Manual británico para velar por los secretos del Gobierno

Una revista de izquierdas, The Leveller, y un diario conservador, The Guardian, coincidieron ayer en publicar amplios detalles del contenido, hasta ahora secreto, del «manual de seguridad» que los funcionarios públicos deben cumplir para impedir que se divulgue información confidencial a los «enemigos de Gran Bretaña», entre ellos el partido comunista.Uno de los principales fines del manual -puesto al día en 1978 por el Gobierno laborista de James Callaghan- es evitar filtraciones a la Prensa de informaciones que pudieran desprestigiar al Gobierno o a la Administración. Asimismo, plantea problemas para el acceso a los secretos oficiales por parte de los propios diputados y, por su puesto, dificulta la libertad de Prensa.

Las organizaciones subversivas, se afirma en el manual, «tratarán de conseguir información reservada, no para facilitársela a un posible enemigo, sino con el objetivo de utilizarla para desacreditar a la seguridad del Estado o al Gobierno». La principal «organización subversiva», según el manual, es el Partido Comunista de Gran Bretaña, y los principales servicios de inteligencia a vigilar, los de los comunistas.

Junto a estas directrices, se aconseja la no divulgación de informaciones sobre futuros planes para la construcción de carreteras, sobre la viabilidad de empresas privadas o «documentos que se refieran a discusiones sobre despidos».

El manual detalla métodos para localizar las filtraciones y, para controlar la información que se maneje en las reuniones a puerta cerrada de las comisiones parlamentarias.

Las publicaciones británicas mencionan también códigos de seguridad, algunos de ellos tan secretos que ni siquiera se incluyen en el manual. Los códigos están destinados a clasificar aquella información que no debe caer en manos extranjeras. Así, los norteamericanos no deben llegar a conocer el contenido de los documentos con la clave Eclipse.

Hay otras informaciones que, sin ser secretas ni confidenciales, deben apartarse del dominio público, porque podrían causar «embarazo o dificultades a la Administración », según el manual.

Christopher Price, diputado laborista que lucha porque se cambie la ley de Secretos Oficiales, declaró ayer que el manual intenta proteger al Gobierno y a la Administración de sus propios errores.

La publicación de este «manual de seguridad» multiplicará, sin duda, las frecuentes críticas al excesivo celo con que el Gobierno británico vela por sus secretos.