Primer paso de unas largas negociaciones

El primer acuerdo en torno a la policía autónoma vasca adoptado por el Consejo de Ministros del lunes viene a resolver, al menos en principio, uno de los dos escollos básicos -el otro es el de los conciertos económicos- en la negociación del desarrollo del Estatuto de Euskadi entre el Gobierno vasco y la Administración central.Para llegar a este primer acuerdo, el camino ha sido largo y tortuoso. El Gobierno vasco, constituido el 29 de abril, elegía veinte días después sus representantes en la Junta de Seguridad, organismo que según el Estatuto vasco debe entender de los aspectos relacionados con la creación y puesta en marcha de la policía autónoma. La primera reunión de Luis Retolaza, consejero de Interior del Gobierno vasco, con Juan José Rosón para hablar de la constitución del organismo y de la creación de la policía autónoma en su primera fase no se produce- hasta el 9 de julio.

Desde el primer momento va a haber serias diferencias en lo referente a la presidencia de la Junta. El -Gobierno español, tal era su criterio expuesto en el proyecto de ley de policías autónomas, retirado del Parlamento cuando iba a ser debatido en comisión, era de que allí donde existiera una Junta de Seguridad debía estar presidida por un delegado del Gobierno central. Esta postura chocaba frontalmente con la propia letra del Estatuto vasco, en el que se define al organismo como paritario.

Los avatares por los que pasa entonces el anterior Gobierno Suárez, que afronta una moción de censura de la oposición y la ausencia del PNV (partido del Gobierno vasco) del Parlamento español son, junto a las nunca mal disimuladas desconfianzas de la Administración ante el uso que de la policía autónoma pudiera hacer el Ejecutivo vasco, motivos suficientes como para que el tema de la policía autónoma quede congelado hasta después de la constitución del nuevo Gabinete gubernamental, tras el verano.

Veinte días después de que Marcelino Oreja tomara posesión de su cargo se produce, con ocasión de una entrevista entre Juan José Rosón y Luis María Retolaza, la primera oferta en firme del Gobierno vasco para la puesta en marcha de la policía autónoma vasca, en su primera fase, al tiempo que aquél designa sus miembros en la Junta de Seguridad, que, sin embargo, no se constituirá oficialmente. Martín Villa anuncia días después en Vitoria que el tema de la policía autónoma quedaría resuelto antes de fin de año.

El tema de la Junta, en el que se aparca la solución sobre la presidencia, pasa a ser un problema de segundo orden, y la negociación se va a centrar en adelante en lo que ha de ser la policía autónoma en su primera fase. A partir del texto ofertado, el Gobierno vasco logrará varias cosas: el control de las policías provinciales, que se restablecen; la concreción de dotaciones en la primera fase y de algunas competencias que hoy detentan las fuerzas de seguridad del Estado. Hay además un principio de acuerdo de que la presidencia de la Junta de Seguridad será paritaria. Sin embargo, aparece un escollo inesperado en la negociación. El Gobierno vasco exige la exclusividad de las competencias en materia de tráfico, que en principio no acepta la Administración. La negociación se rompe por la negativa del Gobierno español a hacer dejación alguna del control y seguridad de las carreteras, sobre todo en lo que. hace a la persecución de delincuentes, traficantes o terroristas.

La llegada de Adolfo Suárez a Euskadi, como ha quedado suficientemente demostrado, relanza la negociación, que llega a su término diez días después. La delicada tarea de deslindar lo que son competencias de tráfico, exclusivas del Gobierno vasco, de las referidas a control y seguridad de carreteras, que se reserva al Estado, concluye con éxito.