Una huelga indigna

LA HUELGA de los médicos del Hospital Provincial amenaza con desencadenar un paro generalizado en el sector público de la salud y de la asistencia sanitaria en toda España, propiciado y organizado por la Confederación de Sindicatos Médicos, a partir del próximo lunes. Ni qué decir tiene que esa eventual y condenable huelga sólo afectaría a los servicios que presta la clase médica a los ciudadanos afiliados a la Seguridad Social o que se ven obligados a recurrir a los centros de beneficencia. La dignidad de los médicos huelguistas no resultaría en ningún modo afectada ni en sus consultorios personales ni en las clínicas organizadas como negocio privado. Pueden tranquilizarse todos aquellos enfermos, o simplemente aprensivos, que teman un colapso de la asistencia médica en la próxima semana, pero que dispongan de medios económicos suficientes para pagar de su bolsillo los honorarios de una consulta, una operación o un análisis. La huelga sólo va a ser apreciada y sufrida en lo que merece por quienes se ven forzados, por falta de recursos, a ejercer los escuálidos derechos que le otorga su cartilla de Seguridad Social, pagada por las cotizaciones que gravan sus ingresos y por los gastos generales de las empresas.El fulminante de esa eventual huelga es el conflicto del Hospital Provincial madrileño, en el que las tentativas de la Diputación, encaminadas a poner cierto orden en el centro asistencial, a suprimir los abusos de un sector del personal que utilizaba la clínica privada en su propio beneficio durante la jornada laboral y a reorganizar los servicios en provecho de los usuarios, han tenido como respuesta el rechazo corporativista de un grupo de doctores.

Un sector minoritario, en el que no faltan ultraderechistas de triste fama, ha logrado embarcar a buen número de sus compañeros mediante la hábil manipulación de las reivindicaciones laborales, los enfrentamientos personales y la demagogia barata. El resultado final ha sido ese plante generalizado que, dejando aparte los discutibles criterios que convertirían en formalmente ilegal la huelga, atenta contra los elementales principios de la profesión médica. Causa un invencible bochorno el espectáculo de un hospital público semiparalizado por culpa de una minoría de profesionales de la medicina para quienes la defensa de sus privilegios y el rencor contra las autoridades de ideología política distinta a la suya les ha llevado a embarcar a sus colegas, manipulados de infame manera, a una huelga cuyas únicas víctimas son los modestos usuarios de esos servicios asistenciales.

No deja de ser hasta cierto punto lógico que una parte de la clase médica luche contra la implantación de un régimen civilizado de incompatibilidades, destinado a impedir que una misma persona cobre del erario público por varios conceptos, o que considere su condición de funcionario como una merced vitalicia que no le obliga a trabajar, pero que le da derecho a cobrar. Esta lamentable actitud no hace sino prolongar y hacer suyo el pésimo ejemplo ofrecido en su día por el portavoz del grupo parlamentario de UCD para sabotear el proyecto de ley enviado al Parlamento por el Gobierno para regular el escandaloso pluriempleo estatal de políticos y funcionarios, que redondean en ocasiones elevados ingresos mensuales haciendo compatible en el cobro tareas de imposible cumplimiento simultáneo. Si un político centrista puede llevarse a su casa, sin el menor remordimiento, el dinero de los contribuyentes a través de vías múltiples -como parlamentario, como concejal, como funcionario, como consejero de una o de varias empresas públicas, como asesor de uno o de varios ministros, etcétera-, siempre habrá otros dispuestos a justificar sus propias. indelicadezas o abusog con ese precedente. En este sentido, el Poder Ejecutivo y el Grupo Parlamentario Centrista, en vez de arrugarse ante la furiosa ofensiva corporativista de los sindicatos médicos, debieran tomar ejemplo de. la actuación de la Diputación Provincial de Madrid en el caso del Hospital Provincial y abstenerse de realizar una interpretación sesgada y deformada del conflicto en ese centro. Porque sólo comportamientos similares en el ámbito de su competencia devolverán credibilidad a la gestión pública y permitirán a los ciudadanos rellenar sus declaraciones del impuesto general sobre la renta con la certidumbre moral que de verdad el presupuesto es de todos y no de unos pocos que ordeñan el Tesoro como si de una propiedad semoviente particular se tratara. Si el Gobierno no es capaz de acabar con la corrupción, no debe serlo tampoco de esgrimir motivos morales para el pago de impuestos.

Tirios y troyanos coinciden, curiosamente, en afirmar que la sanidad en España es una especie de puerto de arrebatacapas, un dinosaurio muerto de pie y un servicio público cuyos inflados costes paren un ratón a la hora de la eficiencia y de las prestaciones a los usuarios. La prohibición de simultanear dos empleos con el mismo horario, medidas administrativas destinadas a impedir el uso de instalaciones públicas en beneficio privado, la exigencia de que se cumplan los horarios y la evitación de otros abusos de índole semejante es un programa que rebasa los planteamientos partidistas y se inscribe simplemente dentro del sentido común, de la moral ciudadana y de la auténtica dignidad de la propia profesión médica. Que la obvia imposibilidad de que los seres de carne y hueso disfruten del don de la ubicuidad no haya sido todavía oficialmente reconocida en las páginas de la Gaceta o que los colegios médicos no colaboren en la solución del grave problema del desempleo de los jóvenes médicos a través de medidas que impidan la acumulación de cargos no trabajados pero cobrados por algunos padrinos de la profesión puede facilitar la labor manipuladora de los organizadores de la huelga, pero habla muy poco en favor de seductores y seducidos.

En cualquier caso, el desafio que implica para la Diputación de Madrid la huelga en el Hospital Provincial y para el Gobierno y la sociedad española entera el eventual plante anunciado para el próximo lunes puede tener consecuencias incalculables para la estabilidad de nuestra precaria convivencia. Estamos seguros de que una considerable parte de la clase médica tendrá el suficiente sentido de la responsabilidad profesional, de la moral ciudadana y de la solidaridad humana como para no lanzarse a esa impresentable aventura.

La firmeza y la coherencia de la Diputación de Madrid, de la presidenta del Consejo de Administración del Hospital Provincial, del director de ese centro médico y de los profesionales que no han secundado la huelga merecen, en estos difíciles momentos, la solidaridad, el respeto y la admiración de todos los ciudadanos de cualquier ideología política que desean que sus aportaciones como contribuyentes sean administradas con transparencia, eficacia y honestidad.