Hasta el lunes

EL FRACASO de Leopoldo Calvo Sotelo para conseguir su investidura como presidente del Gobierno por mayoría absoluta en la primera vuelta no es una manifestación de incapacidad personal del candidato, sino un indicio del cambio de rumbo emprendido por Unión de Centro Democrático, a partir de la dimisión, todavía políticamente inexplicada, de Adolfo Suárez. Digamos a este respecto que la embarullada y encrespada tentativa de Agustín Rodríguez Sahagún de presentar como la quintaesencia de la vida democrática la renuncia del presidente en funciones confundió los aspectos formales del trámite de dimisión, apenas regulados, por la Constitución, con su significado político.Unión de Centro Democrático logró para su candidato la mayoría absoluta (183 votos) en la sesión de investidura de marzo de 1979 y esbozó, en el Pleno de la confianza de septiembre, un pacto implícito de legislatura con la Minoría Catalana, a fin de permitir que Adolfo Suárez alcanzara por segunda vez la mayoría absoluta, esta vez con 180 votos. No cabe olvidar que el Grupo Parlamentario Centrista no tiene por si mismo tal mayoría absoluta (actualmente sus 165 diputados ocupan el 47,14% de la Cámara baja), y que sus sufragios populares en marzo de 1979, potenciados parlamentariamente por una ley electoral que te resulta favorable, representaron el 34,33 % de los votos emitidos y el 23,35% del censo. Y tampoco parece ocioso recordar que, a lo largo de 1980, el espectacular revés de UCD en el referéndum andaluz, los resultados de las elecciones a los parlamentos vasco y catalán y el patético naufragio centrista en los comicios parciales para el Senado en Sevilla y Almería han mostrado una firme tendencia a la baja del respaldo popular al partido gubernamental.

Ante ese panorama, la voluntad de Leopoldo Calvo Sotelo de recibir un suspenso en la prueba de investidura por mayoría absoluta (169 votos a favor, 158 en contra y 17 abstenciones) y de resignarse a conseguir el nombramiento de presidente del Gobierno en segunda vuelta y por mayoría simple, aunque impecable desde un punto de vista jurídico -constitucional, ya que el artículo 99 así lo permite, podría parecer, en una perspectiva propiamente política, una decisión bastante arriesgada y algo arrogante. Si Adolfo Suárez buscó con denuedo la mayoría absoluta para su investidura cuando todavía estaban calientes los resultados de las urnas de marzo de 1979 y si en septiembre de 1980 el entonces presidente del Gobierno trató de ampliar sus apoyos parlamentarios, cabría considerar casi como un despropósito que tras los movimientos sísmicos que hicieron temblar a UCD desde el pasado verano, y que culminaron en la enigmática crisis del 29 de enero, el candidato centrista no tenga reparos en aceptar como normal su investidura minoritaria. Actitud esta tanto más sorprendente cuanto que Leopoldo Calvo Sotelo se ha jactado de su firme propósito de llegar incólume, aunque, sea a trancas y barrancas, a las elecciones previstas para marzo de 1983.

No se trata, empero, de una decisión personal del candidato, sino de una opción estratégica adoptada por su partido, que se ha inclinado por la fórmula del Gobierno monocolor con respaldo minoritario en el Congreso, todavía más minoritario si se traducen los escaños en sufragios populares, como consecuencia de un análisis de la situación política general. De un lado, la moción de censura presentada por el PSOE en mayo de 1980 puso de relieve las casi invencibles dificultades que la actual relación de fuerzas parlamentarias crea para que Felipe González llegue a formar Gobierno sin nuevas elecciones. Las esperanzas puestas por los socialistas en una eventual ruptura de UCD, única posibilidad de que se abriera paso una fórmula alternativa, se han mostrado hasta ahora vanas, y no parece probable que lleguen nunca a pasar del estadio de las ilusiones infundadas. Los críticos se consideran moralmente triunfadores del congreso de Palma, los suaristas y martinvillistas se han enmadrado en el aparato del partido y los socialdemócratas no terminan de romper el cordón umbilical con el poder les trate éste bien, regular o mal. De otro lado, el generalizado temor de todos los partidos a unas elecciones anticipadas, al menos antes del próximo otoño, concede un considerable espacio de maniobra a UCD y se convierte en la clave de arco o del semirruinoso edificio del Gobierno monocolor y minoritario.

Por lo demás, también resulta posible aventurar otras hipótesis, más problemáticas pero plausibles, acerca de la estrategia centrista. Por ejemplo, la deriva hacia la derecha de UCD podría permitir a Leopoldo Calvo Sotelo contar con una mayoría de hecho en el Congreso, qué no sería otra que la forma incoada de esa gran derecha que propugnan destacados líderes, tanto de Alianza Popular, como del partido gubernamental. A este respecto, el silencio de Leopoldo Calvo Sotelo ante la intervención de Manuel Fraga puede tener una interpretación que no sea la de su condenatorio disgusto por el tono mitinero, demagógico y ligeramente energuménico del discurso del líder aliancista. Es lógico que a Manuel Fraga le moleste, e incluso le encolerice, la falta de formalización pública en pactos de legislatura y en acuerdos futuros de carácter electoral o gubernamental, del rumoreado tacto de codos entre UCD y Coalición Democrática, ya que quien aspira a una boda solemne y con invitados difícilmente puede conformarse con un noviazgo vergonzante y clandestino. Pero también se comprende que Leopoldo Calvo Sotelo prefiera a las marchas nupciales con Fraga, que le pueden crear serios problemas dentro de UCD, los acuerdos de hecho con Coalición Democrática, que le permitan aprobar su programa legislativo con sus votos, pero sin pactos de legislatura. Tras los sufragios favorables al candidato de Areilza, Osorio y Senillosa, el berrinche de Fraga parece más bien una explosión de su irascible carácter que una decisión con futuro, ya que, quiéralo o no, se verá obligado, por la lógica de los hechos, a sumarse, en un plano subordinado, a esa deriva hacia la derecha del grupo centrista, al que no le faltarán tampoco los votos de la Minoría Catalana y del PNV en el desarrollo de su política económica y exterior.