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El comité intercentros de Renfe aplazó la huelga de 24 horas prevista para hoy

El comité intercentros de Renfe decidió ayer, tras un largo y laborioso debate, aplazar la huelga de veinticuatro horas prevista para hoy y reunirse mañana con carácter urgente con el fin de estudiar la continuidad de las otras acciones de presión anunciadas. La decisión, que según Dudo saber EL PAIS, encontró obstáculos por parte de algunos miembros del comité que eran partidarios de continuar los paros fue finalmente adoptada «ante la confusión creada por la información tendenciosa de la dirección sobre la ilegalidad de la huelga de hoy». Por otra parte, el comité presentó en la tarde de ayer recurso contra el laudo dictado por la Delegación de Trabajo, por entender que es anticonstitucional.

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Un laudo innecesario pero inevitable

El laudo de obligado cumplimiento recoge un incremento salarial del 10% en todos los conceptos que integran la masa salarial, con excepción de las primas mínimas, que tendrán un aumento del 20%. «Este segundo concepto», señalaron a EL PAIS fuentes del comité intercentros, «afecta solamente a unos 8.000 o 10.000 trabajadores de los más de 70.000 que componen la plantilla».Las citadas fuentes añadieron que el laudo no recoge ninguna de las reivindicaciones de la representación laboral y que se ajusta en esencia a la oferta de la empresa. «No sólo sitúa a los trabajadores de Renfe en una situación de agravio comparativo en relación con otras empresas públicas de similares características, sino que, según parece, la Administración se ha desentendido por completo de este convenio».

En este sentido señalaron que el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Luis Alvarez, días antes del Congreso de UCD, prometió llevar el convenio de Renfe «a otras mesas». La promesa del ministro fue hecha en el transcurso de una reunión en la que la dirección de Renfe y los representantes de los trabajadores expusieron sus diferentes posturas en el convenio.

Tras esta reunión, celebrada el pasado día 3, el comité intercentros no ha tenido contestación a las gestiones que José Luis Alvarez prometió iniciar. «La única respuesta la hemos tenido a través del Ministerio de Trabajo y en forma de laudo». El pasado martes, los representantes de los trabajadores solicitaron, una entrevista con el presidente de Renfe para que éste propiciara una nueva reunión con el ministro de Transportes, con el fin de «ver las respuestas que habían dado las otras mesas al tema». La reunión no llegó a celebrarse, según los trabajadores, porque el presidente de la compañía ferroviaria entendía que por esa vía no habría posibilidad de acuerdo.

Ayer, tras conocerse la decisión del Ministerio de Trabajo concretada en el laudo de obligado cumplimiento, el comité intercentros decidió aplazar la huelga prevista para hoy y reunirse mañana con el fin de estudiar la continuidad de las acciones de presión previstas a partir del próximo día 26.

Por otra parte, los representantes de los trabajadores han iniciado las acciones legales encaminadas a Impugnar el laudo, basándose no sólo en la posible inconstitucionalidad de la medida, sino además en la imposibilidad de ser dictado en situación de huelga recogida en el decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.

La dirección de Renfe, por su parte, a través de un comunicado hecho público ayer, anunció la ilegalidad de la huelga de veinticuatro horas prevista para hoy.

Historia de un conflicto

El convenio de Renfe, que afecta a más de 70.000 trabajadores, partió de puntos excesivamente divergentes entre la dirección de la compañía ferroviaria y el comité general intercentros. La plataforma inicial de los representantes de los trabajadores recogía, entre otras cosas, incrementos salariales de un 15%, aumento de plantillas, inclusión en convenio del personal hasta entonces excluido y otra serie de aspectos referidos a horas extraordinarias, trabajo en domingos y festivos y jornada laboral.

Frente a ello, la empresa ofrecía un 8% de incremento salarial, basado en las limitaciones presupuestarias impuestas a la compañía, y un plan de ingresos que el comité consideró insuficiente.

El día 23 de enero, ante la falta de acuerdo en las negociaciones, el comité intercentros convocó el inicio de huelgas intermitentes de cuatro horas diarias de duración, en días alternos, a la que se vino a sumar, a partir del día 29, una campaña de seguridad que provocó importantes retrasos en la circulación ferroviaria, a pesar de la aplicación del decreto de servicios mínimos.

La dirección de Renfe, que había aumentado su oferta al 10%, presentó solicitud de conflicto colectivo, mientras se sucedían nuevos paros, que vinieron a coincidir con los iniciados por el personal de tierra de Iberia, en apoyo de sus reivindicaciones salariales. El conflicto de Iberia se resolvió con inusitada rapidez al subir la compañía aérea su oferta inicial de un 8 % a un 13,5 % sobre masa salarial. No hay que olvidar que en aquellos momentos se encontraba pendiente el congreso de UCD, que hubo de ser aplazado días antes por la huelga de controladores aéreos. Según se comentó en medios periodísticos, el salto dado por la dirección de Iberia no era ajeno al temor de un segundo aplazamiento del citado congreso.

En cualquier caso, fuentes sindicales señalaron entonces que el conflicto de Renfe podría quedar solucionado con una oferta semejante a la de Iberia, empresa que, por otra parte, reunía una serie de características que la aproximaban a Renfe. Se habló incluso de que los trabajadores podrían aceptar un 12 %de incremento, rebajando en tres puntos su plataforma inicial.

Este criterio fue expuesto al ministro de Transportes, José Luis Alvarez, en una reunión en la que el presidente de Renfe había mostrado la imposibilidad de aumentar su oferta por encima del 10%. Reunión que, por otra parte, tenía como objeto el buscar por ambas partes una salida al conflicto acudiendo a la mediación de Transportes.

José Luis Alvarez, según puntualizó entonces, no podía intervenir de otra manera que trasladando el tema a los órganos competentes.

A la espera de la respuesta que los citados órganos dieran, el largo rosario de paros ha desembocado en el laudo de obligado cumplimiento dictado por la Delegación de Trabajo.

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