Hambre contra el hambre

LA MUERTE de Rafael Hoyos Herrera, vecino de Teba, que permanecía en huelga de hambre para denunciar la situación del campo andaluz, ha sido debida a un accidente, pero está vinculada al estado de debilidad general producido por el ayuno voluntario. Casi al tiempo, dos vecinos de Villamartín, entre ellos Francisco Casero, que habían iniciado esa protesta pasiva y sufriente hace casi un mes, han sido hospitalizados por serio quebranto de su salud. Otros huelguistas de Marinaleda han tenido que recibir también asistencia médica. Es probable que estos sucesos no hagan sino fortalecer la solidaridad y encender los ánimos de otros centenares de huelguistas, e incluso ampliar el campo de la protesta.Resulta notable que este movimiento no esgrima como principal bandera el incremento de los fondos públicos del empleo comunitario y que incluso haga objeto de su crítica a esa forma de redistribución de los ingresos. Los propios dirigentes de la huelga muestran escasa estimación hacia un remedio emparentado con la sopa boba, que se preocupa de paliar selectiva e irregularmente los efectos de la crisis y que desempeña la función de blanquear conciencias para irresponsabilizarlas, y piden al Gobierno y a las fuerzas políticas medidas de política económica encaminadas a la creación de puestos de trabajo, cuya progresiva desaparición consideran como causa de su miseria. Así, las críticas dirigidas contra el empleo comunitario desde la Administración pública son parcialmente compartidas por los beneficiarios esporádicos de esos fondos, que reconocen las desmoralizadoras consecuencias de tales paliativos, a los que atribuyen, no sin razón, la multiplicación de la vagancia, la erradicación de los hábitos de trabajo y la creación de un caldo de cultivo para la delincuencia.

No es probable que la solución inmediata de los males del campo andaluz dependa de unos timbrazos dados por el ministro de Agricultura o de unas órdenes o decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, parece inexcusable que el titular de esa cartera y sus inmediatos colaboradores se den por aludidos ante lo que está ocurriendo en Villamartín, Marinaleda y otros lugares, y adopten las actitudes de diálogo que cabe exigir en un sistema democrático a quienes ejercen funciones públicas por designación de los ciudadanos. Es cierto que una parte de la plataforma reivindicativa de los huelguistas camina en cierto modo contra la modernización de la agricultura y los incrementos de la productividad, indispensables para un país que vive inmerso en el mercado mundial y se plantea su integración en Europa. Pero el ministro de Agricultura no puede quedarse con los brazos cruzados mientras la huelga de hambre se extiende por el campo andaluz y se produce la primera víctima de esa protesta. Dar esperanza a los desesperados es la primera obligación de los gobernantes que no deseen que la frustración social se convierta en violencia colectiva. Nadie hace un ayuno voluntario con riesgo de su vida o con graves quebrantos para la salud para inquietar la siesta de un ministro o para molestar a los políticos y funcionarios de la Administración. Los huelguistas tienen derecho a ser oídos, y el Gobierno tiene el deber de contestar a sus sugerencias y quejas.

Quizá la potenciación de los cultivos atendiendo exclusivamente a la creación de puestos de trabajo podría suponer, a medio plazo, un negocio ruinoso para todos, incluidos los jornaleros, dado que unos excedentes pagados a precios superiores a los del mercado mundial los harían inviables. Las peticiones de control de la mecanización pueden chocar contra la necesidad de elevar la productividad de nuestra agricultura, seriamente desafiada por el reto de la integración europea. Sin embargo, también esto se les puede explicar a los huelguistas, al tiempo que se les da respuesta positiva a otros puntos de su plataforma reivindicativa, más que moderados y, sin duda, bien planteados, que se extienden desde la aplicación de una ley de laboreo forzoso y el seguimiento de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables hasta el fomento de industrias de transformación y la asignación de los fondos del empleo comunitario a tareas de repoblación forestal, pasando por medidas de jubilación anticipada. Porque ahora resulta que no sólo el ex presidente Suárez prefería el abrigo de los despachos a las inclemencias de la intemperie, sino que también buena parte de los ministros aprendieron de su antiguo jefe esa resistencia a la comunicación, el diálogo y el debate.

Así como el ayuno de 72 horas de Rafael Escuredo para protestar por las inconsecuencias centristas a propósito del referéndum andaluz fue casi una bufonada, esta huelga de hambre no es ninguna broma, y merece el respeto y la atención de la opinión pública. Tal vez el presidente de la Junta de Andalucía reflexione ahora sobre las implicaciones dramáticas que puede contener un gesto frívolamente realizado, pero tomado en serio, como ejemplo, por quienes no confunden huelgas con ayunos ni utilizan su protesta para salir en primera página en los periódicos. La frivolidad ha estado presente con demasiada frecuencia en los planteamientos y campañas de los partidos políticos que tomaron a Andalucía como depósito de sufragios futuros. Mientras la caída del sector de la construcción, el fomento de cultivos intensivos de capital gracias a una política de precios oficiales favorables, el regreso de los emigrantes y la detención de la emigración hacia las zonas industrializadas agravaban la situación económica, deterioraban el clima social y aumentaban el paro, nuestra clase política se dedicaba a desplazar los problemas desde ese duro y concreto escenario hacia el folklore abstracto y la bizantina discusión en tomo a las ventajas e inconvenientes de vías ideadas por los artículos 151 y 143 de la Constitución. Confiemos que ahora, con una huelga de hambre ejercida como protesta contra una situación de hambre, el Gobierno no se limite. a consultar a la comisión de expertos para la concertación autonómica, ni caiga, una vez más, en la tentación de convertir esa protesta en un simple problema de orden público.