El Gobierno estudiará hoy el proyecto de creación del Ente Petrolero Español

El Consejo de Ministros estudiará, en la reunión que celebrará hoy en el palacio de la Moncloa, el proyecto de creación del Ente Petrolero Español, organismo que pretende agrupar a todas las empresas del sector participadas por el Estado. Aunque no se espera que hoy se llegue a ningún acuerdo concreto, existen tres modelos en los que basar el diseño del futuro ente.

La primera pasa por una nacionalización total del sector, forzando a los socios privados a vender sus participaciones. La segunda tendría como objetivo la formación de tres grandes grupos, uno público, uno privado y otro mixto, en el que tendrían cabida las empresas que cuentan con participaciones públicas y privadas. La tercera posibilidad pasa por la creación de dos grandes bloques, en el primero de los cuales sería fundamentalmente privado, aunque con pequeñas participaciones públicas y; en el segundo, tendrían cabida las participaciones estatales, junto, con una minoría de privados.La ordenación del sector energético en nuestro país es un viejo proyecto que en los últimos meses fue animado por el propio Leopoldo Calvo Sotelo en su etapa de vicepresidente económico y cuyo desenlace frenó la dimisión de Adolfo Suárez y los sucesos del 23 de febrero pasado.

De nacionalizaciones, nada

De los tres modelos que se plantean, el primero, es decir, el que propone una nacionalización total del sector, y que estaría patrocinado por alguno de los ejecutivos al máximo nivel de Campsa, es el que, en principio, parece contar con menos posibilidades de salir adelante. Los importantes intereses que tienen los grandes grupos; financieros en las compañías privadas más importantes del sector (el Banco Central está detrás de CEPSA, el Banesto domina Petromed y el grupo Hispano- Urquijo controla Explosivos Río Tinto) y el diseño liberal de política económica del presidente Calvo Sotelo, hacen difícil pensar que esta opción pueda ser aprobada.Además, la propia importancia de las compañías privadas en el sector de Hidrocarburos hace difícilmente viable esta operación, incluso por los altos costes que supondría. El sector privado controla el 16,21 % de la flota petrolera española, las refinerías tenían a finales de 1978 una capacidad de almacenamiento que se aproximaba al 36% del total nacional, y en 1979 adquirieron el 39% de los crudos importados, mientras proporcionaban a Campsa productos que cubrieron el 32% del consumo interior.

Por si esto fuera poco, las tres grandes compañías privadas -CEPSA, Petromed y Explosivos Río Tinto- están acometiendo unas fuertes inversiones para la instalación de plantas de transformación de crudos pesados en ligeros (FCC), que suponían en 1980 más de 25.000 millones de pesetas en su conjunto.

La posibilidad de modelar el sector en base a tres grandes grupos, uno público, otro privado y un tercero mixto, contaría con las bendiciones de parte de las compañías privadas, por cuanto se diluiría la participación de las compañías privadas, sobre todo en los aspectos de comercialización y distribución, sin los cuales los privados se verían abocados a una posición secundaria insalvable.

El grupo público englobaría empresas tales como Enpetrol, Hispanoil y Eniepsa, participadas mayoritariamente por caudales públicos. En el privado tendrían cabida CEPSA, Petromed y Explosivos Río Tinto. Del mixto formarían parte Petronor, Petroliber, Campsa y las empresas englobadas en la futura Corporación de Hidrocarburos.

En principio, este último grupo sería el encargado de los canales de comercialización y, dado que en Petronor tienen participación los bancos de Bilbao y Vizcaya, y en Petroliber los grupos Central y Fierro, se garantiza la participación de los privados en la distribución.

La tercera propuesta, es decir, la de dos grandes bloques, uno mayoritáriamente público, pero con alguna cuña de los privados, y otro privado, con adherencias de algunas participaciones públicas, es visto con particular cariño en círculos próximos a la Administración.

En este diseño existen dos compañías claves, Petronor y Petroliber. Las dos cuentan con importantes participaciones públicas, Campsa tiene en un 33,2% de la refinería vasca, mientras que el Patrimonio del Estado cuenta con el 54% de la gallega. Las dos cuentan también con participación de capital extranjero, un 34% del capital de Petronor está en posesión de la compañía estatal mexicana de petroleros Pemex, y el 28% de Petroliber lo detenta la Marathon. Las participaciones privadas de capital español se concretan en un 10,5% cada uno dé los bancos de Bilbao y Vizcaya, más un 5,9% cada una de las cajas de ahorros vizcaínas. En Petroliber son los grupo Fierro y Banco Central quienes detentan el 18% restante.

La importancia de estas dos compañías viene dada por su carácter mixto, y sobre ellas habrían de girar cualquiera de los dos últimos diseños. En el caso de que se estableciese un grupo mixto públicas- privadas, con la comercialización de los derivados de los crudos a su cargo, estas dos sociedades serían auténticamente su columna vertebral. Si triunfase la tesis de los dos bloques, estas serían las empresas-cuña.

Mientras las cosas parecen tranquilas en la refinería gallega, Petronor hay desatada una silenciosa guerra por su presidencia. En la actualidad, el Consejo de Administración de, la empresa de Somorrostro está sin presidente, desde que el pasado mes de enero cesó en su cargo el antiguo ministro de Comercio, Nemesio Fernández- Cuesta. Los accionistas mayoritarios de la compañía, Pemex, propusieron a Roberto Centeno, consejero delegado de Campsa, por indicación de los representantes del monopolio, según algunas versiones recogidas por EL PAIS.

La propuesta de Centeno para la presidencia de Petronor fue rápidamente contestada en la capital vizcaína, donde medios próximos al Partido Nacionalista Vasco desataron una ofensiva contra su persona, señalándole como el representante de los intereses del Gobierno central en la refinería vasca. Ante estas reticencias, surge el nombre de José Miguel de la Rica como posible candidato a la presidencia, posibilidad que los socios mexicanos desestiman, según las versiones que circulan por la capital bilbaína. Aparecen, por último, los nombres de Antón de Madariaga, actual director general de Petronor, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, y hombre próximo al PNV, y Enrique Sendagorta, primer presidente de la compañía y miembro de una de las familias tradicionales del Banco de Vizcaya.

La posibilidad de que la participación privada fuese ampliada a alguno de los otros bancos con intereses en el sector, por vía de una cesión de la participación de Campsa en Petronor, y que se daba como posible, ha sido desmentida por las partes interesadas.

Fuentes próximas al Ministerio de Hacienda manifestaron a este diario que no se veía la posibilidad de que la Compañía Arrendataria del Monopolio vendiese parte de sus acciones a cualquier otro grupo. Fuentes del sector privado afirmaron que la posibilidad de adquirir una participación en Petronor se corresponde con un antiguo proyecto anterior a la adquisición por Campsa de la participación de la multinacional norteamericana Gulf.