Los políticos italianos tendrán que hacer públicas sus declaraciones de impuestos
El Senado italiano acaba de aprobar una ley de moralización de la vida pública. Ahora tendrá que ser aprobada por los diputados, pero el resultado positivo se da por descontado.Según la nueva ley, todos los senadores, diputados, ministros, subsecretarios, consejeros regionales, provinciales y municipales, dirigentes de empresas públicas, estatales o municipales, tendrán que hacer públicas, antes de tomar posesión de su cargo, y después de haber cesado, las declaraciones de la renta, que estarán a disposición de todos los ciudadanos que deseen consultarlas.
Se trata de una ley que había pedido sobre todo la izquierda, a la luz de los innumerables escándalos financieros que se han ido descubriendo entre los hombres del poder político y estatal.
La Democracia Cristiana, que era reacia a estas medidas por considerarlas demagógicas, no ha podido oponerse abiertamente.
A disposición del público estarán sólo las cifras globales de la declaración, pero no sus detalles. En una palabra, se podrá saber lo que ganan, pero sin conocer la fuente de tales ganancias. Al menos, afirman algunos observadores, la Guardia de Finanzas podrá investigar abiertamente sobre la declaración de la renta de estos personajes políticos, y la opinión pública podrá satisfacer la curiosidad de saber lo que declaran ministros y senadores.
Una reforma más a fondo, como había pedido la izquierda, es decir, que desapareciera la inmunidad parlamentaria para los delitos comunes y que se reformara la actual comisión de investigación parlamentaria para analizar las acusaciones contra los hombres políticos y de gobierno, ha sido aplazada para más tarde.
Mientras tanto, el Senado, después de una discusión de doce horas, ha aprobado el aumento de la subvención del Estado a los partidos políticos, que sube de 4.500 millones de pesetas a 7.400 millones, para ajustarse al coste de la vida.
Por lo que se refiere al sueldo de los diputados y senadores, se está discutiendo un aumento de 50.000 pesetas mensuales a cada uno, a lo que se opone toda la izquierda.
Para contrarrestar estas medidas, que no son muy populares, como lo demostró el referéndum de los radicales, hace dos años, se han aprobado también una serie de disposiciones restrictivas por lo que se refiere a los regalos monetarios a los hombres políticos.
El balance de los partidos será controlado por inspectores nombrados por los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento.
