La CEE emplaza a Francia, RFA y Bélgica en el tema presupuestario
La Comunidad Económica Europea (CEE) ha dado un ultimátum a la República Federal de Alemania, Bélgica y Francia para que ingresen en las arcas comunitarias, antes de un mes, su cuota del presupuesto para 1981. La Comisión Europea (órgano ejecutivo de la CEE), ha advertido a estos tres países, que se niegan a entregar las cantidades establecidas en diciembre del año pasado por el Parlamento Europeo, que, «en caso contrario, el asunto sería planteado ante el Tribunal Europeo de Justicia», máximo órgano jurídico de la CEE
En diciembre del año pasado, y siguiendo el procedimiento legal comunitario, el Parlamento Europeo presentó al Consejo de Ministros- comunitario (órgano ejecutivo, de la CEE) un proyecto de presupuesto para 1981, informó Efe.En su propuesta, los parlamentarios europeos dedicaron un suplemento de 470 millones de dólares (40.000 millones de pesetas) al capítulo de desarrollo regional y ayuda social. El Consejo de Ministros consideró excesiva esa cantidad «por no ajustarse a las políticas de austeridad nacional de los países miembros en sus presupuestos nacionales»., pero a la hora de tomar una determinación los ministros de los entonces nueve países miembros no lograron decidirse a vetar el presupuestos del Parlamento Europeo.
Concluido el plazo legal de tiempo para decidirse, el Parlamento Europeo asumió nuevamente, ante el silencio del Consejo, la responsabilidad y votó definitivamente el presupuesto, con un total de 25.000 millones de dólares (dos billones de pesetas).
Inmediatamente, Bélgica anunció que no aportaría su parte proporcional correspondiente a los capítulos extraordinarios, y calificó de «irregular» el procedimiento seguido.
Francia, la RFA y Dinamarca secundaron la posición belga, que luego retirarían los daneses.
La Comisión Europea dirigió en enero pasado a los tres países reticentes varias peticiones de explicación y de demanda de ingreso del dinero.
La respuesta de la RFA fue fulminante. Adelantándose a las amenazas de la Comisión Europea, presentó ante el Tribunal de Justicia Europeo una demanda quejándose de las «improcedentes peticiones de la Comisión».
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