Conflictiva armonización legal entre la industria y la ecología europeas
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, reunida durante toda la semana en Estrasburgo, se ha ocupado de forma importante de los problemas ambientales. La postura claramente pronuclear (véase EL PAIS de ayer) se ve compensada por un afán de coordinación legislativa y educativa, con el fin de conseguir una homogeneización de las políticas de medio ambiente en los países miembros. Se trata m suma de conciliar los intereses energéticos y económicos de la Europa desarrollada con las preocupaciones ecológicas y ambientalistas de esa misma Europa desarrollada y de otros países europeos menos poderosos industrialmente.
El Consejo de Europa se ha esforzado siempre en materia- ambiental por conciliar más. actitudes de sus países miembros no siempre acordes. El Comité Europeo Intergubernamental para la Salvaguardia de la Naturaleza y los Recursos Naturales funciona satisfactoriamente, y fruto de su trabajo y del de numerosas. comisiones (fundamentalmente las de planeamiento y poderes locales, y de la ciencia y la tecnología) han sido numerosos informes, recomendaciones y opiniones suscritas posteriormente por la Asamblea Parlamentaria en pleno.En la actual reunión de Estrasburgo se han debatido dos tipos de informes: el primero, referido al impacto de las grandes instalaciones industriales sobre el medio ambiente; el segundo, sobre la política general de medio ambiente en Europa.
La recomendación aprobada por el Consejo de Europa sobre el impacto en el medio ambiente de las grandes instalaciones industriales fue presentada por el parlamentario sueco Nils Waag, socialdemócrata. En ella se recuerda la firmeza del Consejo de Europa de cara a la protección del medio ambiente, y la importancia que tiene el impacto de las actividades industriales y paraindustriales sobre el entorno biológico. Como mandato concreto, la recomendación invita a los Estados miembros a firmar y ratificar los acuerdos y convenciones internacionales para la protección ambiental, promoviendo el intercambio de información y documentación sobre la evaluación del impacto de las implantaciones industriales.
El informe que acompaña a la recomendación precisa que no se trata de escoger entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico; sería necesario mejorar los métodos de estudio de los impactos industriales, generalizándolos y llegando incluso a establecer un modelo tipo a escala europea. Esto conlleva necesariamente el establecimiento de una planificación integral del territorio, que incluya la planificación económica (casi la única hasta fechas recientes) y la ecólógica.
En todo caso, el informe concluye con una visión pesimista del estado actual de las legislaciones europeas respecto al impacto de las industrias sobre el medio ambiente. En efecto, sólo Francia, Irlanda y Luxemburgo disponen de estudios de impacto con valor jurídico, que exigen la presentación de un documento previo que dictamine su importancia. En los demás países, incluido España, los estudios de impacto no tienen carácter jurídico obligatorio.
En cuanto al informe sobre la política ambiental en Europa, preparado por el francés Jean Bozzi, hay que señalar, por su interés, el análisis de los países europeos que marchan en vanguardia a este respecto. La legislación ambiental más proteccionista es la de Dinamarca, Noruega, Suiza y Reino Unido; otros países europeos muestran un mayor retraso legislativo, entre ellos España.
La recomendación aprobada por la Asamblea Parlamentaria solicita del comité de ministros una coordinación de sus actividades, introduciendo en los programas escolares, a todos los niveles, las nociones esenciales de ecología y armonizando las legislaciones ambientales de Europa.
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