El Gobierno será responsable de las medidas a aplicar en caso de estado de excepción, alarma o sitio

Los grupos parlamentarios socialista y centrista alcanzaron ayer un acuerdo por el que se modifica el proyecto de ley de estado de excepción, alarma y sitio, de modo que cuando se declare esta última situación, las facultades extraordinarias previstas en la ley serán asumidas por el Gobierno, y no por la autoridad militar, como disponía el proyecto. El acuerdo aún no se ha aprobado por el Pleno del Congreso, ya que los artículos correspondientes al estado de sitio serán debatidos hoy.

Las modificaciones al proyecto resultantes de este acuerdo conllevan también la inclusión de una frase por la que el estado de sitio sólo sé declarará cuando «no pueda resolverse por otros medios» una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el orden constitucional. Asimismo, se ha incluido un párrafo por el que la autorización que debe dar el Congreso al Gobierno determinará «el ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio».El texto del artículo 33, clave en este proyecto, por el que la declaración del estado de sitio habría implicado la asunción «por la autoridad militar de las facultades extraordinarias que esta ley atribuye a la civil en los estados de alarma y excepción», se cambia por la siguiente redacción: «En virtud de la declaración del estado de sitio, el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en la misma y en la presente ley». No obstante, se añade que el Gobierno «designará la autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas».

En la última parte de la sesión de ayer, el Pleno del Congreso debatió los artículos referidos a la regulación del estado de excepción. El debate más importante lo provocó el grupo vasco, con una enmienda al artículo 31, en la que pedía que se introdujese un párrafo según el, cual la declaración de estado de excepción no supondrá suspensión ni alteración de las competencias de las comunidades autónomas en materia de protección de derechos ciudadanos y orden público, ni cambio en la dependencia orgánica de las policías autónomas. El portavoz vasco, Marcos Vizcaya, vinculó la aceptación de esta enmienda al voto de su grupo a la totalidad de esta ley.

Competencia de la nación

El centrista Oscar Alzaga rechazó la enmienda argumentando que el estado de excepción es una situación límite que afecta a toda la comunidad nacional, y, por tanto, su aplicación es de la responsabilidad de las autoridades nacionales, aunque pueda afectar más específicamente a una comunidad autónoma. A ello replicó Marcos Vizcaya que su grupo no se negaba a la intervención de las autoridades o las fuerzas de seguridad del Estado, sino que pedía que no desaparezcan las competencias de las comunidades autónomas.El grupo comunista intentó mediar en la polémica mediante una enmienda transaccional que presentó Jordi Solé Tura, de modo que donde se dice que la autoridad gubernativa podrá coordinar el ejercicio de sus competencias con el Gobierno autónomo, se dijese que tal autoridad central «coordinará el ejercicio de sus competencias con las del Gobierno de dicha comunidad autónoma», de modo que se hacía imperativa esa coordinación y se reconocía expresamente las competencias autonómicas.

De nuevo Oscar Alzaga rechazó la propuesta advirtiendo que hacer imperativa la coordinación daría como consecuencia que si no se consigue acuerdo en ella no se podrían poner en marcha las medidas precisas. Solé Tura contestó que el diputado centrista parecía partir de la idea de que un estado de excepción es un conflicto entre el Estado y una comunidad autónoma, y añadió que en la organización autonómica de España el estado de excepción no debe suponer la desaparición de las autonomías, sino que hay que buscar un equilibrio entre las autoridades.

Marcadores a cero

Al votar las enmiendas, el representante vasco pidió que se pusiesen los marcadores electrónicos a cero, con la esperanza de aprovechar la posible ausencia de diputados centristas, pero su enmienda fue rechazada, aunque recibió el apoyo de la izquierda en la parte que pedía que la coordinación entre las autoridades fuera obligatoria. Igualmente fue derrotada la propuesta comunista, a pesar de recibir el apoyo de los demás grupos de izquierda.Anteriormente se habían aprobado los artículos veintisiete al treinta, en los que sólo se introdujo una modificación, a petición del Partido Nacionalista Vasco. Se trata del artículo veintiocho, que decía que cuando la alteración de orden público haya dado lugar a alguna de las circunstancias que posibilitan el estado de alarma, el ministro del Interior o el director de la Seguridad del Estado podrán tomar las medidas excepcionales correspondientes a la situación de alarma. Con la aceptación de la generalidad de la cámara, se cambió la referencia a las dos autoridades citadas por la necesidad de que sea el Gobierno quien adopte esas medidas.

Intervención comunista

El grupo comunista pidió la supresión de todo el articulo, argumentando que de mantenerse la entrada en vigor del estado de excepción produciría la adopción de las medidas de alarma, sin haberse declarado oficialmente éstas, ya que el Congreso lo que autoriza y debate son las medidas de excepción. Oscar Alzaga afirmó en contra de esta tesis que no resolvería nada en la práctica declarar el estado de alarma cuando ya se ha declarado el estado de excepción. También el grupo vasco pidió que no sea obligatorio para el juez decretar la prisión provisional indefinida de los presuntos delincuentes, modificación a la que se negó el grupo centrista, y que fue, por tanto, rechazada.