Un laudo innecesario pero inevitable

El comité intercentros de Renfe ha conseguido para su plantilla el tercer laudo durante los tres últimos años. Después de casi dos meses de negociaciones para establecer un convenio colectivo, en las que la presidencia de Renfe adelantó a los dirigentes nacionales de las dos centrales mayoritarias en dicho comité (CC OO, 52% de la representatividad, y UGT, el 36%) que el techo máximo de la empresa en lo económico era un incremento salarial del 10%, ayer fue dictado por Trabajo el laudo que pone fin a las negociaciones y restablece la normalidad del servicio ferroviario, repetidamente colapsado durante el último mes como consecuencia de los paros intermitentes que ha venido efectuando su plantilla.El balance negociador para ambas centrales, pues, resulta notablemente negativo e infructuoso para sus bases, embarcadas en una cascada de paros y huelga de celo, cuya última consecuencial -aparte el deterioro registrado por el servicio ferroviario y el consiguiente perjuicio para el usuario- supone la imposibilidad de que la plantilla de Renfe, un año más, pueda regir sus relaciones laborales por un convenio colectivo.

El comportamiento negociador de la dirección de Renfe, cuyo presidente ha mantenido continuo contacto con las direcciones de CC OO y UGT a nivel estatal, aparece ajustado a los más estrictos criterios de dejar libertad a sus interlocutores obreros para el ejercicio del derecho de huelga, hasta el punto de que podría haberse caído en un exceso de aguante para sostener en sus manos la patata caliente de una conflictividad coincidente en el tiempo con la registrada en el transporte aéreo.

Los sindicatos, por su parte, al amparo del derecho constitucional a la huelga como medio de presión para la defensa de sus intereses, han dejado ver, con su posicionamiento a lo largo de la negociación, una perfecta simbiosis entre la representación obrera que ostentan y su servidumbre a intereses políticos, de los que las centrales, en este país, todavía, muestran una clara dependencia.

El recurso sindical a la supuesta inconstitucionalidad del laudo, sobre la base de que su aplicación impide en efecto el derecho de huelga, obvia la necesaria mención a la urgente regulación de este derecho cuando su ejercicio coarta otras garantías constitucionales, como es la libertad de circulación, que se ha visto gravemente afectada y restringida por los paros ferroviarios.

No obstante, la parcela de responsabilidad que compete a los sindicatos, tanto en lo que se refiere al resultado de la lucha obrera (un laudo que por tercer año consecutivo impone a los trabajadores un determinado incremento salarial), como al trámite seguido en la negociación, debe ser exigida por los ferroviarios en una cierta proporción al grado de representatividad que Comisiones Obreras y UGT ostentan dentro del comité intercentros.

Un dato para esta valoración: mientras Comisiones Obreras ha mantenido una estrecha relación entre el nivel de sus exigencias y el grado de deterioro de la situación política durante este último mes, UGT necesitaba el laudo para encontrar la salida del túnel. No obstante, la central socialista, como otras tantas veces, no ha sabido, o no ha podido, mantener una mínima coherencia entre sus convicciones manifestadas bajo la mesa de negociación y su comportamiento público.