La clínica privada está concebida como un negocio particular para los médicos que la atienden

El ejercicio privado de la medicina en el seno de la Ciudad Sanitaria Provincial supone una carga económica para el hospital y un negocio particular para los médicos que la practican, según ponen de relieve los resultados provisionales de la auditoría encargada por la Diputación Provincial. La auditoría recomienda a los responsables políticos recuperar el control de las distintas actividades del hospital, del que la clínica privada es sólo una parte. La Ciudad Sanitaria Provincial es hoy el mayor hospital de Europa, y su presupuesto supera los 10.400 millones de pesetas, casi el 40% del total de la Diputación.

Las conclusiones definitivas del estudio, realizado por Icsa-Gallup serán presentadas el próximo lunes a la comisión de gobierno de la Diputación. José Borrell, delegado de Hacienda y portavoz del grupo socialista en dicho organismo, adelantó a EL PAÍS algunas de las consideraciones más importantes que se recogen en la misma, y de las que se deduce la necesidad de una profunda reestructuración que afectará a todos los sectores, entre ellos el estamento médico y el ejer cicio de la medicina privada.Según declaraciones de Borrell, el objetivo final de la reestructuración consiste en recuperar el control de todas las actividades del hospital, perdido a lo largo de décadas de permisividad por parte de las anteriores corporaciones, y eso implica reducir los costes, que se han disparado progresivamente, acabar con los múltiples casos de irregularidades detectadas a todos los niveles y,orientar las actividades del hospital exclusivamente hacia la mejor atención de los enfermos.

La incógnita de los honorarios

La Ciudad Sanitaria Provincial acoge enfermos provenientes de la beneficencia (personas catalogadas como pobres, sin recursos propios ni poseedores de la cartilla médica), psiquiátricos, cuyos gastos de asistencia tampoco los cubre la Seguridad Social; enfermos concertados en virtud de convenios establecidos por el hospital con la Seguridad Social, ayuntamientos, compañías de seguros, etcétera, y los privados.

Estos últimos pagan la asistencia de su propio bolsillo, pero de acuerdo con unas normas que la Diputación está decidida a modificar profundamente. Los enfermos privados, según especificó Borrell, tienen perfecto derecho a ser atendidos en el centro, cómo en cualquier otro, porque así lo reconoce la normativa legal: «El problema es quién controla la asistencia, quién la cobra y si el sistema actual puede ir en detrimento de los restantes pacientes».

El ejercicio privado de la medicina adopta dos modalidades en la Ciudad Sanitaria, según se trate de enfermos ambulatorios o internados. En el primer caso, las irregularidades se producen en el uso de los medios asistenciales y en el pase de consultas privadas. Según las estimaciones de la auditoría, las consultas privadas se llevaban realizando en horas laborales (hasta que, hace un mes, María Gómez de Mendoza, diputada socialista y presidenta del Consejo de Administración del hospital, ordenó que sólo se atendieran a partir de las tres de la tarde, esto es, tras la jornada laboral). Existen veintitrés consultas privadas en el centro, y cada médico paga al hospital un alquiler, considerado como muy bajo y que se va a subir en breve, por utilizar la consulta correspon diente. Sin embargo, es habitual que la consulta alquilada por un especialista la utilicen también otros, que se ahorran así sus propios alquileres.

El laboratorio de análisis

Particular análisis merece el sistema de utilización de los servicios del hospital. Centrándonos en el caso del laboratorio de análisis, dirigido desde hace más de treinta años por el doctor Agustín Aznar, éste efectua, con las instalaciones del hospital, análisis para enfermos privados internados en la clínica, que se cobran directamente por el citado doctor, el cual informa mensualmente del total percibido, entrega el 50% al hospital y se queda con el resto.

Es de destacar que el doctor Aznar no sólo recibe los análisis a efectuar por los médicos del hospital, sino por los que le envía cualquier facultativo de cualquier punto de Madrid. Según la declaración presentada por el doctor Aznar en 1980, la facturación por análisis de fuera del centro fue de 14.100.000 pesetas, de las que entregó 1.400.000. En cuanto a análisis de enfermos privados, la facturación ascendió a unos quince millones, de los que entregó la mitad. En conjunto, sus beneficios en 1980 habrían sido, por esta actividad, de aproximadamente unos veinte millones.

