El Gobierno recurre contra la ley de diputaciones catalanas

El Gobierno tomó ayer «los acuerdos necesarios» para interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley del Parlamento catalán sobre transferencia urgente y plena de las diputaciones catalanas a la Generalidad. Esta es una de las decisiones más destacadas de la reunión del Consejo de Ministros de ayer, en la que se produjeron numerosos acuerdos de trámite y la designación de numerosos altos cargos.Según la información oficial facilitada, el Gobierno ha actuado «de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la ley orgánica del Tribunal Constitucional» a los efectos de interponer el recurso citado. Poco después de adoptado el acuerdo, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad se reunió en su sede de Barcelona durante hora y media «de forma inesperada y urgente», según Europa Press.

Al término de la reunión, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad emitió una declaración en la que asegura que ha cumplido con la legalidad vigente y que la presunta inconstitucionalidad de la ley del Parlamento catalán «sólo podría ser declarada por el Tribunal Constitucional».

El Consejo de Ministros acordó la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley para la adaptación y perfeccionamiento del sistema tributario de asociaciones, agrupaciones y uniones temporales de empresas. Aprobó el texto refundido del impuesto sobre el lujo, un decreto sobre actualización de valores en activo de las sociedades en desarrollo de la ley de Presupuestos de 1981 y otras disposiciones sobre modificación de instrucciones y aprobación de nuevas tarifas de licencias fiscales de actividades comerciales e industriales y de profesionales y artísticas. Por otro decreto, el Gobierno actualiza los activos a efectos del incremento patrimonial del impuesto sobre la renta de las personas físicas, con el fin de corregir los fenómenos producidos por la inflación en los años 1979 y 1980.

El Gobierno declaró urgente la convocatoria de oposiciones para cubrir 54 plazas de la carrera fiscal, y aprobó los expedientes para construir un edificio para juzgados en Palma de Mallorca (por más de 178 millones de pesetas) y un nuevo centro penitenciario en el Puerto de Santa María (Cádiz) por más de 960 millones de pesetas. Los expedientes aprobados correspondientes a Obras Públicas y Urbanismo ascienden a más de 7.660 millones de pesetas, y los correspondiente a Educación y Ciencia, más de 486 millones de pesetas.

Tras conocer el informe de diversos departamentos sobre la situación creada por la sequía, el Gobierno acordó que se celebre una sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Protección Civil.

El Consejo de Ministros aprobó el gasto del Fondo Nacional de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social para 1981, por un importe de 48.211 millones de pesetas, de los que más de 23.000 millones se destinarán a ancianos, y otros tantos a minusválidos. Las ayudas mensuales a ancianos y a enfermos e incapacitados carentes de pensiones se han elevado de 4.000 a 5.000 pesetas, con un incremento anual de 5.040 millones de pesetas.

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