El invernadero

Cuarenta y cinco minutos son suficientes para saber lo que vale el peine de la libertad perdida. Sobre todo cuando se reflexiona boca abajo, con las piernas y los brazos extendidos sobre la moqueta de un pasillo cualquiera del palacio de las Cortes, con varios fusiles automáticos; apuntando en diversas direcciones a pocos palmos. Esa libertad que algunos sectores demócratas de este país han minimizado, a menudo ridiculizado y con frecuencia subestimado. Esa libertad que tanto costó arrancar y que, sin embargo, parecemos incapaces de conservar e, incluso, de utilizar. Los últimos días de la historia de este país dan, sin duda, materia sobrada para una meditación en profundidad de las fuerzas políticas, sectores sociales y ciudadanos en general, especialmente de las primeras, si es que se quiere, de una vez para siempre, dejar de convivir entre esos fantasmas que periódicamente se corporizan haciéndonos sentir el vértigo de ese infierno civil que es un sistema político sin libertades.No nos engañemos, no se trata de que sobre nuestra joven e imperfecta democracia hayan caído en los últimos tiempos toda una serie de plagas ajenas a ella y como llovidas del cielo (asesinato de Ryan, torturas a Arregui, secuestros de Suñer y de tres cónsules, intento de golpe de Estado y desprecio por los representantes del pueblo, entre otros hechos), sino que, de alguna manera, están saliendo al exterior, como un sarpullido, señales inequívocas de una enfermedad con la que el nuevo régimen no ha querido, no ha sabido o no ha podido enfrentarse: la regeneración moral de un cuerpo social debilitado por varios lustros de dejación de sus responsabilidades, tanto ciudadanas como de índole ético moral. Traspasar en su integridad la culpa de esta auténtica degeneración cívica a las insuficiencias e incapacidades de la clase política, especialmente a la que ha gobernado, es minimizar el problema y, de alguna manera, desentenderse de él. Aquí se ha jugado, hemos jugado todos, a algo tan grave como la, por otra parte evidente, mala gobernación del país: el desprestigio de la libertad y de las instituciones, por supuesto que insatisfactorias, en las que se asienta.

La democracia española se ha criado en un invernadero y con abundancia de material alambicado y con muchos, muchísimos, retales de la dictadura que, conviene recordarlo, fue bastante más que un régimen personal ejercido con dureza por el general Franco. Estratos sociales muy importantes (no sólo el Ejército, no sólo la Iglesia, no sólo la oligarquía) se identificaron con él a lo largo de esos cuarenta años en que el secuestro de las libertades no preocupó demasiado la atención de mucha gente que, más tarde, se encontró con ellas y las utilizó, sin referencias éticas y sin medida, para profundizar, no en la democracia, sino en sus carencias, no en desarrollar las posibilidades que su ejercicio comportaba, sino en el desencanto. El «no es esto, no es esto» apareció apenas a los tres meses de que este país tuviese sus primeras elecciones libres y, desde luego, antes de la Constitución, elaborada por un consenso que rompía los hábitos históricos de un país más propicio a la confrontación que al acuerdo, que fue inmediatamente estigmatizado y, todo hay que decurlo, aprovechado por los políticos para hacer constantes ejercicios nialabares de prestidioltación y de ocultismo ante la opinión pública. La historia de la transición tiene múltiples lecturas, no cabe duda. Sus aspectos negativos y, los más abundantes, positivos. Pero, con la estrecha colaboración del terrorismo (uno de los fenómenos más reaccionarios objetivamente considerados de la moderna historia de España), una crisis económica que nunca dio sensación de estar conducida y una notable tendencia a la trivialización y a la frivolidad en buena parte de la clase política, y de sus aledaños en los medios de comunicación, se decidió

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