Política industrial

La nueva política industrial abordada por el Gabinete Calvo Sotelo pasa inevitablemente por un necesario y urgente proceso de análisis y replanteamiento de ciertos sectores y empresas en crisis. La iniciativa, en principio, nos parece acertada y es, en definitiva, la dirección a la que se han encaminado los esfuerzos y actuaciones en otras economías occidentales, fuertemente afectadas también por la prolongada coyuntura adversa. Sin embargo, el tema es sumamente delicado e incluso vidrioso por la complejidad de los factores que han de tenerse en cuenta y, sobre todo, por la posible incidencia de las medidas en dos planos importantes: el del preocupante nivel de desempleo y el del creciente déficit público.Casi seis años de casi ininterrumpida crisis han producido efectos tan negativos como los siguientes: la reducción de las inversiones en la industria, como consecuencia de las incertidumbres, mayores, por cierto, en España que en otros países; el descenso real de la productividad, ya que los aparentes aumentos responden en buena medida a la disminución de la población activa; la caída del empleo en la industria; la progresiva pérdida de competitividad de las exportaciones industriales. Ante esta situación no puede adoptarse una actitud pasiva, sino hacerla frente mediante un conjunto de decisiones que, evidentemente, han de ser políticas, aunque no pueda perderse de vista el objetivo económico que persiguen.

No parece oportuno recurrir a fórmulas de carácter proteccionista, cuyo coste suele ser muy elevado, sino utilizar el camino de la concertación con los diversos agentes económicos, definiendo un marco claro al que habrán de acogerse los procesos de adaptación.

En cualquier caso, una acción de esta naturaleza tiene que partir de una premisa bien concreta, al margen de cualquier discusión: la ordenación o reestructuración no puede significar, en modo alguno, una inversión infructuosa. Queremos decir que a cualquiera otra consideración tiene que preceder la de que el sector de referencia o, en su caso, la empresa, tiene un futuro viable y rentable en términos económicos y sociales. Se ha dicho que la Administración podría dedicar, en conjunto, unos cien mil millones de pesetas a este fin durante el presente ejercicio. La escasa disponibilidad de recursos públicos obliga a un severo control de cada peseta de modo que se evite lo que en ocasiones ha sucedido en un pasado no demasiado remoto: una socialización de pérdidas, sin perspectivas de encauzamiento en el corto o medio plazo.

25 de abril.