La constructora Raymundo Vázquez agoniza en espera de un crédito oficial

«Majestad, 315 trabajadores empresa gallego Raymundo Vázquez Construcciones y familias sufren violencia física y moral por parte empresarios y Gobierno. Unico delito achacado defender puesto de trabajo». De esta forma comienza un telegrama enviado por la asamblea de trabajadores de Raymundo Vázquez al Rey, en un momento en el que todas las ayudas prometidas parecen encontrarse paralizadas y algunas de ellas aparentemente olvidadas.

En el telegrama, los trabadores de la empresa hacen un completo memorial de agravios, en el que se afirma que Galicia está siendo discriminada, puesto que en otras regiones se han vertido créditos muy superiores para fines similares; que Calvo Ortega se niega poner en práctica los mecanismos legales para conceder el prometido crédito de 185 millones, a pesar de que no era ministro de Economía cuando la promesa se hizo; que al Gobierno vasco se le acaba de ofrecer dinero para empresas en crisis y a la Xunta de Galicia se le niega. «Todos nos engañaron», continúa el telegrama, «Xunta de Galicia prometió solución. Llevamos diez meses sin trabajo y sin cobrar».Luego se refieren al entonces presidente Suárez, que veraneó en la finca Atlántida, propiedad de la empresa Raymundo Vázquez, y prometió al empresario créditos y obras y ni siquiera pagó el alquiler del veraneo. También el ministro de Obras Públicas y presidente de UCD de Pontevedra, Sancho Rof, prometió un crédito con un anticipo-puente de 45 millones de pesetas para antes del 21 de diciembre de 1980 (fecha del referéndum autonómico).

Al llamamiento desesperado que significa este telegrama hay que añadir algunas circunstancias actuales. Según representantes de los trabajadores, el gobernador civil les ha confesado que no puede localizar a los empresarios.

Al parecer, los responsables de la empresa están ilocalizables para los trabajadores y para el Gobierno Civil desde que el día 3 de febrero amenazó con el cierre patronal. El día 4 se presentó la comunicación y el día 5 los trabajadores se encontraron con el cierre patronal.

Los trabajadores insisten en que la empresa es viable y están decididos a apoyar hasta sus últimas consecuencias el plan de viabilidad que cuenta con el visto bueno de la Xunta de Galicia, comunicado a través de la Consellería de Trabajo por Andrés Eguibar, quien hace varios días que no aparece por la sede del organismo autonómico.

«El problema de esta empresa está en sus directivos, que no han realizado una gestión adecuada», manifiesta un miembro del comité, quien añade que «incluso parece que las dificultades de la Administración para la concesión del crédito son porque los dueños de la empresa no quieren aportar algunas de sus propiedades para avalarlos».

Sin embargo, en medios de la patronal provincial de la construccion, APEC, tienen una opinión algo diferente de los males que aquejan a Raymundo Vázquez, empresa que curiosamente no pertenece a aquella patronal. «Se trata de una empresa», declaró a EL PAÍS un responsable de APEC, «que ha funcionado amparada en las amistades dentro de la Administración en el anterior régimen. Conseguía así contratos de obras públicas y mantuvo una estructura adecuada para aquella situación, que ahora se ve imposibilitada de acudir en otras condiciones a ese mercado, además de haber ido acumulando impagados de la Administración ». Raymundo Vázquez perteneció a APEC, pero no llegó a pagar la primera cuota.

De todas formas ha pasado ya mucho tiempo desde que la solución al problema se hubiese planteado; quizá hoy los 185 millones prometidos en junio pasado sean insuficientes.

Al mismo tiempo, algunos contratos que todavía están en manos de la empresa podrían caducar en breve.

Por su parte, los trabajadores basan su creencia de que la empresa es viable con las ayudas necesarias para poner su estructura en condiciones de ampliar su mercado de contratación, en que todavía tiene canteras de su propiedad y otras alquiladas, que permiten una rentabilidad, así como la planta de hormigón instalada en el municipio de Barro, recientemente paralizada por el cierre patronal de la empresa. Pero consideran los trabajadores que, siendo una de las principales empresas gallegas del ramo de la construcción, su actividad, preferentemente dedicada a las obras públicas, se ha visto también perjudicada porque últimamente el Ministerio del ramo no ha invertido en Galicia en obras públicas.