Reflexiones de un empresario sobre la economía de las autonomías

La crisis económica, el crecimiento del paro y la puesta en marcha del Estado de las autonomías son cuestiones prioritarias para España en estos momentos. En Cataluña, los empresarios de la construcción sentimos una real preocupación por estos temas en nuestra doble condición de ciudadanos y de responsables de nuestras empresas. En los primeros días de diciembre pasado quisimos plantearlos, analizarlos y discutirlos en profundidad durante las sesiones del fórum «Cataluña sin construcción... ¿qué?», que reunió a cerca de trescientos empresarios en Barcelona. Estas líneas quieren evitar que aquellas sesiones sean un hecho aislado y, al mismo tiempo, dar a conocer nuestros planteamientos al mayor número de españoles posibles, catalanes o no.La caída de las tasas de crecimiento del producto nacional es una clara manifestación de la crisis. Si la media de crecimiento del producto interior bruto (PIB) en el período de 1968-1978 fue de un 5 % anual en España (Perspectivas Económicas. OCID. Diciembre 1980), en 1979 fue de un 0,8%; en 1980, de un 0,5%, y para 1981 se prevé un 1,75% de incremento del PIB.

La crisis económica (débil crecimiento del PIB, aumento del paro, inflación de dos dígitos) no tiene una causa única en España. Pero es indudable que el encarecimiento de la energía constituye un elemento distorsionador clave para la actividad industrial. Es decir, la crisis es, especialmente, de carácter industrial, y de ella no quedan marginadas las regiones «ricas», es decir, industrializadas; todo lo contrario. Entre las provincias con tasa de desempleo (en el segundo trimestre de 1980, y según el INE) mayor a la media española se hallan Vizcaya, Barcelona, Madrid y Guipúzcoa, además de las andaluzas (menos Almería) Badajoz, Ciudad Real, Las Palmas y Guadalajara. La construcción, como generadora del soporte infraestructural de la actividad económica, ha padecido el impacto de la crisis industrial, lo que provoca que esas provincias «ricas» sean las que en mayor medida acusan el retroceso de la actividad constructora. En la recientemente celebrada IV Reunión de Estudios Regionales, José Luis Carreras Yáñez presentó una ponencia en la que se ponía de manifiesto que en Madrid, el País Vasco y Cataluña la actividad constructora había experimentado un retroceso entre 2 y 2,5 veces mayor a la media española, en el período 1974-1979.

Quiero apuntar aquí brevemente que 1980, y en lo que a la construcción se refiere, ha sido muy negativo, una vez más, para Cataluña y el País Vasco, mientras que en Madrid parece que se ha «tocado fondo». El consumo de cemento en 1980 se situará, dando valor cien al de 1974: en el País Vasco, al nivel 45; en Cataluña, al nivel 57, y en Madrid, al nivel 5 . Pero la variación en los doce meses del año recién finalizado ha sido de -23 %, en el País Vasco; -21 %, en Cataluña, y -4%, en Madrid.

Más construcción para frenar el paro

El presidente Suárez, en su discurso de la moción de confianza, destacó tres prioridades en el terreno económico: el sector energético, la inversión pública y la construcción de viviendas. Las tres implican, directa o indirectamente, un aumento de la demanda de construcción. Puede esperarse, por tanto, que en 1981 la actividad constructora experimente, por primera vez en seis años, una recuperación de su nivel de actividad, lo que permitirá generar puestos de trabajo no sólo en este sector sino en el conjunto de la economía. No se olvide que la creación de un puesto de trabajo en la construcción supone dos puestos de trabajo más en otros sectores en el plazo de dos años. El camino elegido nos parece correcto para la salida de la crisis, pero ésta no se alcanzará si a nuestras alforjas no añadimos contención de rentas, mayor productividad e incremento del ahorro (público y privado), de forma que la inversión nos permita aumentar nuestra competitividad frente al exterior y crecer a una tasa suficiente como para que la ocupación aumente. La situación actual se ha de superar solidariamente entre todos, andaluces, catalanes, extremeños, gallegos... Los catalanes lo tenemos esto muy claro: es absurdo pensar que una parte de España puede superar la crisis haciendo abstracción del resto. España no puede permitirse fragmentaciones tampoco en lo económico. Pero hay algo que también tenemos claro: la idea de discriminar entre regiones «ricas» y «pobres» para favorecer (aparentemente) a estas últimas ha sido y es demagógica y absurda. El crecimiento económico no surge de la nada, y favorecer determinadas zonas a costa de penalizar a otras teóricamente «más ricas» es, en estos momentos, una política suicida. Y en este terreno tenemos los catalanes una queja muy grave: la inversión pública en Cataluña es, en términos relativos, mucho menor al promedio español. En el terreno de las obras públicas, por cada cien pesetas licitadas en 1971, en 1979 sólo se licitaron 37. Y en 1980 esta evolución no se ha corregido: la licitación pública en el período enero-septiembre ha crecido en España un 17,2% en términos monetarios, mientras en la provincia de Barcelona ha disminuido (también en términos monetarios) un -10,5%.

¿Para qué la autonomía?

No nos referimos a lo que supone para nosotros, los catalanes, la recuperación de nuestras instituciones históricas en el terreno cultural y político. Otros más cualificados ya lo han expuesto y deberán seguir haciéndolo. Pero nos interesa hacer unas reflexiones desde la óptica empresarial sobre lo que pueden suponer o no las autonomías en lo económico.

No van a suponer, desde luego, la panacea para la solución de los problemas económicos de cada uno de los territorios autonómicos. Esto, por evidente, no debería hacer falta decirlo. No van a suponer, tampoco, la fragmentación del espacio económico español. Será en este terreno, en lo que hace referencia a la economía, donde el poder autonómico lo será menos. Así ocurre en los Estados de estructura federal y así será en el nuestro. La decisión, en cuestiones de política económica general, corresponderá al poder central.

Sin embargo, somos partidarios de la autonomía económica en el nivel de la gestión, dándole un significado muy amplio a este término. Nuestra Administración pública ha sido, y es, ultramontana en lo tocante al centralismo. Y así nos ha ido y nos va. Cada vez es necesario gastar más dinero en personal para invertir cada vez menos. La ineficacia del sector público en España se pone de manifiesto casi cotidianamente. No hace mucho, la industria barcelonesa quedó casi colapsada por la imprevisión de la empresa pública responsable del suministro de gas natural. La reforma que dote a nuestro país de una Administración pública eficiente es inaplazable. Y esta reforma deberá utilizar la configuración autonómica del Estado para conseguir su objetivo. Alguien dirá que no se pide autonomía en lo económico, sino descentralización. Las cuestiones semánticas no nos preocupan en este terreno. Si conseguimos pasar del centralismo a una Administración descentralizada, habremos dado un paso de gigante. La tarea es difícil pero decisiva. En los negocios se dice que un buen gerente es el que sabe delegar en sus colaboradores. El poder central, ¿sabrá conseguir que la economía se gestione delegando-descentralizando? De momento, el talante no puede decirse que haya cambiado mucho. Los usuarios del puente aéreo Barcelona-Madrid-Barcelona siguen en alza.

es presidente de la Confederación Catalana de la Construcción.