Buenas palabras
La ofensiva diplomática española, consecuencia del fallido golpe de Estado, está obteniendo una magnífica cosecha de declaraciones y apoyos verbales en la Europa comunitaria. La Comisión, el Parlamento de Estrasburgo, el propio Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los diez. Lástima que, por el momento, sólo se pueda hablar de apoyos morales, sin claras consecuencias prácticas. Los diplomáticos europeos -no es cosa de ahora ni exclusiva en sus relaciones con España- parecen haber aprendido su oficio en la escuela del Vaticano, y como los cardenales de la Santa Madre Iglesia Católica, son capaces, con prodigiosos encajes de bolillos, de producir documentos donde no sobra ni falta una coma, pero cuyo contenido práctico no pueden desentrañar ni los más avezados exégetas.La Comunidad -lo aprobó el pasado lunes- está dispuesta a intensificar las negociaciones para la adhesión de España al Mercado Común. ¡Albricias! Pero ¿qué significa intensificar? El Parlamento Europeo, sin el apoyo de gaullistas y comunistas franceses, había sugerido otra palabra, acelerar, que admite menos ambigüedades. Los ministros de Asuntos Exteriores corrigieron a los simples diputados, y siempre que meten la pluma debemos preguntamos por qué.
Hay que reconocer que el momento político elegido por el Gobierno de Madrid para pedir un nuevo impulso a la negociación no pueda ser peor: las elecciones francesas están a la vuelta de la esquina, la batalla por el aumento de los precios agrícolas comienza la semana que viene, el Reino Unido sigue impidiendo la regulación de las actividades de pesca y nadie sabe aún cómo ,arreglar los problemas presupuestarios del Mercado Común.
Pese a ello, y es de agradecer, han aprobado una declaración. Bien es verdad que al hacerlo a nivel de ministros no dejan la molesta papeleta a los jefes de Gobierno y de Estado, que se reúnen el próximo día 23, en Holanda. Y, además, el documento n.o compromete a nada. Si la CEE quisiera, de verdad, asegurarse la adhesión de España para 1984 -antes es impensable-, tiene en sus manos la llave: asoiiarnos a las negociaciones internas para la reforma de la política agrícola y presupuestaria. De esta forma, cuando los comunitarios lleguen a un arreglo, todo estaría ya hablado y discutido con Madrid, y la firma podría producirse en dos meses. Eso, desechando la hipótesis más favorable -y claramente utópica-, que sería disociar la adhesión de España de la reforma interna de la política agrícola.
Pero nadie ha defendido la primera posibilidad, ni tan siquiera en él Parlamento, donde los socialistas tuvieron que retirar, en aras de la ansiada unanimidad, un documento en el que, se pedía la concertación paralela con Madrid y Lisboa.
Un alto funcionario de la CEE se preguntaba ayer, sorprendido: ¿Piensan ustedes, seriamente, que los diez van a olvidar la defensa de sus propios intereses y mostrarse más generosos con respecto a los productos agrícolas españoles porque han sufrido un fallido golpe de Estado?
Los comunitarios -es fácil apreciarlo en los pasillos del Consejo de Ministros- tienen las ideas claras: si España quiere dar un contenido práctico a la intensificación, la puerta está abierta: -«Déjense ustedes -y no nosotros- de poner pegas con el impuesto sobre el valor añadido, esperen siete a diez años a poder vendernos libremente tomates y lechugas, entren ustedes, en definitiva, como han hecho los griegos, sin plantear mayores problemas, y entonces sí podremos avanzar más rápido y firmar en 1982».
Mientras los franceses reeligen o no a su presidente, mientras la CEE se pone de acuerdo en sus cosas, el Gobierno español tiene tiempo para pensarlo. Difícil papeleta para el ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, que ha desplegado -y piensa seguir desplegando, según sus palabras- una frenética actividad bilateral, aunque existen pocas esperanzas de que París o Roma (ltalia, pese a que se mantiene en sllencio, teme las condiciones de la adhesión de España) modifiquen su postura. Sin contar con los problemas cotidianos e inmediatos a los que hay que hacer frente como el primer regalo que nos ha hecho la CEE después del fallido golpe de Estado: la segura convocatoria antes de Semana Santa de la comisión mixta de seguimiento del acuerdo de 1970.
España ha hecho todo lo posible para impedir las sesiones de esta comisión, que de hecho no se reúne desde 1979, porque sabe que es un examen difícil de aprobar. El balance del acuerdo es claramente positivo en los últimos anos para nosotros, gracias, entre otras cosas, a que nuestras leyes continúan protegiendo determinadas exportaciones. Esta vez no hay que echarle la culpa a París. Ha sido el Reino Unido, preocupado por las ventas de vehículos españoles en su mercado, el que se ha mostrado inflexible.