Consultado ayer el doctor Aznar por un redactor de EL PAÍS en torno a lo anterior, declaró que estas cifras eran absurdas, y que no respondían a la realidad. «Soy el único médico», dijo, «que declara toda la facturación. Puedo afi rmar que las cuentas mías son totalmente limpias. La cifra de los veinte millones es absurda. Es más, mi ejercicio profesional en la Diputación me ha costado dinero, porque yo tenía un laboratorio propio y lo tuve que cerrar cuando me pidieron que ingresara. en la Diputación».

Este organismo, según datos de la auditoría, no tiene forma de comprobar la certeza de estas cifras, ni conoce el coste que le supone la realización de los análisis, ni, por tanto, puede efectuar ninguna retención fiscal, por lo que se deduce que existen irregularidades en esta materia.

La opinión de Borrell coincide con las conclusiones de la auditoría: los análisis deben encargarse al hospital, no a un médico jefe de servicio en concreto, y debe cobrarlos el hospital.

Similar procedimiento se sigue con los enfermos privados internados en alguna de las 140 camas con que cuenta la clínica privada, que no tiene instalaciones propias, por lo que los análisis, radiografías, operaciones, etcétera, se realizan con las instalaciones del centro. El enfermó paga al hospital una tarifa que corresponde teóricamente al coste de su estancia, y directamente al médico sus servicios como tal. La auditoría señala de nuevo su certeza de que esta atención se realiza en gran parte en horas de su jornada laboral, y tampoco se conocen los honorarios percibidos. En 1979 se contabilizaron 39.000 estancias privadas (lo que no supone otros tantos enfermos, ya que se cuenta por días de hospitalización), atendidas en régimen privado por 165 médicos, aunque hay que destacar que doce de ellos acapararon la mitad de aquéllas.

Lo que sí demuestra la auditoría es que los ingresos proporcionados por los enfermos privados no cubren los gastos de asistencia, y arroja la cifra de 107 millones de déficit, ocasionado sólo en los nueve primeros meses de 1980.

Las reformas que adoptará la Diputación pretenden atajar de raíz este orden de cosas: todos los enfermos, privados o no, son enfermos del Hospital, y será la administración de éste quien fije los precios y cobre los honorarios, de acuerdo con unas tarifas, aprobadas y, hechas públicas. El médico recibirá lo que le corresponda, en caso sólo de que imparta sus cuidados fuera de la jornada laboral que le corresponde. «Si no aceptan estas condiciones pueden atender sus enfermos privados en sus propias clínicas particulares, pero no en un centro público saturado de trabajo y financiado con fondos públicos».

Setenta millones en teléfonos

Aunque la auditoría de Icsa-Gallup se fija con cierto detenimiento en la situación de la medicina privada, no deja de reconocer que los problemas del hospital son más amplios y, en conjunto, mucho más graves, y se centran funda mentalmente en el descontrol que impregna casi el ciento por ciento de los departamentos, el desconocimiento de las costes reales desagregados del hospital. José Borrell, interpretando las conclusiones provisionales, destaca que una deficiente financiación por parte de la Seguridad Social ha llevado al endeudamiento del hospital, que sufre ahora una carga de 1.300 millones de créditos a devolver a diversos bancos y a la propia Diputación Provincial.

«La izquierda tiene que acabar con la práctica de no analizar la racionalidad de los costes. Hasta ahora, si hay un déficit se pide más dinero, y mientras haya quien lo dé, nadie se preocupa de más. Esto conduce al empobrecimiento general del país, porque, en definitiva, los presupuestos públicos salen de los impuestos de los ciudadanos. Tenemos dos formas de reducir nuestro déficit: uno es que la Seguridad Social nos aumente sus pagos, adecuándolos al coste real del servicio que se la presta -lo que ya se ha conseguido- y otro es reducir nuestros propios costes mejorando los procedimiento de gestión y fiscalizando el destino de cada peseta. Un ejemplo del despilfarro lo tenemos en algo tan fácil de controlar como las llamadas telefónicas. El hospital paga una factura anual de setenta millones de pesetas, sin que exista un mecanismo que controle las llamadas. Ha bastado instalar un sistema de control automático, por 600.000 pesetas, para que esta situación se palíe en gran parte.