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No destrocen su "pedigree"

A pocos días de que pueda consumarse el brutal atentado a la libertad de expresión que supone la aprobación de una norma en virtud de la cual puede cerrarse un periódico o una emisora y confiscar sus instalaciones, hay que recordar, al que de verdad tenga un espíritu democrático que su voto favorable manchará definitivamente su pedigree político. La grandeza de la de mocracia está en el respeto al pluralismo, hasta el punto de que, a veces, la democracia hace peligrar al Estado. Sin duda, para la firmeza del Estado, el absolutismo y la dictadura son mejores sistemas; pero, cuando en honor del pueblo y por repleto a la nación, se elige la democracia, aun con sus riesgos, no cabe introducir en ella exclusiones, ni dogmatismos, ni anatemas. En la democracia todo el mundo tiene voz, todas las opciones son respetables y cualquiera tiene derecho a ser oído, sin perjuicio de que sólo la voz mayoritaria es la que tiene la facultad de gobernar y legislar. También los enemigos de la democracia tienen derecho a opinar y a proponer otro sistema como mejor. ( ... )En un Estado de las Autonomías cabe recordar al Ejército el artículo 8 de la Constitución; cabe hacerlo, tanto para ofrecerle una interpretación que le incite a respetar las manifestaciones estatutarias reg¡onales como a convencerle de que los Estatutos rozan la integridad territorial. Desde luego, en uno y otro caso, no sería lícito pedir a los militares un golpe de Estado, pero sí absolutamente democrático imbuirles la idea de que, por sus canales naturales, deben hacer llegar al mando supremo su opinión y la necesidad de tomar medidas constitucionales.

En la Constitución española está suficientemente clara esa libertad de expresión y clara también la sanción que merece quien no se limita a dar su opinión, sino que la intenta imponer con acciones delictivas o apología de quienes lo pretendan, al margen de la norma fundamental. Por eso sorprende que el ministro Ordóñez quiera, ahora, emascular a la clase política, haciéndola cómplice de aprobar una ley anticonstitucional mediante la que se restringe aquel derecho. No deja de ser curioso que, en su empeño, esté apoyado por declaraciones, entre otros, de Carrillo y de Felipe González.

26 de marzo

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