Hacienda se compromete a detectar en dos meses las zonas de fraude fiscal

El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a que en el plazo de dos meses una comisión de expertos independientes detecte con la mayor precisión posible las bolsas de fraude fiscal por ocultación según los niveles de renta y las distintas zonas geográficas. Esta intención contrasta con las quejas expresadas a EL PAÍS por algunos inspectores financieros y tributarios de presiones políticas para parar determinadas inspecciones a profesionales muy significativos con pasado o presente político o a empresas muy representativas. Según estos inspectores, «se paran más inspecciones ahora que con Administraciones anteriores».Probablemente aparecerá hoy una orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado por la que se crea una comisión, con sede en el Instituto de Estudios Fiscales, para realizar un estudio científico sobre el fraude fiscal por ocultación, según niveles de renta, fuentes y territorio, así como sobre la cuantificación de las diferencias de rendimientos que separan los resultantes de la estimación objetiva singular de los que realmente deben producirse en las actividades a las que les es de aplicación el citado régimen de estimación de bases Esta comisión, que se pretende sea imagen y semejanza del Comité de Impuestos francés, cuyo principal objetivo es la evaluación del fraude, está presidida por César A biñana, y forman parte de ella Manuel Lagares, Javier Lasarte, Alfonso García Barbancho, José Bernardo Quevedo, José Luis Raymond, Jorge Pereira, Francisco Castellanos y Ricardo de Juanes.

La voluntad oficial del Ministerio de perseguir el fraude fiscal tiene su apoyo práctico más inmediato en el masivo envío de cartas de requerimiento a los contribuyentes que, debiendo hacerla, no realizaron declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas el pasado año. Por razones de conveniencia en el funcionamiento de las delegaciones, hasta ahora sólo se habían enviado 87.413 cartas, lo que avala esa sensación que existe en la calle de que es mejor no hacer declaración que hacerla engañando, porque en el primer caso, Hacienda se olvida mejor de la falta. En la actualidad hay procesadas 913.855 cartas en el centro de proceso de datos, de las cuales, entre ayer y hoy, se habrán enviado efectivamente 30.000, y en dos o tres semanas, el resto.

Quizá como resultado de la sensación citada se pueda interpretar el escasísimo número de declaraciones de los impuestos de renta y patrimonio correspondientes a este año recibidas hasta el 31 de marzo. De la declaración simplificada se había recibido en las distintas delegaciones 1.861 declaraciones positivas, 1.881 negativas, y 1. 110 negativas con derecho a devolución; declaraciones normales, 812 positivas, 158 negativas, y 143 negativas con derecho a devolución, y del patrimonio, 569 positivas.

Sin embargo, estas cantidades son escasísimamente representativas, conociendo la costumbre de los españoles de hacer todo a última hora. En realidad, los responsables de Hacienda esperan entre 6,5 y 7 millones de declaraciones por el impuesto sobre la renta el año en curso, y consideran «normal» la escasa afluencia de público en estos días a las de legaciones.

A mayor nivel de renta, más fraude fiscal

En Hacienda se tiene puesta la esperanza en los resultados de la comisión, que servirán para orientar acciones futuras. Hasta ahora, los pocos estudios internos sobre el tema se consideran escasamente fiables. Entre estos estudios, EL PAÍS ha podido estudiar uno en el que se especifica la distribución personal de la renta, la distribución según las declaraciones de los contribuyentes, estructura comparada por niveles de ingresos, etcétera. Este trabajo llega, entre otras, a las siguientes conclusiones:- La abstención de la obligación de declarar según niveles de renta es mayor cuanto más crece el nivel de ingresos.

- La ocultación de renta a efectos tributarios es también creciente según estratos.

Por otra parte, en otro estudio sobre el impuesto de la renta que actualmente termina el Ministerio, se llega a la conclusión de que, a pesar de que a nivel teórico y con carácter general, quien más aporta a Hacienda es entre el 40% y el 44% de sus rentas; a nivel práctico ese porcentaje se reduce a alrededor del 26%. Ello no es debido a ocultación de la renta en sentido estricto, sino a una masiva utilización de los incentivos, desgravaciones fiscales, etcétera.

Los inspectores se quejan

Sin embargo, y en contradicción con el deseo expresado por Hacienda de combatir el fraude, varios inspectores expresaron a EL PAÍS su preocupación por lo que calificaron de «obstrucciones a la labor de inspección por presiones políticas». Dichos inspectores afirmaron que son inmunes a dichas presiones una vez que las actas son firmadas, pero que las presiones llegan antes de esa firma y se realizan de modo indirecto. Según las mismas fuentes, habría más de cuarenta expedientes parados o «a medio gas», y por la personalidad física o jurídica de los encartados se puede sospechar perfectamente en el carácter «político» de estas inspecciones paradas. Entre ellas habría la de algún profesional muy destacado por sus actividades políticas pasadas, alguna entidad deportiva y alguna entidad de sanidad. Los mismos inspectores afirmaron que «se paran ahora más inspecciones que con Fernández Ordóñez». También explicaron que por estos motivos existe gran malestar en el cuerpo de inspectores. «Esta es la fórmula de llegar a la contrarreforma fiscal», continuaron, «sin cambiar las normas, pero desgastándolas por las excepciones».Por último, y sin relación con lo anterior, EL PAÍS ha podido saber que el nuevo reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas llegará a Hacienda a primeros de mayo, proveniente del Consejo de Estado, y que inmediatamente después se tramitará en Consejo de Ministros.