Polémica en el seno del Gobierno portugués sobre la reforma agraria

La reforma agraria portuguesa y el futuro agrícola del país están otra vez en el centro de una disputa política, esta vez entre las tendencias que coexisten en el seno de la coalición gubernamental.La crisis abierta en los últimos días en el seno de la poderosa Confederación de la Agricultura Portuguesa (CAP) es la expresión de las divergencias en materia de política agrícola entre «reformistas» , generalmente identificados con el PSD, y conservadores, más próximos al CDS.

El secretario general de la CAP, Manuel Casqueiro, acusa a los dirigentes de la Confederación en la zona de la reforma agraria de querer hacer volver la región a la situación existente antes de 1974, y de defender los intereses de los latifundistas absentistas, sin interés por la modernización del campo.

El motivo inmediato de la polémica es la política seguida por el ministro socialdemócrata de Agricultura, Cardoso y Cunha, repuesto en sus funciones por Pinto Balsemâo. Para los servicios del Ministerio, está concluida la fase del «restablecimiento de la legalidad» en el Alentejo, es decir, que las devoluciones de tierras a los propietarios, al abrigo de la ley vigente, han concluido.

De las casi 1.100.000 hectáreas de tierras que llegaron a estar integradas en unidades colectivas, 580.000 han sido restituidas a sus anteriores propietarios, dejando de existir cerca de la mitad de las granjas colectivas creadas por los comunistas en 1975-1976.

Para el CDS, sin embargo, que no aprobó la ley de Reforma Agraria (votada en 1977 por socialistas y socialdemócratas), la iniciativa privada y el mercado son los únicos motores posibles para la transformación de la agricultura. Los democristianos no ven con buenos ojos las distribuciones de tierra. Para ellos, tienen el doble inconveniente de hacer irreversibles las expropiaciones (defienden la restitución total) y de impedir la concentración capitalista. Un sector, al menos, de los socialdemócratas piensa que la modernización de la agricultura no se hará sin una intervención directa del Estado, controlando y dirigiendo las cooperativas que subsisten en vista a su normal integración en una economía de mercado, y fomentando el asociativismo y las concentraciones de explotaciones en las zonas de minifundio.