Cargos públicos del PCA declaran su colaboración en abortos practicados en Sevilla

Varios cargos públicos pertenecientes al Partido Comunista de Andalucía se personaron ayer para declarar ante el Juzgado de Instrucción número 6 de esta capital, que han abortado o colaborado en la realización de abortos en el centro de planificación familiar Los Naranjos, descubierto por la policía sevillana en octubre de 1980. En dicho juzgado se instruyen las diligencias contra los detenidos en aquella fecha.

Entre las personalidades comunistas que acudieron a prestar declaración figuran el parlamentario Felipe Alcaraz, secretario general del PCA, la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Amparo Rubiales, y los concejales del Ayuntamiento de la capital Alfonso Balosa, José Manuel Cervera y Víctor Pérez Escolano. Se recibió, asimismo, un telegrama de apoyo de la presidenta del PCE, Dolores Ibárruri. Por su parte, diversas personalidades del PSOE se muestran dispuestas a efectuar declaraciones semejantes en los próximos días, según fuentes dignas de crédito.También se personaron ante el juez, junto aun numeroso grupo de feministas, representantes de Comisiones Obreras, CNT, Movimiento Comunista andaluz, LCR y LA-PTA, así como feministas independientes, Organización para la Liberación de la Mujer y Colectivo Salud, este último, formado por los promotores del centro Los Naranjos, quienes aseguraron en conferencia de Prensa que «es una tontería negar que allí se hicieron abortos», y anunciaron una segunda fase en la lucha contra el proceso incoado, lucha que dio comienzo, precisamente, con las declaraciones de ayer. A nivel personal mostró su apoyo a estas acciones el ex secretario provincial del PSA en Sevilla, José Antonio Sainz, uno de los expulsados del partido en diciembre último.

Actividad ciudadana

Previamente, un grupo de mujeres había tomado un autobús municipal de Sevilla, en el que desplegó pancartas sobre el caso y explicó a los viajeros, durante el recorrido, el carácter de sus reivindicaciones. Otros grupos realizaron pintadas callejeras, una de las cuales ocupa la fachada principal del palacio arzobispal.El juez titular, Manuel Varillas, confirmó más tarde a un reducido grupo de informadores su intención de pedir a los juzgados correspondientes la práctica de diligencias sobre las 26.000 personas de toda España que han declarado haber abortado o ayudado a abortar, aun sin excluir la posibilidad de que se hayan producido declaraciones falsas, lo que haría incurrir a sus autores en el supuesto de simulación de delitos, previsto en el Código Penal.

Varillas, miembro de Justicia Democrática, indicó que «el hecho de que un delito se cometa con tanta frecuencia es un dato sociológico a considerar, pero no son los jueces los encargados de considerarlo, sino el Parlamento», y subrayó que desconocía que hubiesen desaparecido, como acusan las organizaciones feministas, varias fichas requisadas por la policía en Los Naranjos, entre ellas la correspondiente a la esposa de un guardia civil. El juez precisó que hasta ahora habían acudido a declarar unas setenta mujeres.