El Gobierno avala un crédito bancario de 280 millones de pesetas a CC OO

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La vinculación existente entre las negociaciones en marcha sobre el empleo por parte del Gobierno, centrales sindicales y patronal, y el establecimiento de una drástica moderación salarial que permita elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 1982, ajustados a una inflación inferior a la prevista para este año, fue confirmada ayer por fuentes gubernamentales.

No obstante, tal como adelantó EL PAIS el pasado día 5, las negociaciones en curso no han pasado de simples tanteos entre las partes afectadas por las mismas, ya que la postura de la patronal es abiertamente crítica a los planteamientos gubernamentales de extender la discusión de posibles medidas de lucha contra el paro a otras fuerzas no signatarias del acuerdo-marco interconfederal, suscrito entre CEOE y UGT. La patronal, cuyas bendiciones al acuerdo perseguido por el Gobierno son indispensables para la viabilidad del mismo, no ve claro la relación entre la moderación salarial solicitada a los sindicatos y las contrapartidas (fundamentalmente por la vía de las inversiones públicas contenidas en los Presupuestos de 1982) que puede ofertar el Gobierno.

Subsiste, pues, pese a la celeridad que el Gobierno trata de imprimir a los contactos entre las partes, la amenaza de una nueva frustración en la búsqueda de un compromiso nacional para combatir el desempleo.

De hecho, mientras Comisiones Obreras aún no se ha entrevistado con la patronal -lo que demuestra las reticencias de CEOE a los proyectos gubernamentales, auténticos inspiradores de los contactos que tienen lugar estos días-, UGT parece coincidir con la patronal en la necesidad de profundizar en la vía del acuerdo-marco interconfederal, aunque tan sólo fuera para no perder el protagonismo que este pacto ha deparado a la central socialista.

La última sugerencia gubernamental en orden a conseguir un recorte salarial bajo la contrapartida de mayor inversión pública para generar empleo -filtrada ayer a Europa Press- señala que «un 11% o 12% de inflación haría posible algún crecimiento económico, especialmente si es reforzado por el esfuerzo inversor público y la animación del privado».

«Con grandes esfuerzos en la estructura presupuestaria», se señala en el razonamiento gubernamental recogido por la citada agencia, «podría llegarse a unos 850.000 millones de pesetas de inversión pública reflejada en los Presupuestos, lo que supone unos 180.000 o 200.000 millones más que en el presente año. Así, la inversión pública continuaría el esfuerzo iniciado en 1981 para aumentar el 31 %. Los agentes inversores que reciben transferencias del Estado (ayuntamientos, INI) agrandarían el margen».

Extrapolando las tendencias actuales, los cálculos de Economía y Hacienda señalan que el déficit público presupuestario se situaría en 600.000 o 700.000 millones de pesetas (435.000 millones en 1981). Ello es consecuencia de un método de trabajo que mantiene los actuales crecimientos cuando no hay otras hipótesis fiables. Así, las pensiones crecerían, como este año, en porcentajes similares a los salarios, y la aportación del Estado a la cobertura del subsidio de desempleo cumpliría el 40% fijado en la ley de Empleo, lo que supondría una transferencia total de 120.000 millones de pesetas.

De esta forma -continúan los referidos razonamientos gubernamentales-, se saldarían las aportaciones del Estado a la financiación de la Seguridad Social, sobrepasándose en 1982 el 10%.

Al mismo tiempo, la presión fiscal crecería menos que en los ejercicios anteriores, pues se mide sobre porcentajes de producto interior bruto, y éste aumenta poco.

Por otra parte, cada año es más difícil conseguir el incremento de la presión a través de la mejora en la gestión de los impuestos. En 1980 creció el 0,7% o el 0,8%, y para 1981 cabe esperar algo menos, en torno al 0,5 %.

La mayor parte de estas estimaciones, de acuerdo con las referidas fuentes gubernamentales, habrían tenido una favorable acogida entre las fuerzas sociales a las que les han sido expuestas.

Las mismas fuentes reconocen ahora que los contactos que tienen lugar de manera bilateral entre sindicatos, patronal y Gobierno tienen carácter exploratorio, sin que haya comenzado la negociación propiamente dicha.

Hay voluntad de diálogo

«Se planteó a los sindicatos la necesidad de que los salarios queden dos o tres puntos por debajo del índice de precios al consumo -añadieron las citadas fuentes gubernamentales-, y ellos no se levantaron de la mesa. Hay voluntad de diálogo y se puede llegar a acuerdos».

No obstante, este idílico panorama no parece ser compartido por las fuerzas sociales, especialmente CEOE y UGT, formaciones ambas que vienen manteniendo contactos regulares en línea con la política de concertación establecida en el Acuerdo Marco Interconfederal.

Mientras UGT ha sido informada por el Gobierno de su disposición a incrementar la inversión pública en un 25%, como contrapartida política a su sacrificio salarial, la patronal considera inaceptable que los 320.000 millones de pesetas que habría que añadir a lo presupuestado este año para inversión pública, con el fin de alcanzar aquel objetivo, pudieran salir, en su mayor parte, de una creciente presión fiscal.

La central socialista, de otra parte, ve con recelo una mayor atención gubernamental hacia CC OO, lo que impediría profundizar en la negociación CEOE-UGT y daría un protagonismo a la central comunista del que hoy carece, frente al sindicato socialista, en su mayor parte por su autoexclusión del Acuerdo Marco Interconfederal.