Nuevo conflicto por la apertura de un mercado provisional

El alcalde de Bayona decidió ayer por la mañana el derribo de la vieja plaza de abastos de la villa, en la que veintitrés vendedoras habían permanecido encerradas durante veinticuatro días. Sin embargo, la Consejería de Sanidad y Seguridad Social de la Junta de Galicia había ordenado expresamente al alcalde que mantuviese en servicio la plaza de abastos, ante el peligro que para la salud pública suponen las nuevas instalaciones provisionales habilitadas para trasladar a ellas a los vendedores de la antigua plaza. La orden de la Consejería de Sanidad implicaba la clausura de estas nuevas instalaciones.Ante esta situación, el grupo de vendedoras y el comité local de UCD enviaron un telegrama a la Junta de Galicia y al Gobierno Civil de Pontevedra protestando por la decisión del alcalde, que contraviene la orden dada por las autoridades sanitarias. UCD decía en su telegrama: «Duele y avergüenza que alcalde de Bayona se ría de la Xunta y de sus órdenes. Pedimos urgente justicia».

Ayer todos los vendedores se encontraron con que la vieja plaza de abastos comenzaba a ser demolida, por lo que la actividad comercial tuvo que realizarse en las instalaciones provisionales que, a juicio de las autoridades sanitarias, ofrecen un peligro inminente y grave para la salud pública. Estas instalaciones, en las que el Ayuntamiento de Bayona se ha gastado ya diez millones de pesetas, se hicieron sin ningún asesoramiento oficial en materia de higiene y sanidad, y sufren múltiples deficiencias, entre ellas, la falta total de ventanas en la primera planta, ausencia de desagües, servicios higiénicos absolutamente inadecuados y otros problemas derivados de una construcción poco ortodoxa según el fin propuesto. Como consecuencia de ello, existe un informe de las autoridades sanitarias de la provincia en el que se pone de relieve, de nuevo, que las instalaciones no reúnen las mínimas condiciones higiénicas y sanitarias.

En cualquier caso, el Ayuntamiento está obligado a someter cualquier instalación, provisional o definitiva, a una inspección y autorización de los responsables de la Sanidad provincial antes de que entre en servicio, tal como se le recordó al alcalde en una comunicación de la Consejería de Sanidad, de la que también Rodríguez Quintas ha hecho caso omiso.

Cuando parecía que las tensiones se iban a reducir, al llegarse a un acuerdo entre el alcalde y las vendedoras encerradas, la situación vuelve a agravarse hoy, puesto que está prevista una nueva reunión para tratar sobre el tema de las garantías para el retomo a la plaza nueva.