Resuelto el contencioso Gobierno-Generalidad sobre las cajas de ahorro

El contencioso que mantenía el Gobierno central con la Generalidad de Cataluña, a propósito del decreto publicado por esta última institución, sobre la competencia de las cajas de ahorro instaladas en su región, ha quedado saldado sin necesidad de implicar al Tribunal Constitucional, instancia a la que había recurrido el Gobierno de Madrid al negarse la Generalidad a dejar sin efecto el citado decreto. Después de largas negociaciones, un nuevo decreto de la Generalidad, que aparecerá mañana en el Boletín Oficial de este organismo, sin anular el anterior, consolida una serie de derechos en favor de la Generalidad en la doble vertiente política o de regulación orgánica y económica de las cajas de ahorro instaladas en la comunidad autónoma catalana.

Entre las competencias orgánicas figura la creación, fusión y expansión de las cajas, aprobación de reglamentos internos de procedimiento electoral y estatutario; derecho de veto sobre el nombramiento de director general; resolución de conflictos entre el consejo y el director, e inspección y rendición de cuentas de la gestión de las cajas.En el orden económico, el nuevo decreto de la Generalidad le confiere el control de la regionalización de las inversiones de las cajas de acuerdo con la ley; declaración de aptitud de valores de renta fija para ser computados en el coeficiente de inversión obligatoria en fondos públicos; calificación de inversiones para computar en los coeficientes de crédito de regulación especial; aprobación de grandes créditos y de los proyectos de obra social.

La participación de la Generalidad en los medios económicos computables de las cajas será del 30% sobre el total de los coeficientes de inversión obligatoria y la totalidad de los préstamos de tramitación especial.

Por los coeficientes de inversión obligatoria, se estima que la Generalidad podría disponer de unos 23.500 millones de pesetas, y para los préstamos de tramitación especial podría ser del orden de los 40.000 millones.

El Ministerio de Economía, por su parte, difundió ayer una nota en la que informaba del contencioso con la Generalidad y asegura que su resolución deja a salvo la competencia del Gobierno central en la fijación de los coeficientes obligatorios de inversión de las cajas de ahorro, si bien en el marco legal vigente se puede reconocer a las comunidades autónomas la disposición sobre el destino de parte de dichos coeficientes.

El consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad, Trías Fargas, por su parte, anunció ayer el acuerdo con el Gobierno de Madrid en términos satisfactorios, «al evitarse el pleito ante el Tribunal Constitucional, lo que habría significado un desgaste político muy negativo» en las actuales circunstancias de desarrollo autonómico

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