El conflicto portuario puede finalizar la próxima semana

Existe las mejores condiciones para que a mediados de la próxima semana finalice, a nivel nacional, la huelga portuaria que registra especial incidencia, en la actualidad, en los puertos de Tenerife y Barcelona, según han señalado fuentes de los estibadores a EL PAÍS. Este conflicto se originó a raíz de la puesta en vigor del decreto de octubre pasado sobre reforma de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP).

En la mañana de ayer, los consignatarios tinerfeños hicieron llegar al gobernador civil de la provincia una oferta de negociación para la solución del conflicto iniciado hace más de un mes, emplazando a la citada autoridad civil a celebrar una reunión urgente, de arbitraje, con los estibadores portuarios para reanudar así un diálogo bloqueado desde el pasado mes de octubre. «Intentamos conseguir una solución en la que no existan vencedores ni vencidos», se indicó en fuentes gubernativas.

Comisión paritaria

Los consignatarios aceptan, a través de dicha oferta, la constitución de una comisión paritaria que entenderá en asuntos de disciplina, rendimientos y fijación de manos en la actividad portuaria. Este punto, unido a una salida intermedia para el problema de los fijos de empresa, ha reducido en lo fundamental el distanciamiento entre las dos partes en conflicto. «Si no surge ningún contratiempo de última hora, el miércoles o jueves de la próxima semana levantaremos la huelga a nivel nacional», señaló a este periódico un portavoz del comité de empresa del puerto de Tenerife, al término de la reunión celebrada ayer con el gobernador civil.Los estibadores ponen como condiciones para el cese del conflicto que sean readmitidos los 172 estibadores despedidos en Barcelona y que de la entrevista, el próximo miércoles en Madrid, con el director general de Puertos, Pascual Peris, resulte modificado el decreto en sus extremos más polémicos. Asimismo, para que la paz laboral retorne a los puertos y se reanude la negociación, habrán de ser retirados los trabajadores ajenos a la OTP y congelados los expedientes sancionadores, que podrían quedar reducidos a una simple amonestación.