Se reduce a cinco días el tiempo de detención durante el estado de excepción

La reducción de diez a cinco días del tiempo máximo de detención a que puede ser sometida por la autoridad gubernativa cualquier persona durante el estado de excepción fue una de las modificaciones más destacadas introducida ayer por el Pleno del Congreso en la regulación de aquél. La propuesta del PNV salió adelante por el apoyo de la izquierda y los demás grupos nacionalistas, y por la ausencia de diputados centristas y de Coalición Democrática.El diputado del PNV Marcos Vizcaya propuso que el plazo durante el que la autoridad gubernativa «podrá detener a cualquier persona, si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público», no pueda exceder de cinco días. El proyecto de ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, según el texto aprobado en la Comisión Constitucional, establecía el plazo de diez días para la detención por la autoridad gubernativa de cualquier persona.

El diputado centrista Lorenzo Olarte consideró tan caprichoso el plazo de diez días como el de cinco, y aseguró que la enmienda del PNV no aportaba nada. A este argumento replicó Marcos Vizcaya diciendo que para las personas que puedan ser detenidas en virtud de este precepto sí que aportaba, así como para la defensa de los derechos humanos. Sometida a votación la enmienda por el procedimiento de levantarse y sentarse -por encontrarse estropeado el sistema electrónico de votación-, fue aceptada, con 137 votos favorables, 113 en contra y la abstención del diputado del Grupo Mixto Jesús Aizpún.

No prosperó, en cambio, en relación con el mismo artículo, el dieciséis del proyecto de ley, la enmienda comunista defendida por Josep Solé Barberá, que pretendía que la detención se comunicara, en lugar de al «juez competente», como se acordó en la comisión, al «juez del lugar». La enmienda tuvo el apoyo de las minorías nacionalistas y se abstuvieron los socialistas.

Se aprobó una enmienda transaccionai propuesta por los centristas, como consecuencia de la cual los comunistas retiraron una similar, según la cual la asistencia de los vecinos requeridos para presenciar el registro será obligatoria «y coercitivamente exigible». No prosperó una enmienda comunista, defendida por Jordi Solé Tura, según la cual la suspensión por la autoridad gubernativa de todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales sólo debería hacerse «en los términos y supuestos específicamente contemplados» en la autorización del Congreso para la declaración del estado de excepción. En este punto, el centrista Oscar Alzaga estimó que el decreto de declaración del estado de excepción no puede ser casuístico.

La enmienda obtuvo 139 votos favorables y 142 en contra. Ante la diferencia tan pequeña, y de acuerdo con lo que ya es habitual en la Cámara, se procedió a una segunda votación de verificación. El resultado definitivo fue de 135 votos a favor y 138 en contra.

Las reuniones orgánicas de los partidos y sindicatos

En el debate del artículo veintidós, el comunista Solé Tura propuso que en los casos de reuniones y manifestaciones sometibles a prohibición por la autoridad gubernativa durante el estado de excepción se excluyeran las reuniones orgánicas de los partidos políticos y los sindicatos legalmente constituidos. Recordó que la Constitución consagra en los artículos seis y siete el papel destacado de los partidos políticos y los sindicatos para la vida política y económico-social, y, asimismo, que el derecho de asociación no es suspendible, mientras que a través .de lo establecido en la ley podía indirectamente suspenderse y marginar de la legalidad, en la práctica, a las asociaciones políticas, sindicales y hasta religiosas y empresariales.El socialista Gregorio Peces-Barba propuso una enmienda transaccional, que fue aprobada por 286 votos favorables, ninguno en contra y cinco abstenciones, con el siguiente texto: «Las reuniones orgánicas que los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales realicen en cumplimiento de los fines que respectivamente les asignan los artículos seis y siete de la Constitución, y de acuerdo con sus estatutos, no podrán ser prohibidas, disueltas ni sometidas a autorización previa».

Otra propuesta comunista pretendía que la autoridad gubernativa, cuando prohiba las huelgas o adopte medidas de conflicto colectivo durante el estado de excepción, deberá ajustarse al detalle concreto del tipo de huelgas y de conflictos colectivos que pueden rohibirse. Tal especificación deería figurar, según Solé Tura, en la autorización al Gobierno para decretar el estado de excepción. Sometida a votación, fue rechazada con 128 votos a favor, 141 en contra y una abstención. Tampoco prosperó una enmienda socialista encaminada a equiparar a extranjeros y españoles durante el estado de excepción.