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Tribuna:TRIBUNALES

Recursos naturales y autonomías / y 2

La explotación de los recursos naturales no renovables, al dar lugar a una disminución de las reservas existentes, origina, desde el lado de la oferta, un aumento de precios a lo largo del tiempo. Esta es la base de un proceso automático de conservación de las reservas, que tiene lugar a través de cuatro factores:- Transformación automática de recursos potenciales en nuevas reservas económicas, que de esta forma se incrementan.

- Sustitución por otros materiales alternativos más baratos.

- Reducción de las ventas en el período actual, con el fin de conseguir mayores beneficios en el futuro.

- Investigación, que permite, tanto descubrir nuevos yacimientos como reciclar parte de los recursos agotables.

De esta forma tuvo lugar en el campo de la energía la transición de la madera al carbón y la de éste al petróleo, aunque en nuestros días se haya invertido parcialmente este último proceso. En otro campo podría citarse la sustitución del acero y el cobre por aluminio; la de los metales en general por plásticos, etcétera.

En este sentido, el proceso de sustitución de los hidrocarburos por otros tipos de combustible se encuentra todavía en sus inicios, siendo evidente que, por ejemplo, el crudo de petróleo no está hoy día a punto de acabarse, cuando para adquirir un litro sólo es necesario pagar catorce pesetas, frente a veinte por el agua embotellada.

El precio es, pues, un factor clave que determina la producción y reservas de los recursos no renovables, por lo que los Estados, como responsables de regular su aprovechamiento, deben por ello preocuparse especialmente de que el sistema de precios existente conduzca a su tasa óptima de explotación y a un consumo que permita mantenerlas reservas a un nivel adecuado.

Hallazgos de hidrocarburos en España

En España están empezando a aparecer últimamente un gran número de pequeños descubrimientos de petróleo y gas. Las razones son muy simples: la primera es que la subida de los precios de la OPEP convierte en rentables a campos que hasta ahora no se tomaban en consideración, la segunda y fundamental se deriva del hecho de que los descubrimientos mineros tienen una correlación mucho más elevada con la legislación de cada país que con su geología.

En este sentido, la ley española de 1974 es una de las más generosas del mundo, ya que si en los países árabes o en el mar del Norte, el Estado se queda con más del 85% de la diferencia entre el precio de venta oficial del crudo y el coste de extracción, en España esta cifra es inferior al 45%. En estas circunstancias, las mayores expectativas de beneficio multiplican los sondeos, y de éstos, estadísticamente, se derivan los hallazgos.

Pero, ¿a qué precio se va a vender este petróleo y gas nacional? Como se ha indicado anteriormente, esta es una responsabilidad fundamental de la Administración, ya que de ella depende en gran parte que el ritmo de explotación y consumo sea el más adecuado. Dado el elevado margen existente entre el coste de extracción y el precio de venta de mercado, la Administración puede fijar precios políticos con margen de beneficio. Sin embargo, desde un punto de vista, económico, el precio de la producción nacional debe alinearse estrictamente con el internacional, si no se quiere hacer pagar al conjunto del sistema económico un sobrecoste adicional.

En efecto, Arrow, premio Nobel de Economía, se ha referido en un reciente trabajo, al sobrecoste en que incurre la economía de Estados Unidos por el mantenimiento artificial del precio del petróleo doméstico por debajo del internacional. Dicho sobrecoste se produce a través de un doble efecto. Desde el punto de vista de la demanda, se sobreestimula el consumo, de forma que con cada barril de crudo importado se producen bienes y servicios que le valen menos al consumidor americano que el coste de adquirir dicho crudo, por lo que se produce un despilfarro anual de unos trescientos millones de dólares. Con respecto a la oferta, la regulación del petróleo doméstico desincentiva la producción nacional y favorece las importaciones, de forma que se acaba pagando por éstas un precio superior al necesario para satisfacer la demanda, o que origina una pérdida neta que estima Arrow en ochocientos millones de dólares al año, que se elevan hasta 2.300 si se toma en cuenta el efecto de desincentivación sobre la explotación y desarrollo de la producción nacional.

En España se ha venido fijando el precio del crudo nacional en función del internacional, a un nivel que últimamente se sitúa en un 90% de aquél. En el caso del gas de Andalucía, que es el primero de importancia sobre el que se ha de pronunciar la Administración, parece, por la información aparecida en la Prensa, que se va a aprovechar, sin embargo, la posibilidad de fijar sus precios a niveles inferiores, para resucitar un viejo proyecto de fabricas prerreducidos en la zona, de rentabilidad dudosa, incluso partiendo de un gas público contemplado a un precio del orden del 35-40% más barato que el importado.

De confirmarse estas cifras, dicha actuación marcaría además un peligroso precedente para fijar el nivel de venta a otros posibles grandes consumidores, próximos a éste y a otros campos nacionales. Con elloy dado el volumen limita do de reservas, no se promovería en el abastecimiento nacional una sustitución de petróleo por gas (en el suroeste, el consumo de productos petrolíferos potencialmente sustituibles por gas es tres veces superior a la producción prevista en Huelva), fomentándose en cambio artificialmente un consumo adicional en industrias no competitivas.

Además, este tipo de desarrollo, basado en industrias de gran consumo, favorecería un rápido agotamiento deI yacimiento, en detrimento de la generación siguiente, que no se beneficiaría del posible efecto de arrastre de este recurso sobre otro tipo de industrías, en las que el gas tenga un uso de más calidad y que genere mayor valor añadido. Por el contrario, seguir insistiendo a estas alturas en que en España se instalen industrias de alto consumo energético, como acero común eléctrico, aluminio prerreducido, es no percatarse de la desventajosa posición española en un contexto internacional en el que, en los países en desarrollo con fuentes de energía mucho más barata y sin otra utilización posible, podrá siempre, por ejemplo, producirse un prerreducido con el que será imposible competir al español, que no podrá, en una economía de mercado abierta, ser ya impuesto a sus utilizadores siderúrgico-privados.

Si de verdad se quiere el desarrollo industrial de Andalucía, de lo que debe preocuparse el pueblo andaluz es de que al gas de Cádiz se le saque el máximo beneficio, posible y que pueda venderse, al menos, al mismo nivel que los árabes logran vender el suyo. A cambio de la explotación de ese recurso, es asimismo evidente que la Junta de Andalucía y los órganos locales afectados deberán obtener de la riqueza generada una recaudación justa que les permita contribuir a superar el infraequipamiento actual y promover una industrialización competitiva, que es la única que puede asegurar en el futuro los puestos de trabajo que se creen.

Martín Gallego es economista e ingeniero de Minas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de diciembre de 1980