Los ciegos también piden leyes

Tengo en mi poder un documento titulado «Proyecto de decreto de la estructura y fines de la Organización Nacional de Ciegos Españoles». Es, pues, un borrador de la normativa que sobre los ciegos prometió no hace mucho el ministro de Sanidad y Seguridad Social ante los parlamentarios. Se pretende corregir «la obsolescencia de la normativa básica..." y «el carácter inadecuado ...» de aquel decreto famoso, firmado aun tras las trincheras. Y qué duda cabe que se necesita una regulación coherente, democrática, justa y actual para que los ciegos españoles nos incorporemos de hecho y de derecho al paso del país. Los ciegos pedimos elegir a nuestros dirigentes, influir en la educación que se imparte en nuestros colegios, trabajar como españoles de primera división en aquellos puestos para los que la visión no sea imprescindible. Pero el proyecto que aliara nos ofrecen no va a permitirnos el que veamos cumplidos ninguno de esos deseos. Tan malo es que mi siquiera está bien redactado.Consejo de Protectorado

Hay un asunto en este decreto que habrá que borrar antes de que llegue a la imprenta del BOE, pero antes de tratarlo tengo que referirme brevemente a otros temas graves y urgentes.

Describe el proyecto el Consejo General, el órgano legislativo máximo de la Organización. Está formado por quince miembros, todos elegidos por los afiliados. Sus funciones son: redactar los estatutos de la Organización, definir y aprobar los planes de actuación, aprobar los presupuestos, proponer el nombramiento y cese del delegado general de la Organización... Pero para moderar semejante alarde de libertades se crea el Consejo de Protectorado: así se llama en el proyecto, por más que nos suene a viejos colonialismos

Lo forman las autoridades del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social con el ministro en la presidencia y como vocales figuran el presidente y dos vicepresidentes del Consejo General. Tiene como misiones, entre otras: «a) Aprobar los estatutos de la, Organización y, en general, informar con carácter preceptivo y vinculante los proyectos normativos por los que se debe regir la ONCE. b) Informar con carácter preceptivo y vinculante los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios y la cuenta general de liquidación del ejercicio. e) Acordar el nombramiento y cese del delegado general a propuesta del Consejo General. Es decir, que el Consejo de Protectorado dirá siempre la última palabra en la ONCE con carácter preceptivo y vinculante. ¿Y era esta la democracia que nos tenía preparada la UCD? Pero hay más.

Para estar a tono con los nuevos tiempos, desaparece la figura del «jefe nacional», de viejos y peculiares recuerdos: lo de «lo ha dicho el jefe» y expresiones por el estilo pasan a mejor vida. Nace el «delegado general». Según el proyecto. que estoy manoseando, el delegado general será nombrado por el ministro de Sanidad y Seguridad Social, a propuesta del Consejo General, entre los afiliados que ostenten la condición de «empleado de la organización», con titulación superior y más de tres años de «servicios en puestos relevantes de la misma". Vamos, que cualquier ciego enteradillo del currículo de los que hoy gozan de un «puesto relevante» desde hace tres años como mínimo podría apostar sobre quién será nuestro flamante delegado general. Y uno, que esperaba que esta vez UCD sí propiciaría la «ruptura»... A los ciegos, la «reforma» nos dejará igual que ahora: sometidos con carácter preceptivo y vinculante.

Espíritu de castas

En algo vamos a estar aún peor, sin embargo. Leo en el artículo 4, párrafo 2: «Sin perjuicio de todos los derechos y deberes comunes a todos los afiliados, aquellos que presten servicios permanentes y retribuidos en las dependencias administrativas y centros de la organización tendrán la consideración de personal laboral». Y el párrafo siguiente del mismo artículo completa la ideaza: «El resto de los afiliados podrán participar con carácter fijo o esporádico en la actividad de la organización con las compensaciones económicas o de cualquier otro tipo que estatutariamente se establezcan, y sin que ello suponga relación jurídica alguna distinta de la de afiliado».

Que no se enfaden mis amigos ciegos que tienen el carácter de «personal laboral», pero ese articulo viene a institucionalizar el viejo espíritu de castas que ha creado la ONCE con el reparto arbitrario de becas universitarias y la necesidad de «colocar» a muchos más ciegos con titulación superior de los que en realidad se necesitarían para regir los distintos departamentos. Que no se me enfaden mis amigos de casta superior porque yo, que también tengo mi titulito universitario como muchos de ellos, no presto «servicios permanentes y retribuidos» y no tengo «la consideración de personal laboral». Pero sí que deberían tenerla los vendedores del cupón, y es irónico que yo diga esto, cuanto tantas veces he dicho y escrito que lo de los iguales debe desaparecer de la actividad de los ciegos que sirvan para cualquier otra cosa.

Iguales derechos

Los vendedores del cupón son, hoy por hoy, el único colectivo de afiliados que financian la ONCE. Tomando la triple división tradicional del trabajo, ellos serían el sector primario, y los otros, el «personal laboral», sería el sector servicios. ¿Aceptarían los mineros, por ejemplo, un estado que no fuera de «personal laboral» frente a las mecanógrafas, las telefonistas, los cajeros y demás compañeros que trabajan fuera del pozo? No se trata, por supuesto, de que ningún empleado de la ONCE disfrute de la condición laboral, sino de todo lo contrario: los vendedores del cupón merecen los mismos derechos que los demás trabajadores de la ONCE. ¿Cómo ha podido usted cometer tal olvido, señor ministro?

Lo que sucede es que tanto la ONCE como el vendedor del cupón son muy peculiares. La organización, aparte el hecho de que está regida por los de la casta del título, la oposición ganada y el rango social que ello supone de puertas para adentro, tiene que temer que un gran número de los ciegos que trabajan para ella la presionen para que un día los haga participar a todos de la Seguridad Social, por ejemplo. Ahora, la Caja de Previsión de la ONCE se sostiene a base de contratos con entidades y médicos privados. Supongo que han pensado que es mejor, desde este punto de vista, otorgarle el carácter de «personal laboral» a un grupo que en ningún caso debe llegar al millar que hacerlo también con los 9.000 o 10.000 vendedores ciegos. En cuanto a éstos, un buen amigo me dice que les pasa lo que a los trabajadores alemanes, poco luchadores porque ganan mucho: mi amigo lleva menos de un año vendiendo y podría salir por las 50.000 mensuales. He ahí los motivos probables del atropello al vendedor del cupón. Usted decide, señor ministro.