En defensa de la Constitución

LOS ENEMIGOS de las instituciones democráticas tratan a veces de explotar en su beneficio la contradicción, supuestamente inherente a los sistemas pluralistas, entre la garantía de los derechos cívicos, que asegura su ejercicio a todos los miembros de la colectividad, y la negación o el recorte de las libertades a quienes se proponen utilizarlas precisamente para destruir el marco político y normativo que las hace posibles. La cuestión, desgraciadamente, no puede ser ya en España objeto sólo de un debate académico circunscrito a denunciar las falacias de la argumentación de los que buscan en las libertades el talón de Aquiles de los regímenes democráticos para mejor preparar su arrasamiento y su sustitución por una dictadura. La ley orgánica que el Gobierno envía a las Cortes para modificar el Código Penal instala en el terreno de los hechos la defensa de la Constitución y de la democracia.En el País Vasco, las bandas armadas de ETA tratan de aprovechar los intersticios de la legalidad para promover desde su terreno los apoyos necesarios para proseguir sus acciones terroristas y desestabilizadoras. En este caso, Francia, pese a su, resuelta negativa a conceder a los vascos de los Pirineos atlánticos un régimen de autogobierno, es un escenario todavía más propicio que España para ese mortífero doble juego. El horizonte inmediato de ETA es el golpe de Estado, ya que su enloquecida, estrategia apuesta a favor de una dictadura militar que, al suprimir las instituciones de autogobierno en Euskadi y las libertades en el resto de España, crearía esas célebres y funerarias condiciones objetivas para la espiral acción-represión-acción que los etarras consideran como el bálsamo de Fierabrás de la historia. Las bandas armadas de ETA siguen matando para que un golpe de Estado multiplique por mil la carnicería y ese siniestro humus de cadáveres devuelva su supuesta, conciencia perdida a los hombres y mujeres que en nuestro país han optado por las libertades en vez de por las abstracciones totalitarias.

Esas provocadoras acciones asesinas, de las que han sido víctimas oficiales de las Fuerzas Armadas y miembros de los cuerpos de seguridad, pero también periodistas, profesionales trabajadores y empresarios, son aplaudidas, alentadas, encubiertas y facilitadas por ciudadanos que viven en domicilio conocido y que utilizan los intersticios de la legalidad para disfrazar como rutinario ejercicio de la libertad de expresión, de asociación y de reunión lo que en muchas ocasiones es simple complicidad en la brutal ofensiva contra el sistema político y legal que garantiza esas y otras libertades.

En el extremo opuesto del espectro se sitúan otros enemigos del régimen democrático igualmente decididos a destruir el sistema de libertades. No se trata en este caso de miembros de bandas clandestinas que adquieren sus armas en el mercado internacional de los traficantes de la muerte y que viven bajo nombre falso o un cómodo exilio. Estos enemigos de la democracia, por el contrario, nuclean el aparato del Estado e incluso están infiltrados en los institutos militares, de los que reciben no sólo su armamento, sino también la posibilidad de movilizar, en nombre de la disciplina, a cientos o a miles de hombres igualmente armados.

Nunca se insistirá lo suficiente en que el monopolio legítimo de la violencia que la sociedad entrega al Estado no se transmite a los servidores públicos de forma individualizada o como grupo, sino en tanto que institución sometida a las leyes aprobadas por los representantes de la soberanía popular. Por esa razón, el golpe de Estado frustrado del 23 de febrero no fue realizado por un sector de las Fuerzas Armadas, sino por unos individuos que, al convertirse en facciosos, privatizaron para fines sectarios los uniformes, el armamento y los medios materiales que la sociedad les había entregado en custodia, y no en propiedad, para la defensa de las libertades. No hay honor cuando se violan juramentos, ni disciplina cuando se desobedece, se injuria o se agrede a un superior jerárquico, ni dignidad cuando se utiliza la mentira para disimular su felonía. Los sediciosos se han dado de baja moralmente en las Fuerzas Armadas al traicionar con sus acciones los valores y los principios sobre los que descansa precisamente la legitimidad del monopolio de la violencia que la sociedad les había confiado.

También estos enemigos de las instituciones democráticas encuentran alientos, apoyos, complicidades y encubrimientos en ciudadanos que aprovechan el, título I de la Constitución para cavar la tumba del sistema de libertades. Al igual que los golpistas materiales, sus financiadores, ideólogos y encubridores ocupan en ocasiones privilegiados cargos en el aparato del Estado o en el sistema establecido. Políticos en paro desde la desaparición del tinglado verticalista y orgánico, sus nostalgias de las influencias e ingresos perdidos marchan en paralelo con el deseo de recuperarlos y se cultivan en las parcelas de poder que todavía conservan. Aunque enemigos jurados de la libertad de expresión en el pasado, ahora la utilizan con fruición para preparar su desaparición en el futuro. Adversarios viscerales de las instituciones representativas, invocan sus principios para mejor organizar su entierro definitivo.

En este contexto, delimitado por la brutal escalada terrorista de ETA y por el golpe frustrado del 23 de febrero, la iniciativa del Gobierno de enviar a las Cortes un proyecto de ley orgánica para modificar determinados preceptos del Código Penal sólo puede sorprender a quienes la temen. En teoría, el viejo dictum de que no debe haber libertad para quienes se proponen acabar con la libertad posee la capacidad de convencimiento de las evidencias. Refugiarse dentro de la Constitución con el propósito de socavarla y destruirla, mientras hombres armados cercan su edificio para el asalto definitivo, es una maniobra demasiado ruín y visible para ser tolerada. Nadie en su sano juicio puede aceptar que la legalidad constitucional se convierta en campo de amunicionamiento y avituallamiento de terroristas y golpistas o en una escuela pública para la glorificación de los violentos con vistas a la recluta de nuevos cuadros para las acciones. armadas que se proponen destruir por la fuerza el ordenamiento constitucional.

Pero si el universo de la teoría permite a veces divisiones, claras y rotundas, el mundo de los hechos ofrece mayores resistencias para la aplicación inequívoca y rotunda del principio de que no debe existir libertad para destruir la libertad. La defensa de Ia Constitución y la protección de las instituciones democráticas frente a sus enemigos violentos es una tarea inexcusable, pero que debe ser emprendida sin que su realización se aparte de los principios y valores que la justifican. Recortar las libertades de los liberticidas ofrece el peligro de extender las medidas excepcionales más allá de lo conveniente o de aplicarlas fuera del ámbito de los enemigos de la libertad. Pero, sin duda, hemos de correr ese riesgo si no queremos que el sistema democrático se suicide o que acepte la muerte por eutanasia. Una vez que el proyecto de ley se haga público tendremos ocasión de opinar sobre los eventuales peligros que su texto contenga. Adelantemos, únicamente, que la individualización y concreción de los hechos delictivos debe suprimir el riesgo de las descripciones genéricas y abstractas, de difícil aplicación y creadoras de amplios espacios de inseguridad jurídica. Y también que son los violentos y los cómplices de los violentos los únicos enemigos de los que la Constitución tiene que defenderse mediante leyes excepcionales.