Aprobación de normas para traspaso de competencias a entes preautonómicos

Una inversión de mil millones de pesetas para obras correspondientes a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, así como directrices para la actuación de las inspecciones de servicios de los ministerios, y disposiciones que afectan a los regímenes preautonómicos, constituyen algunas de las decisiones adoptadas ayer por el Consejo de Ministros.Los decretos sobre entes preautonómicos establecen las normas para la elaboración de presupuestos y la disposición y control de sus fondos, así como el régimen de personal de la Administración del Estado adscrito a los entes preautonómicos y el sistema de contratación de personal por los mismos. Igualmente se aprobó un decreto sobre normas de traspaso y anexos de transferencias a los citados entes, de forma que las transferencias se plasmen en la realidad mediante los correspondientes medios materiales, presupuestarios y personales.

Mejoramiento del pueblo de Navarra

También se aprobó el nombramiento de los miembros de la Administración central para la comisión mixta Estado-Diputación Foral de Navarra, que negociará la reintegración y mejoramiento del fuero de Navarra. Dicha representación estará encabezada por el ministro de Administración Terrítorial, Rodolfo Martín Villa.En lo que se refiere a las inspecciones de servicios de los ministerios, el Consejo aprobó directrices que tienden a determinar, entre otras cosas, las causas de paralización de los expedientes en la Administración.

A propuesta del ministro de Hacienda, el Consejo aprobó un decreto legislativo por el que se articulan las bases del procedimiento económico-administrativo. Entre las novedades que cita la referencia del Consejo figuran la separación efectiva de los órganos de gestión tributaria de los de resolución de -reclamaciones; organización, con presidentes y vocales propios, de los tribunales económico-administrativos; atribución a éstos de competencia para conocer de todas las reclamaciones que los contribuyentes deduzcan contra la Administración tributaria; extensión de la competencia de los órganos económico-administrativos al conocimiento de las reclamaciones que se formulen contra los actos de gestión, inspección y recaudación de tributos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas, o de los recargos establecidos por éstas sobre tributos del Estado; posibilidad de reclamación sobre autoliquidaciones practicadas por los contribuyentes; apertura de la vía contencioso -administrativa contra todas las resoluciones de los citados tribunales, y otras.

El Consejo aprobó también un convenio hispano-mexicano de transporte marítimo, que prevé la distribución de la carga en líneas regulares, con una participación igualitaria del tonelaje español y mexicano, así como de conversaciones en materia de turismo. Por otra parte, se aprobó la declaración de conjuntos histórico-artísticos del casco antiguo de Cartagena (Murcia) y Tacoronte (Tenerife).

En el capítulo de nombramientos figura, entre otros, el de Antonio Rosillo como presidente del Consejo Superior de Cámaras de la Propiedad Urbana.