Rechazado el divorcio por mutuo acuerdo

A partir de ahora, a los españoles les va a resultar más fácil obtener el divorcio por mutuo acuerdo, al aprobar ayer la Comisión de Justicia del Congreso una enmienda presentada por el socialdemócrata Javier Moscoso, de Unión de Centro Democrático (UCD), al artículo 82, que regula las causas de separación matrimonial. Aproximadamente una hora después se produciría un hecho que estuvo a punto de provocar «un auténtico escándalo», en palabras del presidente Oscar Alzaga, al desestimarse, únicamente por la abstención del peneuvista Marcos Vizcaya, una enmienda socialista encaminada a eliminar, de una tacada, toda la filosofía del texto aprobado por la ponencia y sustituirla por la introducción en España del divorcio automático por mero acuerdo.

Estos dos empujones progresistas al actual proyecto de ley de divorcio, procedente el Lino del mismo grupo del Gobierno, y el otro del principal grupo de la oposición, convirtieron la sesión de ayer en una de las más tensas y polémicas de las desarrolladas hasta el momento por la Comisión de Justicia del Congreso.El rnencionado artículo 82 establece siete causas para obtener la separación matrimonial, entre ellas, el abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa o vejatoria y «cualquier otra violación grave de los derechos conyugales». El alcoholismo, la toxicomanía, la condena de prisión de más de seis años y cualquier conducta de grave irresponsabilidad para con los hijos completan las causas de separación matrimonial, sobre las que no hay divergencias entre los parlamentarios. Sin embargo, el punto cinco de este artículo, que añade como causa de separación el mutuo acuerdo, fue el primer detonante de la explosiva jornada de ayer. Textualmente dicho punto establece que será motivo de separación «el cese efectivo de la convivencia conyugal durante seis meses, libremente consentido».

Como en el texto de la ponencia no se especifica qué podría entenderse ante un tribunal acerca de la frase «cese libremente consentido», podría dar origen a una investigación por parte del juez sobre los detalles de la quiebra conyugal. Por esta razón, el socialdemócrata Javier Moscoso introdujo una enmienda que añadía a la mencionada redacción otra que, en síntesis, viene a decir que si, durante estos seis meses establecidos por la ley, ninguno de los cónyuges ha presentado demanda de separación o ha denunciado al otro por cualquier conducta irregular, el «cese libremente consentido» se sobreentiende sin necesidad de indagaciones judiciales. Ello facilita en la práctica una notable simplificación en la obtención del divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges.

Tensión en el grupo centrista

Tal fue el enfado de algunos miembros del Grupo Parlamentario Centrista ante la proposición de Moscoso que el presidente, Oscar Alzaga, tuvo que suspender durante unos minutos la sesión para evitar en ese mismo momerito la ruptura sin paliativos de los ucedistas. Alzaga capeó con gran habilidad la situación al sugerir que quienes fueran a votar en conitra de la enmienda de Javier Moscoso se ausentaran de la sala, «que se fueran», en palabras textuales e, Joaquín Satrústegui, «a tomar el café de la abstención». De inmediato, José Antonio Escartín, Vega Escandón, Ruiz Navarro, el ya citado Satrástegui y otros diputados centristas, hasta un total de nueve, abandonaron la sala con evidentes manifestaciones de disgusto. De los miembros de UCD que están llevando la voz cantante en el tema del divorcio sólo quedaron, por tanto, María Dolores Pelayo y Javier Moscoso, ambos pertenecientes a la tendencia socialdemócrata del ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez. Esta enmienda de Moscoso fue aprobada por amplia mayoría.

Escartín explicaría al finalizar los debates de la comisión que él no podía votar a favor de algo que modificaba el texto de la ponencia de una manera tan sustancial, y por este motivo piresentó un voto partícular en contra de la tesis de Moscoso, «hasta que no haya un debate sobre este terna en el grupo parlamentario de UCD» (este grupo cuenta con una amplia mayoría de democristianos).

Para Escartín, la enmienda de su compañero Moscoso significaría nada menos que rebajar de siete a dos años el plazo que debe esperar el cónyuge que ha provocado la ruptura matrimonial para obtener el divorcio, «abusando», dijo, «del silencio del otro cónyuge, que, resignado, no haya acudido ante el juez para darle cuenta de su situación».

Pasada la tormenta, los miembres de UCD regresaron a sus puestos y continuaron los debates. Y así, sin pena ni gloria, se aprobaron los artículos 83, 84 y 85, que regulan la suspensión de la vida en común de los casados, la posible reconciliación y la disolución del matrimonio por fallecimiento o divorcio, respectivamente.

Fue en el artículo 86, cuyo texto enumera las causas y los plazos del divorcio, cuando de nuevo se produjeron los enfrentamientos. El diputado socialista Antonio Sotillo propuso, ante la sorpresa general, la supresión total del artículo -al igual que lo hizo el grupo comunista- y su sustitución por la obtención automática del divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges, sin tener que complicar innecesariamente todo el proceso. En la explicación de su enmienda, el señor Sotillo dijo: «Pero ¿cómo vamos a explicarle a la opinión pública que dos cónyuges están de acuerdo en separarse, van ante el juez, éste se lo admite, esperan un año, piden el divorcio siguiendo estando de acuerdo y el mismo juez se lo deniega? ¿Qué ciudadano de este país», continuó, «va a entender la enorme contradicción que significa poderse separar por simple acuerdo, pero tener que alegar enrevesadas causas a la hora de divorciarse? Lo que ocurre aquí», concluyó el diputado socialista, «es que UCD tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre y por eso se empeña en disfrazar y complicar un divorcio por mutuo acuerdo que antes les ha sido facilitado a los cónyuges por la separación con consenso de ambos».

Esta enmienda socialista variaba de manera sustancial toda la filosofía del proyecto del Gobierno, partidario de una separación consensual, pero absolutamente contrario a admitir que se llame así al divorcio. Sometida la enmienda a votación, Oscar Alzaga contabilizó muy rápidamente quince votos favorables y diecisiete en contra de la citada enmienda. Los socialistas, visiblemente indignados, pidieron una segunda votación, más pausada, porque preveían un pucherazo: dos miembros de UCD estaban ausentes, y tampoco se hallaba en la sala el socialista Enrique Múgica, por lo que tal resultado era matemáticamente imposible. En esos momentos de confusión, Alfonso Guerra intentaba entrar en la sala para sustituir en la votación a su compañero Múgica, pero Alzaga le impidió la entrada: «No puede pasar su señoría porque estamos recontando los votos», atajó. Fila por fila, el nuevo resultado fue de dieciséis votos a favor y otros tantos en contra.

La abstención de Marcos Vizcaya

La abstención del representante del Partido Nacionalista Vasco, Marcos Vizcaya, impidió el triunfo de la filosofía que subyace en todos los textos alternativos de divorcio presentados por la oposición, a excepción, naturalmente, de Coalición Democrática.

Marcos Vizcaya explicaría por la tarde a EL PAÍS los motivos de su decisión: «Me parecía demasiado irresponsable montar un lío de tal envergadura por una cuestión puramente testimonial, ya que en el Pleno del Congreso, donde se hubiera debatido el proyecto modificado por los socialistas, éste hubiera sido derrotado de una manera aplastante». «Lo único que hubiéramos conseguido dándole el triunfo al PSOE», añadió Marcos Vizcaya, «hubiera sido dar al traste con todo lo trabajado en nuestro país en tomo al divorcio y hubiera supuesto también muy posiblemente la devolución del texto al Gobierno y, por tanto, la existencia de divorcio en España casi para el año 2000».