintos Gobiernos de UCD han enfocado el asunto más con un sentido instrumental que como una verdadera aportación a nuestra seguridad nacional. Instrumental en política interior en momentos críticos de UCD (declaraciones de Oreja a EL PAIS tras la moción de censura) o instrumental en política exterior utilizando el toma y daca: «Nosotros entramos en la OTAN; vosotros nos dejáis entrar en la CEE y nos devolvéis Gibraltar».
Todo parece indicar que los más interesados en hacernos socios de la OTAN son el Pentágono y el Departamento de Estado USA más bien como factor psicológico de presión sobre el bloque comunista que como verdadera aportación a la defensa occidental ya garantizada por el tratado bilateral, y desde luego sin tener en cuenta para nada nuestros propios intereses ni los escenarios de riesgo y amenaza en los que España puede verse envuelta (atención al rearme de Marruecos puesto en marcha por la Administración Reagan).
Como de paso, la reacción española y norteamericana intentaría impedir, con nuestra entrada en la OTAN, el acceso al poder de los socialistas en España. Las palabras con las que el general Haig nos obsequió en el encuentro de Oxford, «Estados Unidos tendría el deber y el derecho, como país aliado, de tomar medidas para impedir toda aventura o proceso revolucionario en un país miembro» son todo un programa, sobre todo viniendo del que entonces era comandante en jefe de la OTAN y hoy secretario de Estado de su país.
Es evidente que el asunto es de la suficiente trascendencia como para no zanjarlo por mera mayoría parlamentaria, y mucho menos por sorpresa, como parece deducirse de recientes actitudes del Gobierno reflejadas también en el Congreso de UCD.
Quiero decir que el Gobierno proyecta tomar en los próximos meses la decisión de incorporación a la OTAN, que llevará el tema por la vía más rápida al Parlamento, que guillotinará el debate utilizando restrictivamente el reglamento y que nos encontramos con que una exigua mayoría de derechas que no representaba en 1979 a la mayoría del país y que hoy lo representa mucho menos, nos habrá metido de hoz y coz en la OTAN.
Si a todas estas razones añadimos que, según las encuestas de opinión, la mayoría de la población española es contraria a la aventura atlantista, veremos que sólo hay una vía constitucional para evitar tal desafuero: recurrir al referéndum consultivo que contempla el artículo 92 de la Constitución, apartado 1, para «las decisiones políticas de especial trascendencia». Y nadie negará la más que especial trascendencia del tema en cuestión.
Pero un referéndum consultivo lo convoca el Rey «mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los. Diputados» (artículo 92-2), con lo que nos encontramos con que esa mayoría parlamentaria, que no social, tiene la llave de la propuesta de un referéndum que teme perder.
¿Qué hacer entonces? Sólo cabe, en mi opinión, ejercer la presión democrática y política necesaria para que el Gobierno se vea abocado a convocar el referéndum o aplazar la decisión unos años. Porque la iniciativa popular (un mínimo de 500.000 firmas) que se contempla en el artículo 87-3 de la Constitución excluye, entre otras, materias «de carácter internacional». Y aunque políticamente es evidente que la inclusión en la OTAN rebasa con mucho el estricto carácter internacional de un convenio o tratado rutinario, jurídicamente nos tememos que pueda excluirse. De todos modos, habrá que esperar a que los constitucionalistas e internacionalistas dictaminen sobre ello.
En cualquier caso, al margen de las interpretaciones jurídicas, la movilización y participación popular expresadas masivamente (recogiendo al menos esas 500.000 firmas) tendría un peso político innegable, que obligaría al Gobierno a convocar el referéndum o archivar el tema esperando mejores tiempos.
El referéndum tendría la ventaja de ser un instrumento democrático y constitucional de participación del pueblo en una decisión política que afecta gravemente su seguridad colectiva, y además zanjaría una polémica que divide a las fuerzas políticas y a la opinión pública. Tendría, por el contrario, los inconvenientes de la posible radicalización y polarización del país.
El aplazamiento de la decisión de cuatro a cinco años permitiría mejores condiciones de estabilidad política y una maduración y conocimiento mayor de las ventajas e inconvenientes de la incorporación de España a la Alianza Atlántica.
