Gozález Seara participó en el debate final

Entre las fatigas, bostezos, paseos por la sala y conversaciones en voz cada vez menos baja, hacia las ocho de la tarde se abordaban las disposiciones adicionales del proyecto de ley de Autonomía Universitaria, tras un artículo 69, referido al Consejo General de Universidades, que establece la composición de éste con un número de miembros designados por la Administración central del Estado igual al de consejeros que se ocupen de cuestiones de educación superior en las comunidades autónomas.Este punto le pareció al socialista Javier Solana «desconfiado, timorato y temeroso» («nos quieren colar un miembro de la Administración central por cada uno de la comunidad autónoma»), y pidió que el Consejo General de Universidardes tuviera en su seno al ministro, el subsecretario y el director general de Universidades, y un representante del Ministerio de Educación, «para no romper la continuidad de la enseñanza».

Solana fue tranquilizado por el ministro González Seara, quien reconoció que la redacción de la ponencia «no es demasiado afortunada», dijo que no pretendían que la Administración central nombrara todos los miembros del Ministerio de Universidades, sino entre los representantes de instituciones científicas, culturales y acádémicas, y le prometió una mejor redacción para cuando el texto llegara al Pleno.

Los centristas accedieron a «pensarse para el Pleno» la propuesta socialista de suprimir la disposición adicional tercera, «acto antiautonómico y antiuniversitario que da al Ministerio de Defensa competencias en universidades y convalidaciones», según explicó Gregorio Peces-Barba.

De las disposiciones transitorias referentes al profesorado, claustros, acceso y estabilidad, la más debatida fue la quinta, dentro de un clima en el que se trataba de «ver quién gana, si los catedráticos o los agregados», como dijo la comunista Eulalia Vintró. También el PSOE se mostró en contra por considerar que no se garantiza la imposibilidad de un traslado masivo de profesores.

A las diez de la noche la comisión terminaba sus trabajos con un agradecimiento, del ministro de Universidades al interés mo strado por los diputados y al esfuerzo que habían realizado, junto al agradecimiento de algún grupo parlamentario a la forma de llevar los debates de la presidenta de la comisión, Carmela García Moreno.

Un grupo de diputados, entre los que se hallaban José María Martín Oviedo, Miguel Durán, Francisco Garí y Manuel Díaz Pinés, todos ellos de UCD, calificaron los debates de la comisión como «hechos con un apresuramiento notorio que obliga a una serena reflexión sobre el proyecto», según dijo Martín Oviedo. Este diputado, que en la reunión del Grupo Parlamentario Centrista del pasado 3 de diciembre llevó una de las voces cantantes contra el ministro González Seara, dijo que la precipitación había sido un hecho notorio y que en nada se hubiera retrasado el proyecto, «que lleva más de un año en las Cortes, por llevarlo a ritmo normal».

Díaz Pinés calificó los debates como un «atropello legislativo y político», y Miguel Durán, miembro de la mesa de la comisión, insistió en la falta de coherencia que, a su juicio, tenía el texto de la ponencia.