Los ayuntamientos de Madrid, Aranjuez, El Escorial y La Granja, contra el proyecto de ley del Patrimonio Nacional
La próxima presentación en las Cortes del proyecto de ley reguladora del Patrimonio Nacional, por parte del Gobierno, ha motivado el rechazo de los Ayuntamientos de Madrid, Aranjuez, El Escorial y La Granja, así como del PCE y PSOE y de varias organizaciones ecologistas y defensoras del patrimonio histórico-artístico. En síntesis, el proyecto de ley es calificado como de perjudicial para los municipios afectados, y se argumenta que, a través de él se quiere mantener una legislación arcaica, que supone de hecho una amnistía encubierta hacia los responsables de los posibles desaguisados cometidos en los últimos cuarenta años, lo que indirectamente podria implicar, incluso, el prestigio de la Corona.
El proyecto de ley incluye una relación sucinta de los bienes adscritos al uso y servicio de la Corona que constituyen el Patrimonio Nacional, y que pueden ser usados por la familia real para las funciones de representación que les corresponden según la Constitución. El Patrimonio Nacional se regirá por un consejo de administración nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, y tendrá que presentar los resultados de su gestión al Tribunal de Cuentas del Reino. Los bienes adscritos al Patrimonio se declaran inalienables, imprescriptibles e inembargables.De entrada, tanto comunistas como socialistas han presentado escritos ante la Mesa del Congreso para detener la tramitación de la ley, en tanto no se realice un inventario detallado, en cuanto a fincas, edificios y bienes semovientes, que constituyan el patrimonio. A pesar que la ley vigente aún, de 1940, establecía la obligatoriedad de dicho inventario, éste no se ha realizado aún.
En una conferencia de Prensa celebrada el martes, se insistió en que tal inventario, si se realizase con todas las garantías de imparcialidad, pondría de manifiesto el expolio que en estos años ha mermado los fondos patrimoniales. A pesar de que sus bienes no son comercializables, se recordó las ventas de terrenos del monte de El Pardo para construir urbanizaciones lujosas, o los cuadros y otros objetos de gran valor desaparecidos de El Escorial.
Amnistía encubierta
Un proyecto alternativo de ley redactado por representantes de los cuatro ayuntamientos citados, insiste en una cuestión fundamental: en una monarquía parlamentaria todo debe estar sujeto de un forma u otra al control de los representantes de los ciudadanos, y esto es precisamente lo que el proyecto oficial no contempla desde el momento en que la gestión de los bienes patrimoniales depende de un consejo no adscrito a ministerio alguno y en caya elección no interviene el Parlamento para nada. Con la nueva ley se hace de hecho tabla rasa de todas las presuntas irregularidades cometidas en el pasado, y supone, según se dijo, una especie de amnistía encubierta hacia los responsables. La elección de los consejeros por el Rey implica a la Corona indirectaniente en un asunto sobre el que la izquierda ha manifestado ya su rechazo, y eso puede dañar el prestigio de la más alta institución del Estado. En la conferencia de Prensa se dijo que no es el Rey quien tiene interés en la aprobación de una ley «arcaica» y con ribetes feudalistas, sino ciertos círculos de poder que temen perder sus prerrogativas y, además, que puedan investigarse sus pasadas actuaciones.La alternativa propuesta es que el Patrimonio Nacional se constituya como un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura, a semejanza del resto de los países europeos, y que en sus órganos directivos figuren representantes de los diversos ministerios implicados y de los ayuntamientos.
