El Gobierno puede emitir deuda pública a corto plazo este mismo año, segun Calvo Sotelo

El Gobierno podría hacer uso este mismo año de las medidas de reordenación del sistema financiero, que ayer fueron publicadas por el Boletín Oficial del Estado, emitiendo deuda pública a corto plazo para enjugar el déficit público, según manifestó Leopoldo Calvo Sotelo, vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos, en el transcurso de una conferencia de Prensa convocada para explicar las nuevas disposiciones financieras. Horas antes, en la sede del PSOE, responsables de la política económica de este partido criticaron con dureza estas últimas disposiciones del Gobierno.

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Los diputados socialistas Enrique Barón y Carlos Solchaga, en la primera de las conferencias de Prensa, afirmaron que las medidas de reordenación del sistema financiero aprobadas por el Gobierno «no solucionan nada y encarecen el precio del dinero para las empresas, al menos a corto plazo».El diputado Enrique Barón dijo que el Gobierno del presidente Suárez lleva hablando de liberalización desde 1977, y que en cuatro años no se había hecho prácticamente nada en este sentido; aunque sí había habido, por el contrario, un encarecimiento del dinero. Las últimas medidas, añadió, tampoco abordan los temas fundamentales (mayor presencia de la banca oficial en el mercado, potenciación de la renta fija, favorecer la transparencia del mercado de valores, apoyo a la competencia exterior e interior), y además no se atreven a tocar la cuenta de resultados de la banca privada.

Carlos Solchaga, por su parte, insistió en que hubiera sido mejor liberalizar gradualmente y en función de la crisis de los sectores y de la crisis económica en general. «Los socialistas», agregó, «entendemos el sistema financiero como un instrumento de política económica, y hubiéramos procedido a liberalizar sólo en la medida que estuviéramos seguros de que lo que se quita por un lado se pone por el otro. En la medida que tal liberalización contribuyera a afrontar los dos primeros objetivos de la política económica en estos momentos: combatir el desempleo y fomentar las inversiones». Estas medidas, que primero denominaron de liberalización y ahora llaman de reordenación del sistema financiero, no cumplen estos objetivos, según los socialistas, y sólo crean falsas expectativas que no responden a la realidad.

Contestación a las críticas

Leopoldo Calvo Sotelo y el ministro de Economía, Juan Antonio García Díez, aprovecharon la conferencia de Prensa para rebatir las críticas socialistas. El vicepresidente, en su primera intervención, dijo que las medidas respondían a la declaración hecha por el Gobierno ante el Congreso en septiembre pasado, en donde se anunció «un nuevo impulso a la reforma del sistema financiero» que favorezca la creación de ahorro y su asignación correcta a las nuevas inversiones.

«Con estas medidas y con las que próximamente se tomen», agregó Calvo Sotelo, «para hacer más rápido y eficaz el pago de las desgravaciones fiscales a la exportación, se habrá dado una primera respuesta a los once puntos sobre política económica que contenía la declaración de septiembre». Más adelante dijo que «superar la crisis y combatir él paro son objetivos que exigen reformas y, entre ellas, algunos aspectos del sistema financiero». Calvo Sotelo afirmó que había preferido hablar siempre de esta reforma como de una nueva ordenación, «que sigue la línea iniciada en 1977 y que propone un marco más flexible para las operaciones activas y pasivas de las entidades de crédito, y más próximo al de los países de nuestro entorno».

Las empresas y los particulares, añadió, tendrán a partir de ahora una mejor información y una mayor transparencia para negociar con los bancos y con las cajas de ahorro los precios y los plazos de sus depósitos y sus préstamos. «A partir de ahora será más fácil para todos conocer el coste real del crédito o del descuento, y será más difícil para todos no respetar los plazos. También a partir de ahora la reducción de los coeficientes de las entidades de crédito será compensada por la obligación correlativa de destinar nuevos fondos a operaciones a más de tres años, que son las que demanda la financiación de las inversiones».

El dinero no aumentará de precio por estas medidas

El vicepresidente y el ministro de Economía, en varias ocasiones, negaron las acusaciones de que estas medidas iban a suponer un inmediato encarecimiento del dinero. «Hay que responder claramente a esa objeción diciendo que el precio del dinero ha subido ya por otras causas en España y fuera de España, que puede seguir subiendo por esas causas en 1981 y que será inexacto atribuir esa eventual subida a unas disposiciones que van a permitir sencillamente el seguimiento más claro del proceso», afirmó Calvo Sotelo.

García Díez dijo que las medidas tenían un triple objetivo: clarificar la situación financiera y hacer más transparente y competente el sistema, introducir con prudencia y gradualidad la liberalización y, finalmente, crear canales que proporcionen más financiación a medio y largo plazo.

El ministro de Economía y Comercio resumió las medidas en los siguientes aspectos:

- Liberalización de los tipos de interés del activo (créditos).

- Fijación de comisiones para las actividades de bancos y cajas de ahorro.

- Liberalización de los depósitos a plazo fijo a más de seis meses y por un importe superior al millón de pesetas.

- Eliminación del límite para el reparto de dividendos bancarios.

- Aceleración del ritmo de reducción de los coeficientes obligatorios de cajas y bancos.

- Creación de un nuevo coeficiente para fomentar la financiación a medio y largo plazo.

Leopoldo Calvo Sotelo, a preguntas de los periodistas, afirmó que «se ha dicho, y a mi juicio sin fundamento, que la causa de estas medidas era la intención del Gobierno de acudir al mercado de deuda a corto plazo para financiar el elevado déficit público previsto para 1981. Esto no es cierto y sería reducir a un instrumento menor la importancia de estas medidas. Es verdad, sin embargo, que en 1981 se podría recurrir a alguna emisión de deuda a corto, pero siempre en una cantidad prudencial y en menor medida que la deuda a largo plazo. Es propósito del Ministerio de Economía ordenar el calendario de emisiones para evitar coincidencias».

El vicepresidente afirmó que desconocía que hubiera tensiones entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes por estas medidas; habló de colaboración con la banca, y dijo que el plan de Viviendas marchaba muy bien (Solchaga había afirmado lo contrario), y negó que estas medidas fueran lesivas para los sectores industriales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 19 de enero de 1981.

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