El Gobierno vasco estima que las medidas entran dentro de las competencias "ordinarias" del Estado
Mientras Unión de Centro Democrático (UCD) y Alianza Popular (AP), con pequeños matices diferenciales, calificaban ayer de «muy positivas» las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno, tras la última escalada terrorista en el País Vasco, Euskadiko Ezkerra, Partido Socialista y Partido Comunista -sin atreverse a rechazarlas- constataban los peligros que pueden derivarse de las mismas. El Gobierno vasco, por su parte, indicaba que las medidas «entran dentro de las competencias ordinarias del Estado y no configuran precisamente una situación especial de excepción o de sitio». «Confiamos», diría Carlos Garaikoetxea, «que la presencia de las Fuerzas Armadas no sea progresiva y que responda únicamente al propósito que se ha manifestado».El portavoz del Gobierno vasco había anunciado por la mañana que antes de hacer públicas las medidas especiales, el Gobierno central no había consultado las mismas con el Ejecutivo vasco, «aunque sí fuimos debidamente informados de las mismas. La adopción de estas medidas, que no relevan precisamente de competencias transferidas, forman parte de las competencias ordinarias del Estado».
«El Gobierno vasco desea dejar claro que estas medidas no tienen por qué afectar a los derechos individuales de los ciudadanos y desde luego no interfieren en las competencias del poder civil en general y del Gobierno vasco en particular».
Por su parte, Carlos Garaikoetxea afirmaría a última hora de la noche, en una improvisada conferencia de Prensa, que en la entrevista que hoy celebra con el presidente del Gobierno, solicitará amplia información sobre el contenido y el alcance de las medidas para que su cumplimiento sea estricto. «Tenemos», afirmó, «Iógica preocupación de lo que son o deben ser actuaciones muy concretas de las Fuerzas Armadas en fronteras puedan significar el inicio de una presencia progresiva del Ejército, porque la provocación de los terroristas la faciliten. Por ello, desearíamos que la labor de las Fuerzas Armadas fuera de control de puestos fronterizos y no de presencia progresiva inevitable del Ejército en Euskadi».
Matizaciones de la izquierda vasca
Mario Onaindía, secretario general de Euskadiko Ezkerra, que coincidía con el Gobierno vasco en la opinión de que sería muy perjudicial para la normalización política de Euskadi y el desarrollo del Estatuto medidas de excepción, consideraba las disposiciones adoptadas por el Gobierno español contra el terrorismo «más bien como un gesto que no va a afectar demasiado a los ciudadanos». «Habría que distinguir», señaló, «el significado entre una junta de seguridad en la que hay uná participación del Ejército a nivel de dirección de la lucha contra organizaciones armadas y el envío de soldados a la frontera, que creo que es una medida peligrosa por lo que eso puede afectar al Ejército. Si ETA Militar ha apostado por lo que parece por la provocación a las Fuerzas Armadas, sería darle más facilidades».En esta misma línea se mostraba el secretario general del PC de Euskadi, que consideraba que las medidas adoptadas en relación con la participación militar en el orden público pueden ser una equivocación, «ya que pueden permitir un enfrentamiento directo entre el Ejército y ETA, y si es así constituiría una victoria para ETA y sus objetivos estratégicos».
«Creemos», añadió Lertxundi, «que puede ser una equivocación grave en la medida que pensamos que por ese lado no va a venir ningún tipo de soluciones y que parecen más bien una concesión de carácter global a opiniones de los jefes del Ejército».
UCD del País Vasco, por medio de su representante Jaime Mayor Oreja, calificaba como «importantes y eficaces» las medidas del Gobierno, pero añadía que un factor importante, trascendental, para que obtuvieran su fruto, radica en la colaboración del pueblo vasco en la acción antiterrorista.
